Tegucigalpa – El diputado Jari Dixon presentó este lunes una denuncia en el Ministerio Público en contra de los funcionarios que aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), y solicitó sean juzgados por el delito de traición a la patria.
“Estamos pidiendo al Ministerio Público que pida una copia certificada de la sesión donde se aprobaron las ZEDEs para tener seguridad que las personas que se va a investigar y se va a procesar son efectivamente las que votaron en esa sesión”, declaró el parlamentario.
El delito de traición a la patria establece una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.
Además, los diputados que sean sentenciados serán sancionados con una inhabilitación de cargos públicos por 40 años, es decir el doble de la pena.
Así lo establece el artículo 555 del Código Penal, en su capítulo de “Delitos contra la Nación”.
“No tienen ningún cuero, ellos traicionaron a la patria, asumieron funciones de diputados de una asamblea nacional constituyente y tienen que responder”, sentenció el diputado Dixon.
“El hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, deben ser castigados con las penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión”, reza el artículo 55 del Código Penal.
No obstante, analistas son del criterio que los diputados no pueden ser juzgados por este delito alegando que todas las leyes que han sido declaradas inconstitucionales también tendrían que ser incluidas en la pena o sanción.
Tendrían que meter preso el presidente junto a los secretarios de Estado por todos los excesos y que son corregidos bajo la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el analista Kenneth Madrid.
