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Agentes del Estado practican ejecuciones extrajudiciales en Honduras: CONADEH

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, aseguró que en Honduras hay ejecuciones extrajudiciales que son cometidas por agentes del Estado investidos de autoridad.
 

“En Honduras hay ejecuciones extrajudiciales, quizás no como una política del Estado pero si como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad”, establece Custodio en un informe sobre la situación de los derechos humanos remitido al Congreso Nacional.

En el documento, el ombudsman hondureño insiste, ante los diputados de ese poder del Estado, para que legislen en contra de la ejecución extrajudicial creando la figura penal pertinente.

A mediados de noviembre del 2011, Custodio solicitó a los representantes del Poder Legislativo la aprobación inmediata de la figura penal de ejecución extrajudicial y que la misma fuera sancionada con la pena de prisión de por vida.

Custodio explicó que tal petición la hizo porque hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas.

El titular del organismo humanitario no descarta que las autoridades policiales estuvieran gozando de hecho de la impunidad por un sospechoso desempeño de sus superiores y de operadores de los otros componentes del sistema.

En Honduras, dijo el defensor de los derechos humanos, la inviolabilidad del derecho a la vida ha dejado de ser el mayor bien jurídico, para convertirse en el bien de la persona humana en mayor riesgo.

Añade que de acuerdo a los hechos registrados en el país, la seguridad, integridad y dignidad de la persona humana ha dejado de ser el fin supremo del Estado como proclama la Constitución de la República.

Registros del CONADEH indican que entre el año 2000 y el 2011 perdieron la vida en forma violenta 46,450 personas, víctimas de las armas de fuego, armas blancas y otras armas contundentes.

Establece que en 23 meses de gestión del gobierno que preside Porfirio Lobo (26 enero 2010/ 2011) se registró la muerte violenta de 12,838 personas, es decir, un promedio de 19 víctimas diarias.

Según el organismo estatal de derechos humanos sólo en el 2011, el número de muertes violentas ascendió a 7,104, es decir una víctima cada 74 minutos.

En su análisis, Custodio señala que la muerte violenta de personas ha sido una cotidianidad, sin que las instituciones obligadas a investigar y determinar su autoría intelectual y material, hayan cumplido su papel, pues la mayor parte de esas muertes pudieron evitarse y han caído en una total impunidad.

Hoy, a diferencia de otros años, podemos y debemos hablar de la ejecución extrajudicial de personas, por la innegable participación de autoridades en su autoría, lo cual quiere decir que hemos pasado del sub-registro por falta de pruebas al hecho probado”, indicó.

Mencionó para el caso, el hecho ocurrido el 22 de octubre del 2011, en el que los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, fueron ejecutados por policías en servicio activo durante un operativo policial.

Recordó que se tiene confirmada la participación en su muerte del Subinspector de policía Carlos Geovany Galeas Cruz y de los policías Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, José Rubén Pozo López y Wilfredo Figueroa Velásquez, quienes a pesar de las circunstancias agravantes salieron de franco ese fin de semana y no volvieron al servicio.

Subrayó que hasta la fecha, el único policía que se presentó voluntariamente ante el tribunal fue José Rubén Pozo López, a quien se le sigue el proceso correspondiente bajo un régimen de protección especial, los demás aún se encuentran prófugos.

Otro hecho violentó registrado por el Comisionado de los Derechos Humanos, en su informe anual, fue el ocurrido el 7 de diciembre de 2011 a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, con el acribillamiento del Alfredo Landaverde, a manos de sicarios que se conducían en una motocicleta.

En el documento se señala, que días previos a su muerte, Landaverde hizo fuertes declaraciones públicas reclamando por la impunidad de los asesinos del general Julián Arístides González, por lo cual se insiste en la posible responsabilidad de autoridades en la autoría intelectual, sin que las mismas demuestren lo contrario.

Estos casos, según el defensor de los derechos humanos son paradigmáticos en cuanto a que en Honduras hay ejecuciones extrajudiciales,“quizás no como una política del Estado pero si como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad”.
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