Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) informó, este martes, su solicitud hecha a los Estados partes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para que recomienden, al Estado de Honduras, que la distribución de la Pildora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) sea libre y gratuita para todas las mujeres, especialmente, para las víctimas de violencia sexual.
Además, que dicha distribución esté acompañada de un seguimiento médico integral, con información científica actualizada y adecuada sobre su uso y método de acción para todas las personas, conforme a los estándares de derechos humanos, salud sexual y reproductiva.
La solicitud del Conadeh fue plasmada en un documento que forma parte de su contribución al IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en el que se detallan sus principales observaciones y preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras, país que estaría siendo evaluado el próximo mes de noviembre.
El 08 de marzo de 2023 y mediante Decreto Ejecutivo, la Presidenta de la República dejó sin ningún valor y efecto, en todas y cada una de sus partes, los acuerdos ministeriales que prohibían la venta y distribución de la PAE.
En el documento, del Conadeh, también hace referencia a la interrupción voluntaria del embarazo y señala que Honduras continúa penalizando el aborto, incluyendo los casos de violación sexual, inviabilidad del feto y grave peligro de muerte de la mujer embarazada, que lo convierte en uno de los países con medidas más restrictivas y criminalizantes del continente americano.
Añade que, en la actualidad, el delito de aborto tiene una pena entre 3 a 6 años de prisión para la mujer y, de 6 a 8 años a la persona o personal médico que le asista en la interrupción.
En contraste, según el Conadeh, con el nuevo Código Penal, la pena del delito de violación sexual se redujo, lo que se constituye en un retroceso en la protección de los derechos sexuales de las mujeres, un debilitamiento a la función disuasoria del derecho penal y una contravención a la adopción de medidas firmes y punitivas contra la violencia sexual.
Frente a este contexto, en el 2022, Conadeh presentó un Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el Recurso de Inconstitucionalidad No. SCO-0329- 2021 interpuesto por la Plataforma Somos Muchas, en contra de un Decreto Legislativo que prohibía el aborto.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha inadmitido varios de estos recursos de inconstitucionalidad y, los admitidos, han sido resueltos desfavorablemente.
El Conadeh también solicitó, a los Estados Partes de la ONU, que recomienden, al Estado de Honduras, reformar el ordenamiento jurídico respecto de la interrupción voluntaria del embarazo a fin de garantizar mínimamente la interrupción por causas como inviabilidad del feto, violación sexual e incesto, y por amenaza grave a la vida de la mujer.
El EPU del Consejo de Derechos Humanos fue establecido en el 2006 con el propósito de revisar la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU.
Es impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece la oportunidad, a cada Estado, para explicar las medidas que se han adoptado encaminadas a mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones en esa materia.
El objetivo final del EPU es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y hacer frente a las violaciones de los derechos humanos.
