Tegucigalpa – El Juzgado de Letras dictó este lunes en audiencia de declaración de imputado medidas distintas a la detención judicial a cinco exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que son requeridos por la comisión del delito de prevaricato judicial.
Los imputados son Edwin Francisco Ortez, Reina Auxliadora Hércules, Jorge Alberto Zelaya, Jorge Abilio Serrano y Lidia Álvarez Sagastume.
La medida que debe cumplir los exmagistrados es firmar periódicamente en el circuito en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
La audiencia inicial fue programada para el lunes 3 de febrero a partir de las 8:30 de la mañana.
Más temprano informábamos
A audiencia hoy cinco exmagistrados de CSJ, requeridos por prevaricato judicial
Tegucigalpa – Este lunes se presentan para su audiencia de imputados los exmagistrados de la Sala Constitucional (2016-2023), quienes se encuentran siendo requeridos por las autoridades por el supuesto delito de prevaricato judicial.
El Ministerio Público (MP), a través de las fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó requerimiento fiscal y órdenes de captura en el marco del Día Internacional contra la Corrupción para exfuncionarios de Gobierno, una congresista, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares que cometieron perjuicio contra el Estado hondureño.
Entre los requerimientos figura el de cinco exmagistrados de la sala Constitucional (2016-2023) a los que se les ha presentado por el supuesto delito de prevaricato judicial.
la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusación contra cinco exmagistrados; contra el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros; Carlos Manuel López Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y varios particulares, por formar parte de una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la máxima casa de estudios mediante un fraude ejecutado a través de resoluciones arbitrarias, cuyos fondos posteriormente fueron a parar a cuentas personales, según los fiscales. IR
