Tegucigalpa – En un informe conjunto presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), se revelan datos preocupantes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que viven bajo la tutela del Estado en los llamados Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAs).
– Más de 3,900 niños viven en IRCAs: se identifican casos de violencia, falta de documentación y riesgo de abuso sexual, según censo nacional.
El censo, considerado uno de los más exhaustivos realizados hasta la fecha, identificó un total de 136 IRCAs a nivel nacional, con una fuerte concentración en Francisco Morazán (29%) y Cortés (21%). En el momento del levantamiento, 3,961 menores residían en estos centros, de los cuales el 56% eran niños (2,219) y el 44% niñas (1,742).
Uno de los hallazgos más críticos es que 131 niños no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad al impedirles el acceso a derechos fundamentales, como la educación, salud y protección legal.
Durante el periodo del censo, 608 menores fueron enviados a estos centros por el Ministerio Público como medida de protección tras ser identificados como víctimas en investigaciones por delitos. Esta cifra pone en evidencia la función dual de los IRCAs como espacios de cuidado, pero también de recepción de casos de violencia.
Servicios limitados y riesgos latentes
A pesar de que el 78 % de los IRCAs reciben financiamiento de fuentes privadas y el 63 % tiene apoyo financiero internacional, el acceso a servicios esenciales sigue siendo desigual. Mientras el 79 % ofrece formación religiosa y el 57 % servicios médicos, solo el 7 % brinda atención psicosocial, clave para la recuperación emocional de los niños.
Además, la educación se brinda dentro de los propios centros, lo que, si bien asegura continuidad escolar, limita la interacción comunitaria y el desarrollo social de los menores. La ausencia de formación profesional también restringe sus posibilidades de inserción laboral y autonomía en la vida adulta.
Falta de regulación y condiciones que favorecen abusos
El informe también expone graves deficiencias en la regulación y supervisión de los IRCAs: 12% no tienen personería jurídica, 20% carecen de registro ante la DIRRSAC; 25% no cuentan con constancia de su junta directiva.
Más preocupante aún son los riesgos identificados de abuso y explotación sexual, derivados de la distribución inadecuada de habitaciones, duchas y baños, así como la falta de códigos de conducta y mecanismos de denuncia efectivos. El 93% de los IRCAs permite que personal o voluntarios pasen la noche en el centro, y en el 49% de los casos duermen en las mismas habitaciones que los menores.
Solo el 12% de los centros que dijeron tener una política de protección infantil incluyeron un código de conducta y procedimientos claros de denuncia.
Llamado a transformar el sistema
UNICEF, INE y SENAF subrayan que la institucionalización debe ser el último recurso, dadas las consecuencias negativas ampliamente documentadas en la salud física y emocional de los niños, en este tipo de centros.
El informe infográfico, finaliza con un llamado a revisar la normativa, reforzar la supervisión estatal y garantizar que los fondos –sean públicos o privados– se usen con transparencia y eficacia. Los expertos coinciden en que una atención centrada en el interés superior del niño es urgente para evitar más casos de negligencia, abuso e incluso muerte en centros de esta naturaleza. LB
