Tegucigalpa – Dos meses pasaron después que la sociedad hondureña fuera sacudida por la divulgación de un narcovideo en el que apareció Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una reunión con capos de la droga acordando una aportación millonaria para la primera campaña electoral del Partido Libre en noviembre de 2013.
– El propio Carlos Zelaya responsabilizó al actual jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, de organizar la junta con jefes de la droga en una residencia de San Pedro Sula.
– Carlos Zelaya sigue liderando el movimiento M-28 que controla al Partido Libre, pese a que de forma protocolaria se nombró a Hortensia Zelaya “La Pichu”, hija de la familia presidencial.
Desde el ente acusador del Estado, Ministerio Público, han sido nulas las acciones para deducir las responsabilidades sobre este caso conocido como “Narcopolítica” y que involucró a las altas esferas de la familia presidencial.
Lo último que se supo de Carlos Zelaya fue su salida de forma intempestiva del país por la terminal aérea de Palmerola. Se especuló que iba para Nicaragua, pero luego se conoció que se fue a presencial el clásico español entre Real Madrid y Barcelona.
El narcoescándalo obligó al gobierno de Xiomara Castro a eliminar el tratado de extradición, que desde 2014 a la fecha ha permitido la entrega de 56 hondureños (54 a EEUU y 2 a Costa Rica), porque según la versión oficial no querían que se usara como herramienta política. Desde los círculos políticos se dice que el tratado -que finaliza el 28 de febrero de 2025- no será eliminado y que sufrirá algunas condiciones, pero esto está por verse en las próximas semanas.
Tras varias semanas de cuestionamientos a la familia presidencial por el narcoescándalo, desde el gobierno han sabido sortear las críticas con varias polémicas que se han instalado en la mediática nacional como el caso del jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández al referirse a temas políticos, igualmente con algunos fallos del Supremo sobre las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) y el Decreto 04-2022 conocido como Pacto de Impunidad.
Igualmente, el cumplimiento de los mil días sin la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) y la subida de la Tasa de Política Monetaria (TPM), son otros debates que han ido mermando la crítica de la población sobre la narcoreunión de uno de los hombres más poderosos de la familia presidencial.
Actualmente, la gestión de Johel Zelaya en el MP mantiene vigentes varias acusaciones contra líderes opositores del actual gobierno, además se avizora que vienen otras en camino, de acuerdo a lo anunciado por el propio fiscal.
Esta semana, el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas abordó por encima el tema del narcovideo que involucra a Carlos Zelaya.
Consultado sobre los personajes políticos mencionados en cortes de EEUU por sus presuntos ligues con el narcotráfico, respondió que son muchos los que fueron citados por la Fiscalía, por lo que “tenemos que determinar de acuerdo a las pruebas, las citas, a las declaraciones de todos los testigos porque es un largo repertorio de personas citadas para tomar una determinación. Ahorita no puedo yo adelantarme bajo ese principio de reserva cuál va a ser el final de ese caso”.
Cañanas tampoco quiso revelar si existe alerta migratoria para Carlos Zelaya, aunque de todos es conocido que recientemente salió por una terminal aérea de Honduras. El funcionario alegó que la ley se lo prohíbe, un argumento que no contrasta con la reciente cadena nacional de radio y televisión en la que el Fiscal General, Johel Zelaya, justificó y detalló junto al fiscal de UFERCO, Luis Javier Santos, la acusación penal contra el presidenciable nacionalista Nasry Asfura.
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Video sin consecuencias en MP
Es importante decir que Carlos Zelaya responsabilizó a Carlos Múñoz y Rafael Sarmiento, éste último actual jefe de bancada del Partido Libre, de organizar aquella narcoreunión de 2013 en la Residencial Río de Piedras en San Pedro Sula, a tan solo 20 días de los primeros comicios de Libre.
Sarmiento ha negado en todo momento haber organizado la narcoreunión y sigue siendo el representante de la bancada en el Congreso Nacional. Últimamente se la visto muy vigente en proyectos que inaugura la presidenta Castro.
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En la “narcoreunión”, Carlón -como le conocen al cuñado de la mandataria hondureña- dijo a los capos que “la mitad (del dinero) es para el comandante” y la otra mitad a ser repartida con líderes políticos de Colón, Santa Bárbara y Olancho, curiosamente en estos tres departamentos Libre tiene un enorme respaldo electoral.
La situación se tornó en un “narcoescándalo”, quizás el momento más álgido del actual gobierno, ya que Carlos Zelaya fungía como el hombre fuerte del Parlamento y el interlocutor válido con la oposición política en un Congreso ávido de consensos y con poca efectividad para legislar. Desde la propia Cámara “echan de menos” a Carlón aunque más de alguno asegura sigue manejando los hilos del Parlamento.
De los tres personajes políticos que aparecen en el narcovideo de Insight Crime –Carlos Zelaya, Carlos Múñoz y Adán Fúnez– los dos primeros renunciaron a sus cargos y el último es señalado como el principal sospechoso por el asesinato días después de un reconocido ambientalista en el Bajo Aguán, pero hasta ahí sin repercusiones ninguno de ellos con la justicia.
El hijo del Carlos Zelaya, que se desempeñó como ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, renunció en solidaridad con su padre, pero el 8 de octubre apareció en un evento político reclamando su cargo como Secretario de Asuntos Electorales del Partido Libertad y Refundación (Libre).
En esa oportunidad expresó que renunció al cargo de ministro de Defensa para evitar suspicacias, conflictos y mantener el buen nombre de las Fuerzas Armadas, “lo hice también para respaldar la integridad de mi padre, hacerme a un lado para evitar suspicacias en torno a cualquier investigación”. PD
