Tegucigalpa – Al país no le conviene quitarle los dientes a la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes Ilícitos porque ha ayudado a reducir en un 50 por ciento la tasa de homicidios y ha salvado unas 30 mil vidas, según el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
– Congreso Nacional no pidió opinión a la Corte para aprobar las reformas; en eso se basa parte del veto presidencial, aseguró el funcionario.
De acuerdo a explicado por el ministro Díaz, lo anterior es parte de los argumentos esgrimidos por el presidente Juan Orlando Hernández para haber vetado el decreto de reformas a la referida normativa aprobada por el Congreso Nacional.
Dijo que las estadísticas muestran cómo este instrumento ha servido para desarticular la parte económica financiera que sustenta a las organizaciones del crimen organizado transnacional y en eso el país ha sido muy eficiente.
Por otro lado -sostuvo- se muestran las estadísticas del impacto positivo de estas normativas que con otras, como la Ley Contra el Lavado de Activos, han ayudado al Estado de Honduras a combatir ese flagelo internacional y que “nos ha dejado tanto dolor y muerte”.
Luego hizo una reflexión sobre el efecto que tendría en una calificación que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es un grupo de países comprometidos contra la lucha del crimen organizado internacional, el lavado de activos y el terrorismo.
Ahí Honduras tenía calificaciones negativas; estaba en la lista gris para el 2009, por ejemplo, y eso implicaba que Honduras no era elegible para inversiones, no era confiable y era un país con problemas de lavado de activos, expresó.
Lista gris
De tal manera -añadió Díaz- que al implementar la referida ley Honduras sale de la lista gris y se ubica como un país que combate el crimen organizado transnacional, la corrupción y el lavado de activos.
Según Díaz, esta es una decisión de Estado, por lo que no le conviene al país ni debilitar ni quitarle los dientes a la Ley de Privación de Dominio; ya no es un tema doméstico, nada más o de afectación a una u otra persona.
Otro argumento que el presidente Hernández expone en el veto -reveló el funcionario- tiene que ver con que, cuando se aprobó esta ley contra el Lavado de Activos y esta normativa de privación de dominio, el Congreso Nacional pidió opinión a la Corte Suprema de Justicia, porque tocaban artículos de la Constitución de la República.
Las normativas reformaban artículos del Código Procesal Penal, Código Civil y Código Penal, entre otros, y eso obliga a la Cámara a pedir opinión al Poder Judicial, porque la Constitución lo manda, sostuvo.
A pesar que la opinión de la Corte no es vinculante, pero si el Legislativo no pide su opinión, la ley sale viciada, por no haber cumplido ese requisito; así lo dicta la Carta Magna, aclaró Díaz.
Entonces, las reformas planteadas a la Ley de Privación y a la Ley contra e l Lavado de Activos incluyen a todos esos códigos, y a pesar de ello el Congreso Nacional en esta ocasión no pidió opinión a la Corte; “por lo tanto encontramos que hubo un vicio de inconstitucionalidad, por la forma”, enfatizó.
En ese sentido, insistió en que el Congreso Nacional no siguió el camino que la misma Constitución dice para aprobar este decreto, que no es ley; eso hay que aclararlo.
“Solo es ley, un decreto una vez aprobado por el Congreso, cuando es sancionado por el presidente de la República y es publicado en el Diario Oficial La Gaceta”, sentenció.
Por lo tanto, lo que se vetó fue un decreto del Legislativo que propone reformas a la Ley de Privación de Dominio y la Ley Especial contra el Lavado de Activos, enfatizó el ministro de la Presidencia.
Algunos expertos le dijeron al mandatario que el problema no está en la ley, sino en su aplicación. Esta normativa no es retroactiva y no ataca el derecho de propiedad, comentó.
