– Las extradiciones pendientes han sido solicitadas por México y Estados Unidos.
– Este martes, el Poder Judicial recibió 99 vehículos adquiridos con fondos de la Tasa de Seguridad.
El titular de la Corte Suprema reveló que tienen cerca de una decena de solicitudes pendientes de extradición de ciudadanos hondureños y extranjeros, todas ellas han sido solicitadas por los gobiernos de México y Estados Unidos.
Manifestó que “en el momento que estén los carros blindados, en ese momento se hace la primera sesión para nombrar los jueces naturales que conocerán cada una de las extradiciones solicitadas”.
“Los carros blindados están en proceso de blindaje, creemos que en el transcurso de este mes ya estarán listos”, dijo al tiempo de agregar que se trata de 24 automotores de este tipo.
Remarcó que los vehículos blindados serán asignados especialmente a jueces y magistrados con jurisdicción nacional y funcionarios de Cortes de Apelaciones.
Sin embargo, reconoció que los funcionarios de la CSJ están próximos a tomar vacaciones, por lo que las extradiciones deberán esperar un tiempo más. “Ya casi es imposible que se lleven a cabo este año, pero esperamos contar con los vehículos para poder nombrar los jueces nacionales en los primeros días del próximo año”, señaló.
Enfatizó que “la aplicación de la justicia por parte de los hombres es un verdadero apostolado y si estamos dispuestos a seguir esta responsabilidad, tenemos que tener la responsabilidad y la conciencia de asumir estos riesgos”.
Rivera Avilés resaltó el trabajo en los últimos días del Consejo de la Judicatura en torno a la investigación en el desempeño profesional de jueces y empleados del Poder Judicial y que ha terminado con la suspensión de algunos de ellos.
Puntualizó que “la mora judicial con excepción de algunos juzgados “es casi inexistente. Tenemos la satisfacción que la mora judicial está en cero en las Cortes de Apelaciones y así lo iremos superando en algunos Tribunales de Sentencia del país”.
Las extradiciones de hondureños han pasado por un tortuoso camino en este país centroamericano, donde se aprobó una reforma constitucional en 2012 para permitir la expatriación de nacionales a otros Estados que los solicitaran por los delitos de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. Hasta el momento no se ha podido realizar ninguna extradición pese a las presiones de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
