Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda señaló que el decreto aprobado por el Congreso Nacional sobre los Fondos Departamentales no es un decreto de impunidad, sino que llama a recuperar los dineros a través de mecanismos y sanciones a las personas que hayan recibido fondos para obras con dinero público.
El funcionario dijo que respeta los recursos interpuestos tanto por el Ministerio Público como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ya que es un derecho que ellos tienen.
Señaló que el decreto servirá para probar si la obra se realizó o no y con ello resarcir ese daño regresando el dinero y un castigo de una multa del dos por ciento y los intereses bancarios.
“Lo que busca el Estado es recuperar los dineros que hayan recibido personas jurídicas o natural y garantizar las obras”, aseguró.
Indicó que los diputados solo fueron gestores y quien recibe la transferencia bancaria en estos casos son las ONGs, fundaciones y alcaldías son los obligados realizar las liquidaciones del monto dado, en caso contrario será la Fiscalía quien deberá realizar el debido requerimiento para que esos dineros sean recuperados.
Afirmó que el 22 de octubre entregaron al Ministerio Público cinco expedientes de ONGs que no presentaron liquidaciones para que procedan a procesarlos.
“En ese sentido, este decreto y hay que hablar con la verdad no representa impunidad, el que debe de rendir cuentas es el que recibe el dinero y no hace la obra”, argumentó.
