Tegucigalpa – Tras el ingreso al país del nuevo vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimarães Marrey, y la reelección del fiscal general Oscar Chinchilla, la incertidumbre sobre la lucha contra la corrupción fue despejada y se prevé que la misma continúe en los próximos años con la misma o más firmeza de la que se ha venido mostrando.
Antes de la reelección de Chinchilla y el anunciado nombramiento del brasileño Guimarães Marrey, en sustitución del renunciado Juan Jiménez Mayor, había temor en los sectores de la sociedad civil, organismos empresariales y gremios sindicales y campesinos de que la lucha contra la corrupción amainara.
Y es que la interinidad en la conducción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), desde febrero, tras la partida de Jiménez Mayor, elevaba la preocupación en los gremios y organizaciones de la sociedad civil, así como en la comunidad internacional donante.
Pero la designación de Guimarães Marrey despejó todas las dudas, así como la reelección de Chinchilla al frente de la Fiscalía General y con ello el control de la importante Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que tiene a su cargo los casos emblemáticos de corrupción.
Vocero de Maccih Marrey Guimaraes dice continuará apoyando a Honduras en combate a corrupción.
Lucha a la carta
Pero ahora la MACCIH y la Fiscalía General deben enfrentar la presión de los grupos sociales que claman porque se profundice la lucha contra la corrupción y también de los políticos de los grupos tradicionales que se quejan de que hay una lucha a la carta, que solo apunta a nacionalistas y liberales.
Durante la votación para reelegir al fiscal general Chinchilla y su Adjunto, Daniel Sibrian Bueso, varios diputados nacionalistas, liberales y de la Alianza Patriotica expresaron abiertamente que también se deben incluir a elementos de Libre en la lucha contra la corrupción.
También fueron desplegadas pancartas donde se quejabande que los casos de la MACCIH y la UFECIC se dirigían a militantes de los partidos Liberal y Nacional y que se dejaban por fuera a los exfuncionarios que sirvieron en el mandato de Manuel Zelaya (2006-2009).
De manera que tanto la MACCIH y la UFECIC deberán hacer frente a la exigencia en cuanto a que la lucha contra la corrupción sea contra todo el arco político y no selectiva.
En la imagen, (de izq. a der) la canciller de Colombia María Ángela Holguín, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya y el entoces canciller de Venezuela Nicolás Maduro, en la Casa de Huéspedes Ilustres. Foto: El Universal.
Acuerdo de Cartagena
Pero desde el partido Libre se señala que los cargos contra sus miembros fueron parte de una persecución política derivada de la salida del poder de Zelaya y que los mismos fueron anulados por el llamado Acuerdo de Cartagena, suscrito por el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, el mismo Zelaya, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, su canciller María Angela Holguín y el entonces canciller y ahora mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Dicho acuerdo, suscrito el 22 de mayo del 2011 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, establece en su artículo 4 “Saludar la decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la Republica y de la Procuraduría General de la Republica ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc, según los cuales ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva”.
Exmagistrada del TSC Daysi de AnchectaRecientemente la extitular del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi de Anchecta, pidió la eliminación del Acuerdo de Cartagena, ya que el mismo impide que muchos exfuncionarios de Zelaya puedan ser procesados por potentes casos de corrupción que no tienen legítimamente vinculación con los acontecimientos que detonaron la crisis política de 2009.
Indicó que una gran cantidad de exfuncionarios de Zelaya tienen pliegos de responsabilidad por su accionar gubernamental, los cuales se encuentran en manos de la Fiscalía General.
Los expedientes del círculo del Poder Ciudadano son variados y amplios en cuanto a la cobertura de los funcionarios involucrados. Uno de los más emblemáticos es el llamado “Carretillazo”, que permitió la salida de por lo menos 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) y por el cual se señalan a por lo menos dos exministros de Zelaya.
El 28 de marzo de 2017, el entonces vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, informó que ese organismo estaba investigando casos de impacto que no han prescrito desde la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009).
La MACCIH está investigando cualquier delito de impacto que no haya prescrito, se está haciendo un análisis en relación con todos los casos de corrupción desde el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, indicó.
Los 40 millones fue la “punta del iceberg” de escandalosa operación de retiro en efectivo.
“El caso del señor (Enrique) Flores Lanza que se encuentra prófugo de la justicia, el tema del carretillazo, hay otros casos de enriquecimiento ilícito, temas de policías corruptos que se encuentran en el Tribunal Superior de Cuentas, las mismas auditorías del TSC que demoran hasta 10 años en ese ente auditor que es importante para el país y no debe de suceder, esperamos que con estos nuevos magistrados se pueda mejorar en ese proceso auditor”, manifestó Jiménez Mayor en declaraciones televisivas, en ese momento.
Otros casos ligados a uso inadecuado de millonarias donaciones de gobiernos amigos también involucran a personajes del primer círculo de poder del gobierno del Poder Ciudadano.
Los malos manejos de los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) también estuvieron a la orden del día en la administración Zelaya.
También el llamado “Cubanazo” que involucró entre 2006 al 2008, a funcionarios en el tráfico ilegal de ciudadanos cubanos por tierras hondureñas,
El aparato Grumman fue abandonado por dos pilotos mexicanos en febrero del año 2006.
Igualmente, actos como la llegada de un misterioso avión Grumman que permaneció por un largo periodo en el aeropuerto de Tegucigalpa sin que se supiera su destinatario final y lo que en él venía, es otro de los casos que ocurrió durante el gobierno de Manuel Zelaya y que presumiblemente involucra a exfuncionarios.
El pago de coimas a funcionarios hondureños por parte de la empresa Latinode, los contratos a empresas de maletín para realizar obras de infraestructura que no se realizaban o tenían una mínima vida útil, son parte del catálogo de casos ocurridos entonces.
Otros casos relacionados a despilfarros, lujos, sobrevaloraciones son parte de los entretelones que permanecen en la opacidad y el olvido, mientras sectores políticos señalan que, si bien el acuerdo de Cartagena debe servir para blindar a los actores del momento en delitos políticos, no debe extenderse a temas de corrupción y mucho menos a acciones acontecidas antes del histórico 28 de junio de 2009.
La entonces canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo en junio del 2011, que el referido Acuerdo de Cartagena no incluye casos de corrupción para proteger a los exfuncionarios del exmandatario Zelaya que se encontraran en los tribunales hondureños.
«El acuerdo es muy claro y dice que se respetarán todos los derechos de los ex funcionarios del ex presidente Zelaya dentro del marco de la Constitución y la ley…” dijo Holguín
Agregó que “es clarísimo (el Acuerdo de Cartagena) en el sentido de que sí hay un juicio por algo que no es político, como en este caso, un tema de corrupción, pues es bien difícil que se interprete que el acuerdo los cubre», sostuvo la canciller colombiana a los medios de su país hace siete años.
