Tegucigalpa – Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró constitucional la Ley de Amnistía, conocida popularmente como la «Ley de Impunidad», el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reaccionó sobre la decisión y consideró que se demuestra la captura del Poder Judicial por intereses políticos y otorga una clara ventaja a los corruptos, generando impunidad y debilitando al sistema de justicia en Honduras.
– La titular del CNA, Gabriela Castellanos, anotó que la «amnistía política» tiene sus propios jueces, sus propias leyes y sus propios corruptos. Así se construye el poder familiar en Honduras”.
En ese sentido el CNA señala que la resolución de la CSJ no es más que un mecanismo para legalizar la corrupción en el país. Según la organización, la amnistía beneficia a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales involucrados en actos de corrupción, quienes ahora quedan exentos de responsabilidad penal, se descubrieron las investigaciones, y el daño causado se olvida.
En su declaración, el CNA destacó que esta decisión evidencia la «justicia selectiva”, ya que se priorizan los intereses partidarios sobre la justicia imparcial, afectando gravemente la independencia del Poder Judicial. Además, la CSJ, al proteger a los implicados en actos ilícitos, estaría consolidando una cultura de blindaje institucional que favorece la impunidad.
Consecuencias para el Estado de Honduras
Asimismo, el CNA advierte que esta decisión tendrá graves repercusiones para el país. Entre ellas, destacan el debilitamiento institucional y la creciente desconfianza de la ciudadanía en el sistema judicial hondureño. De igual forma, la resolución ahuyenta la posibilidad de que se instale la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), un organismo clave para luchar contra la corrupción.
El fallo también podría incrementar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, profundizando las desigualdades sociales y limitando el desarrollo humano y económico del país.
Una ley en contradicción con la CADH
Para el CNA, la resolución de la CSJ no cumple con los estándares internacionales de acceso a la justicia ni con la protección de los derechos humanos, lo que coloca a Honduras en una situación de incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
El CNA subrayó que la CSJ, al declarar constitucional el decreto 04-2022, estaría generando un conflicto entre la normativa interna y el contenido de la CADH. Los delitos de corrupción que se incluyen en la amnistía son erróneamente clasificados como delitos políticos, aun cuando son contra la administración pública, lo que no solo protege a los exfuncionarios que cometieron estos actos, sino que deja “un chaleco de blindaje para que estos hechos se repitan”.
Finalmente, el CNA reiteró su llamado a la comunidad internacional y a la sociedad hondureña a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier intento de socavar la independencia del Poder Judicial. LB
