Tegucigalpa – Mientras continúan destapándose más escándalos en el gobierno hondureño, más allá de la denuncia y la indignación popular, ninguno de ellos tiene nombre y mucho menos apellido. Hasta hoy todos permanecen en la impunidad.
Muy frescos en la memoria de los hondureños están los “arrozazos” en sus tres versiones. Hasta el momento no se conocen responsables de las masivas e irregulares importaciones del grano.
Este martes, en consejo de ministros, el presidente Porfirio Lobo volvió a pedir nombres de los culpables, pero no recibió respuestas por parte de sus principales colaboradores que parecen desoír o tener una selecta forma de recibir instrucciones.
El encargado de desentrañar los “arrozazos”, el designado Samuel Reyes, no dio respuestas concretas y se limitó a valerse de los técnicos planteando mecanismos para evitar que acciones similares continúen ocurriendo.
Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, no proporcionó los nombres, pero aseveró que tanto las asociaciones de productores como la Asociación de Molineros de Honduras, suscribieron la autorización para hacer la importación de arroz y para declarar el desabasto. En el trámite, según ha dicho el propio presidente, hay mucha tela que cortar en torno a las acciones en la Empresa Nacional Portuaria, Aduanas y los ministerios de Industria y Ganadería.
Desde el Ejecutivo hasta el Congreso
En la vorágine de los escálalos, el Congreso Nacional también tiene su cuota de participación. Tal es el caso de la modificación y aprobación de algunas leyes nocivas para los hondureños.
En los denominados “tasones” de seguridad aeroportuaria e impuesto migratorio, por ejemplo, ellos lo aprobaron y aunque alegan que les llegó tal cual del Ejecutivo, lo cierto es que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Hasta hoy sería, en el planeta, el único parlamento en aprobar leyes sin estudiarlas y mucho menos leerlas.
Los “tasones” desataron el repudio general de la población lo que provocó el “reculón” que llevó al veto presidencial. Pero en ninguno de los dos casos hay responsables penalizados, ni mucho menos denunciados antes las instancias correspondientes.
El “tason” migratorio incrementaba el cobro de 30 a 60 dólares para los hondureños por concepto de impuestos migratorios, mientras la tasa aeroportuaria pretendía cobrar 34 dólares por entrar y salir del país por la vía aérea.
Ante el rechazo de la población y el escándalo mediático, uno de los actores principales en la redacción de ambos decretos, el ministro del Interior, Áfrico Madrid, pidió disculpas públicas en pleno Consejo de Ministros. El tema quedó allí.
También la Cámara Legislativa ha sido protagonista con la aprobación del contrato de 100 megavatios de energía sucia con la empresa Wesport Finance. Aunque el mencionado contrato se aprobó por “emergencia”, para suplir de energía a varias regiones de Honduras, hasta el momento no se ha generado ni un solo megavatio, pues la empresa contratada no ha empezado operaciones porque no tiene garantía bancaria en el país.
Mediante la lectura de una carta enviada por Wesport, el ministro de la estatal eléctrica, Roberto Martínez Lozano, indicó que la ansiada generación de energía comenzará a dar sus frutos a partir del próximo 30 de abril, tres meses después de lo establecido en el contrato. |
Las cámaras visibles con cifras ocultas
Otro tema que ha quedado sin respuesta alguna y más bien cubierto por un prologando silencio es el de la instalación de un sistema de video con cámaras de seguridad en sectores de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Hasta hoy y pese a los cuestionamientos públicos, no se sabe quien realizó el contrato y cuanto se paga por el servicio. Tampoco se conoce si hubo licitación y de donde salen los fondos.
El diputado Germán Leitzelar se refirió a las mismas indicando que se les estiman valores tan desproporcionados que con lo que cuestan se podrían instalar hasta en la selvática región de La Mosquitia hondureña. |
El más reciente capítulo: contrabando en gasolina
Como último episodio, el propio gobierno de Honduras a través del viceministro de Industria y Comercio (SIC), Juan José Cruz, confirmó la defraudación por contrabando de combustible de unos 78 millones de lempiras semanales.
La misma denuncia había sido revelada por el ex titular de Industria y Comercio (SIC), Francisco Zelaya, quién agregó que la directora de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), Norma Rauda, tiene conocimiento de esta defraudación.
Se ha señalado que el ingreso ilegal de combustibles llega a Honduras desde las Islas de la Bahía , luego es trasladado al atlántico Puerto de La Ceiba de donde se distribuye a las ventas de combustible, especialmente en la región caribeña y norte de Honduras.
Por su parte, el empresario del rubro de los combustibles, Harry Panting, aseguró la existencia del contrabando de combustibles tal y como lo denunció el ex ministro de la SIC , Francisco Zelaya. |
Defraudación y evasión fiscal son graves para calificarlas como goles: Custodio El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, señaló en las últimas horas que los problemas de introducir cargamentos de arroz, de azúcar o de gasolina sin pagar impuestos son una defraudación y evasión fiscal y esto es grave, por lo que no se debe de tomar a broma y estar hablando de goles.
Agregó que el presidente Porfirio Lobo Sosa debe de aplicar la justicia a los responsables y no convertir el asunto en una broma al estar hablando de goles.
En ese lenguaje futbolero del presidente Lobo se diluyen los escándalos de algunos de sus ministros, dijo.
Para este miércoles se prevén cambios en el gabinete del actual gobierno, según lo anunció el presidente Lobo, pero en medio de los escándalos que vienen uno tras otro, sin dejar respiro para asimilar cada uno de los mismos, la pregunta obligada es ¿quién pagará por los platos rotos? |