São Paulo – La ratificación del acuerdo de Escazú es urgente y fundamental no solo para avanzar en la protección de los defensores territoriales en América Latina y el Caribe, sino también para fomentar la participación de los jóvenes en causas ambientales, afirmó un grupo de activistas.
El Acuerdo de Escazú, consensuado en 2018 por 24 países, es el único tratado ambiental de América Latina, pionero en el mundo en la protección de los ecologistas, y sigue pendiente de ratificación en ocho países, entre ellos Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela, lo que compromete su fortalecimiento e implementación.
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“Escazú es referencia en la protección de defensores, pero también tiene entre sus directrices la participación social en los espacios de toma de decisión. Por eso, las juventudes están movilizadas para avanzar en su ratificación”, destacó en una entrevista con EFE el líder indígena Jarê Aikyry, director ejecutivo de la mayor red de jóvenes activistas de Brasil, Engaja Mundo.
Aikyry señaló que con la ratificación, los países se verán obligados a ofrecer herramientas y mecanismos que posibiliten una mayor participación de las juventudes movilizadas en los procesos de construcción de políticas públicas y socioambientales que impactarán su futuro.
El director de Engaja Mundo resaltó que Escazú ha acortado distancias en la región y se ha convertido en un instrumento de unión, intercambio de experiencias y lucha colectiva por derechos.
“Son territorios que tienen una similitud histórica, territorial y socioeconómica gigantesca (…) Muchos también tienen dificultades con la transparencia, además de índices muy altos de asesinatos de defensores. Entonces, Escazú permite que nos identifiquemos como Latinoamérica”, añadió.
Violencias y protección para los defensores
Aikyry, un joven trans de 25 años, originario de la comunidad de Kuanã, ubicada en el estado de Amazonas, también espera que la ratificación del acuerdo traiga más integración y seguridad para todos los defensores de la región, sobre todo en la Amazonía.
De acuerdo con el último reporte de la ONG Global Witness, el 85 % de los 196 asesinatos de defensores de la tierra y del medioambiente registrados en 2023 ocurrieron en América Latina.
Brasil apareció en la segunda posición en la clasificación global, con 25 asesinatos.
“Cuando nos vemos en este lugar del socioambientalismo, tenemos mucho miedo. Nuestros territorios terminan siendo más peligrosos para nosotros porque es donde luchamos directamente», detalló.
Pese al peligro, Aikyry, que recibió su primera amenaza de muerte en la adolescencia, considera que la lucha va más allá de su individualidad.
«Las ganas de defender el territorio, y esta actuación vienen antes de que nombremos qué es eso. Pero la nominación es dónde nos encontramos con los demás defensores y entendemos la colectividad», contó.
Además de las amenazas y asesinatos, los defensores también se enfrentan a desapariciones o al aislamiento y “muerte política” por difamación y criminalización a través de la diseminación de informaciones o noticias falsas y a la impunidad de los perpetradores de estos ataques.
En ese sentido, una de los seis representantes del público en el Acuerdo de Escazú, la brasileña Joara Marchezini explicó que “gran parte del desafío está dentro del plan de acción que fue aprobado dentro del tratado y pasa por el reconocimiento del papel de los defensores como actores fundamentales para la continuidad del planeta».
La COP30 como ventana de oportunidad
En este contexto, Marchezini ve a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, en la Amazonía brasileña, como una ventana de oportunidad para acelerar el proceso de ratificación del acuerdo en su país, al ejemplo de Colombia, que lo ratificó en 2024 coincidiendo con la COP16 de la biodiversidad en Cali.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió el acuerdo de Escazú al Congreso Nacional en 2023, pero el legislativo, dominado por fuerzas conservadoras, no ha avanzado en el trámite.
“Si Brasil quiere realmente ser un líder en América Latina y el Caribe, no puede permanecer fuera del primer acuerdo ambiental regional que tenemos», insistió Marchezini, experta en acceso a la información y transparencia del Instituto Nupef. EFE
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