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Al menos 36 extorsionadores enfrentan las recién aprobadas reformas penales

Tegucigalpa – Con todo el peso de la ley serán procesados al menos 36 personas que han sido detenidas desde la entrada en vigencia de las reformas penales impulsadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso Nacional hace unas semanas.

– En caso del asesinato de una víctima, el extorsionador estará preso el resto de su vida, de acuerdo a la normativa.

Estos sujetos aterrorizaban a sus víctimas por medio de llamadas y notas extorsivas, lo cual, con la reforma penal, es suficiente para que se expongan a condenas que pueden oscilar entre los 15 a 20 años de prisión.

Y es que, desde el 27 de febrero, al ser publicadas las reformas penales en La Gaceta, el delito de extorsión se consuma desde que el extorsionador entrega una nota extorsiva, envía un mensaje a su víctima o usa cualquier otro medio.

Las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión lograron probar la participación de estos integrantes de maras, pandillas y organizaciones criminales independientes en amenazas e intimidación a vecinos de zonas residenciales, pulperías y comercios.

También han llevado teléfonos celulares a los miembros de puntos de taxis y buses rapiditos en donde les indican que deben esperar la llamada para informarles cómo se hará la entrega del producto de la extorsión.

Informes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), indican que de los detenidos 13 son integrantes de la pandilla 18 e igual cantidad son miembros de la mara MS-13.

Tres son miembros de la banda de Antrax que fueron detenidos hoy y la cual opera en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, cometiendo extorsiones, sicariato, entre otros delitos. Mientras que siete son extorsionadores de bandas independientes.

En aplicación a las reformas penales se garantiza la judicialización y condena para los implicados en el delito.

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Debido a las fortalezas que aportan las reformas, todos los casos ya fueron judicializados y los capturados guardan prisión en las diferentes cárceles del país.

En las pruebas aportadas por los cuerpos de seguridad, los detenidos fueron acusados por el delito de extorsión, el cual según el artículo 222 del Código Penal establece una pena de 15 a 20 años de prisión más una multa de 50 salarios mínimos.

Con las reformas, las autoridades que combaten el delito de la extorsión no deben esperar a que la entrega del dinero se realice ya que se considera consumada desde el momento en que existe la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

Esta disposición abarca a las personas que participen en la recolección de dinero en forma personal, transferencias electrónicas, cuentas en instituciones financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito.

Si los detenidos actuaron en asociación de dos o más personas también pueden ser acusados por el delito de asociación ilícita que conlleva una condena de 20 a 30 años de prisión.

Mientras que si a estos se les acreditara la quema de unidades del transporte o de vehículos repartidores se les suma el delito de terrorismo el cual, según las reformas penales, establece una condena de 30 a 40 años de cárcel.

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