Tegucigalpa.- La agenda anticorrupción comienza su parteaguas en la historia de Honduras, un país que a partir de este mes de abril estará bajo la lupa internacional permanente con la presencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la visita de delegaciones internacionales que tomarán el pulso al tema anticorrupción, la lucha por romper los candados de la impunidad en crímenes emblemáticos y los esfuerzos en paralelo por acelerar una depuración policial que hasta ahora ha sido fallida por sus nexos corruptos y de impunidad.
De esta forma, la agenda por la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha por la impunidad se instala en este país como un eje trasversal que dejará a un lado los discursos para comenzar a dar resultados en los esfuerzos por rescatar la nación de un sistema de cooptación a nivel de corrupción que por décadas ha condenado a este país a ser considerado entre los más corruptos del mundo, seguido de sus niveles de inseguridad y violencia.
Las primeras acciones de esta vigilancia inician con la llegada al país este lunes de una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) del llamado Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) que llega al país a tomar el pulso de los avances o retrocesos en materia de cumplimiento de recomendaciones a favor de la transparencia y la lucha anticorrupción.
El MESICIC es una especie de guía que emana de la Convención Interamericana contra la Corrupción que permite medir si los países de la región tienen avances en prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ámbito público. Es una especie de instrumento “intergubernamental” en donde los Estados se analizan recíprocamente y conocen así sus fortalezas y debilidades.
En el caso de la MACCIH, el gobierno de Honduras decidió habilitar dicho mecanismo a mediados de 2015, tras consensuar con diferentes sectores de la sociedad civil hasta concluir con la firmadel acuerdo en Washington en enero pasado entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario generala de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El convenio fue aprobado por el Congreso Nacional en marzo pasado, con lo cual tiene vigencia el mismo por los cuatro años en que se suscribió dicho instrumento.
Diez recomendaciones
En el caso de Honduras, el MESICIC ha otorgado al menos 10 recomendaciones y han sido analizadas las funciones del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Entre las recomendaciones hechas al Estado destacan la creación de tribunales especializados en casos de corrupción y capacitar a los jueces y operadores judiciales en la valoración de la prueba en los casos de corrupción.
A su llegada al país, esta recomendación habrá sido cumplida por Honduras que ya creó no solo estos tribunales especializados en materia anticorrupción, sino que también otros en tema antiextorsión. Con ello el país busca dar mayor fuerza a estos casos mediante la capacitación de jueces en el manejo de estos temas.
La MESICIC también ha recomendado fortalecer el IAIP como órgano garante de este derecho y de los sistemas de quejas y denuncias en casos de corrupción, pero aquí se topará con la Ley de Secretos que limita muchas funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Otras recomendaciones están relacionadas con las compras y adquisiciones en el Estado, la importancia de una ley de servicio civil, identificar medidas de protección de custodia de expedientes judiciales, creación de auditores forenses especializados para el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras que buscan fortalecer las instancias de control del país y su institucionalidad.
La llegada de la misión del MESICIC se produce justo cuando inicia sus operaciones formales en el país la MACCIH, cuyo portavoz, Juan Jiménez Mayor, anunció que en el mes de septiembre de este año darán su primer informe acerca de la situación de la corrupción en el país a nivel institucional.
Los ejes de la MACCIH
La MACCIH que entre sus líneas de acción destacan la prevención y el combate a la corrupción con un fuerte componente de trabajo en el área fiscal, judicial y de certificación, también abordará aspectos relacionados con la reforma de la justicia penal, la reforma político electoral y la seguridad pública.
Cada uno de estos ejes tiene varios subcomponentes que definen su radio de acción y de entrada ya le esperan al menos dos casos puntuales: uno pedido públicamente por el Estado, y el otro, como parte de sus funciones específicas en el convenio.
El primero se relaciona con el crimen de la líder ecologista e indigenista Berta Cáceres, asesinada hace más de un mes, sin que aún trasciendan sus causas. La Fiscalía hondureña ha solicitado por medio de la Cancillería el apoyo de la MACCIH y de la ONU para acompañarles en la investigación y tratar de blindar su trabajo en las pesquisas hasta ahora realizadas.
El secretario general de la OEA, Luís Almagro—único al cual responde la MACCIH—ha indicado que están anuentes a colaborar y se atrevió a dibujar dos líneas en la investigación: económica-política. El portavoz de la MACCIH, a su arribo al país, Jiménez Mayor, dijo que ese es un punto a analizar a petición de Almagro.
El otro punto es el de la seguridad pública y con ello la depuración policial. La MACCIH llega justo cuando se ha instalado un acelerado proceso de depuración policial, ante las filtraciones periodísticas que indican la supuesta participación policial en crímenes de alto perfil.
Agenda para cuatro años
Una comisión especial fue nombrada por el presidente Juan Orlando Hernández para entrar de lleno a una depuración masiva de más de mil 500 efectivos que espera ser concluida en un año. De entrada, sus integrantes han pedido los primeros nueve expedientes de la actual cúpula policial y otros altos rangos que se encuentran en disponibilidad para analizar los casos y determinar si procede o no su salida de la policía nacional.
La MACCIH que contempla un apoyo al proceso de reforma de la Policía Nacional, a la luz de los hechos, tendrá que ver cómo diseña el mecanismo de fortalecimiento a estos procesos, en medio de un clamor casi público que quiere endosarle también la investigación de al menos tres crímenes de alto impacto: el asesinato del zar antidroga Arístides González (2009), el del analista y experto antidroga, Alfredo Landaverde (2011) y el del fiscal de oro, Orlan Chávez (2013).
Le aguarda en materia de lucha contra la corrupción, el caso del seguro social que dio pie a su llegada al país ante la indignación colectiva y la solicitud del gobierno en búsqueda de un respaldo para empezar a dar de frente una batalla contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
El último informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, señala no solo los abusos en que ha caído la policía en crímenes y otros delitos de delincuencia organizada, sino que también el problema de la corrupción y la impunidad en el país, pese a reconocer los esfuerzos del actual gobierno por llevar ante los tribunales a las personas implicadas en ilícitos, incluidos funcionarios y alcaldes, últimos como una novedad que preocupa en el país.
La agenda contra la corrupción y la impunidad comienza así a colocarse con más fuerza en Honduras por los próximos cuatro años. La MACCIH ya no tiene tiempo para dilaciones puesto que la vigilancia internacional se ha instalado ya en este país centroamericano.
