Tegucigalpa – La Supervisora General de Tribunales de Justicia, Sandra Rodríguez detalló el informe entregado a la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de la intervención ordenada al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente el pasado 18 de agosto de 2024.
Detalló que se revisaron 1,068 expedientes que se registraron al momento de realizarse la unificación de cada uno de los órganos competentes, 701 expedientes de los cuales 598 corresponden a requerimientos fiscales y 103 a diligencias previas.
Rodríguez citó que la supervisión general, de manera oficiosa, ordenó la apertura de investigación en 12 causas por diferentes situaciones, entre las que destacan el otorgamiento de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva que son contrarias a la reforma procesal al respecto.
De las 12 denuncias, al menos igual número de funcionarios judiciales pudieran estar involucrados en acciones u omisiones. Además, se encontraron 17 puntos de especial atención que fueron sometidos al conocimiento de la magistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando acompañada de 19 recomendaciones para evitar estas acciones.
Asimismo, citó la togada, se investigan las causas que se otorgó garantía hipotecaria y que se verificó que la misma no fue inscrita a favor del Estado de Honduras.
También se encontraron situaciones de retardo injustificado en la remisión a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional de los recursos interpuestos por las partes procesales intervinientes en las causas. Igualmente, el señalamiento tardío de audiencias preliminares que derivaron en el vencimiento de prisión preventiva con el riesgo de poner en libertad a los imputados.
La funcionaria judicial informó que se nombró a un nuevo coordinador del circuito anticorrupción, que incluso ya está en funciones, también se recomendó la rotación del personal y redistribución de las cargas en los cinco despachos que funcionan en esa sede judicial. JS
