Tegucigalpa- En medio del escándalo provocado por la filtración de un video donde el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, discuten una presunta trama para canalizar fondos públicos hacia estructuras partidarias de Libre, el vicecanciller de la República, Antonio García, reconoció públicamente que el verdadero problema no radica en el trámite administrativo de los recursos, sino en su aparente uso con fines políticos.
Los cheques pueden haber sido debidamente cambiados, liquidados con sus respectivos listados y solicitudes; pero lo preocupante es que muchos de los beneficiarios son supuestamente empleados públicos, candidatos o precandidatos, “y que además circula un audio donde se habla de entregar ese dinero al partido”, expresó García.
A juicio del vicecanciller, lo verdaderamente grave es la politización de la ayuda financiada con fondos del Estado, lo cual compromete la legitimidad con la que se administra el tesoro nacional y abre un debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
El escándalo ha provocado una fuerte reacción social y política, sobre todo porque el video sugiere un uso electoral de los programas sociales del gobierno. En las imágenes filtradas, tanto Cardona como Cuéllar describen con detalle el presunto mecanismo para distribuir dinero estatal a cuadros políticos del oficialismo.
En respuesta, García reiteró su respaldo a la presidenta Xiomara Castro, quien -según reitero- ha girado instrucciones claras para que se realice una investigación inmediata sobre lo ocurrido. La presidenta ha sido firme: no vacilará en actuar si se comprueba un uso indebido de los recursos del pueblo hondureño, aseguró.
El caso ya ha sido remitido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público, mientras diversas organizaciones de sociedad civil y sectores opositores exigen rendición de cuentas y sanciones ejemplares, si se confirma el uso político de la ayuda estatal.
El caso actual pone en entredicho la promesa de “gobernar con honestidad” que ha sido bandera del gobierno actual y agudiza las tensiones entre transparencia institucional y estrategia electoral de cara al proceso electoral.LB
