Tegucigalpa – En Honduras, las Fuerzas Armadas han pasado de ser un actor subordinado al poder civil a convertirse, de nuevo, en un actor político de peso, con alarmantes signos de intolerancia hacia la crítica pública.
– Cúpula militar responde con amenazas a verdades incómodas de periodistas en la mira del poder
-¿Estamos frente a una política abierta del Estado contra la prensa, los medios y la libertad de expresión?, cuestionan periodistas.
A criterio de analistas consultados, lo que debería ser una institución dedicada exclusivamente a la defensa nacional y subordinada a las decisiones del poder democrático, hoy parece comportarse como un brazo armado del oficialismo, dispuesto no solo a blindar políticamente a figuras afines al gobierno, sino también a intimidar voces incómodas desde el periodismo independiente.
La reciente confrontación con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), provocada por un editorial oficial que tildó a comunicadores de “sicarios de la comunicación”, desnuda una preocupante deriva autoritaria, en la que la institución castrense se lanza a una guerra discursiva para proteger intereses político-partidarios en lugar de velar por la institucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Campaña de intimidación
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y destacados comunicadores denunciaron este lunes lo que consideran una campaña de intimidación desde la cúpula de las Fuerzas Armadas, luego de los contundentes discursos pronunciados durante la ceremonia de entrega del premio Álvaro Contreras 2025.
«Tanto dolió, caló e incomodó en el poder nuestros discursos… Seguimos firmes», expresó el periodista Dagoberto Rodríguez, galardonado con el máximo reconocimiento gremial.
Rodríguez advirtió que sus palabras parecen haber provocado represalias institucionales, por lo que denunció públicamente al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, como responsable de cualquier amenaza o daño contra su integridad y la de su familia.
Además, señaló directamente a la ministra de Defensa y aspirante presidencial por el partido Libre, Rixi Moncada, como la persona de quien «emanan todas las directrices que obedece el general y el alto mando de las Fuerzas Armadas».
Publicación lamentable y maliciosa



La denuncia se da en el contexto de una publicación oficial del periódico de las Fuerzas Armadas, que tituló «Sicarios de la comunicación», en aparente respuesta a las denuncias formuladas por el CPH y el periodista Rodrigo Wong Arévalo. El editorial militar calificó de «infundadas» las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos del renglón 100 por parte de la Secretaría de Defensa para financiar actividades políticas, supuestamente vinculadas a la campaña de Moncada.
El presidente del CPH, Juan Carlos Sierra Galeas, reaccionó con indignación ante la publicación castrense. «¡Qué pena por las FFAA! Se nota que el discurso del viernes anterior ocasionó roña en la cúpula. Hago responsables al general Roosevelt Hernández y a la ministra Rixi Moncada de cualquier daño a mi integridad física o la de mi familia», manifestó Sierra Galeas en sus redes sociales.
Añadió que pondrá en conocimiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos esta situación, que calificó como «una escalada peligrosa de persecución desde el poder militar».
La periodista Thelma Mejía al respecto de la publicación expresó “sin duda el jefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas sigue sin tener quien le escriba. Esa portada donde llama sicarios a la prensa encierra un fuerte mensaje institucional de las Fuerzas Armadas contra la prensa y la libertad de expresión”.
A renglón seguido anotó y se vuelve institucional desde el momento que una dependencia del Estado coloca en su portada informativa el logo del CPH hace que esa posición sea institucional y no de un comandante en jefe. Y por ser una institución del Estado, cabe preguntarse ¿estamos frente a una política abierta del Estado contra la prensa, los medios y la libertad de expresión?
Si es así, estamos frente a momentos más tensos en las relaciones entre la prensa y el poder caracterizadas de profunda hostilidad. Esta posición no abona al debate de las ideas ni a la democracia, porque ellos tienen el poder de las armas, investidos de autoridad que los pone por encima de cualquier ciudadano, medio de comunicación y periodista, lamentó Mejía.
Y esto demuestra que no han aprendido nada de su pasado de cercano de violación a derechos humanos, golpes de Estado y desaparición forzosa de personas. Así lo registra la historia. No es así como funcionan las democracias, concluyó.
El periodista Armando Villanueva opinó que “jamás en la historia las FFAA habían estado bajo el mando de un general tan COBARDE, TITERE y ahora VOCERO de políticos corruptos y narcos, como lo hace ahora Roosevelt Hernández”
Situación grave viniendo de una institución que debe proteger
La situación considerada como una clara amenaza a los periodistas y a la libertad de expresión este tipo de acciones como la publicación en un periódico institucional de las FFAA vulnera: El derecho a la libertad de expresión (Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), así como el derecho al honor y reputación (Art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); y coloca en riesgo la vida e integridad de las personas al exponerlas como enemigos del Estado ante la opinión pública.
Uso de recursos estatales para atacar a la prensa
Además a criterio entrevistados el hecho de que esta portada provenga de un medio oficial de las Fuerzas Armadas (como se indica en el encabezado institucional) constituye una violación al principio de neutralidad de las instituciones públicas. Las FF.AA., como parte del aparato estatal, deben abstenerse de participar en ataques a ciudadanos, especialmente a periodistas y medios.
Mientras tanto, organizaciones de sociedad civil y gremios de prensa han comenzado a expresar preocupación por el tono y contenido de la comunicación militar, advirtiendo sobre los riesgos de criminalizar la labor periodística y el ejercicio de la crítica pública en un contexto electoral tenso y polarizado.
Por su parte la comunidad internacional observa con atención esta confrontación entre el periodismo independiente y las estructuras de poder, en un momento crucial para la democracia hondureña.
Esta actitud beligerante, más propia de regímenes militares que de democracias en construcción, plantea serios cuestionamientos sobre el verdadero rol que está jugando la cúpula militar en el frágil equilibrio de poderes del país, concuerdan los analistas críticos. LB