Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En el 2012, un golpe institucional vapuleó al poder judicial de Honduras al ser desmantelada la Sala de lo Constitucional con la destitución de cuatro de sus cinco integrantes en un abuso de autoridad por la cual fue condenado el Estado de Honduras. 12 años después, un nuevo escándalo sacude a la diosa Temis con la captura y caída de un juez por presunta extorsión, en una trama que no concluye con esa acción, al contrario, parece ser la caja de pandora de una red de corrupción que ya había sido advertida en el Informe sobre Clima de Inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esa nueva sacudida al Poder Judicial hondureño salpica incluso a la presidenta de ese poder del Estado, la magistrada Rebeca Ráquel Obando, que ha tenido que salir, en rueda de prensa a desmentir que la captura del juez Marco Vallecillo esté relacionada con pagos a su esposo, mucho menos que ella sea parte de una red de manipulación de expedientes, nombramientos sin concurso de jueces y otras acciones relacionadas con tráfico de influencias en el poder judicial. Ráquel Obando asegura que ella ha llegado a limpiar la suprema corte de justicia y que no tiene por qué renunciar a su cargo.
Los conocedores de los temas de justicia, empleados judiciales, litigantes de los tribunales y analistas, estiman que este nuevo hecho es el segundo golpe más fuerte que enfrenta el Poder Judicial desde que fueron destituidos en un golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia, cuatro magistrados de la Sala Constitucional en el 2012 por el parlamento hondureño de la época.
La destitución de los cuatro de los cinco magistrados, según dictamina un fallo de la Corte Interamericana de Justicia, tuvo desde abuso de autoridad, imputación de falsas acusaciones, violación a la independencia de poderes, violación de los derechos humanos, amenazas e intimidaciones contra los magistrados destituidos, entre otras figuras delictivas.
El Estado de Honduras luego de un largo proceso fue condenado por la abrupta destitución de los magistrados, originada por oponerse a medidas relacionadas con la Zedes, las pruebas de confianza a los operadores de justicia, entre ellos la Policía, y por estar a punto de conocer los resultados electorales de una elección primaria de la época en el partido en ese entonces en el poder, el Nacional, en donde uno de los precandidatos alegó fraude y exigió un recuento voto por voto.
Ese accionar de la Sal de lo Constitucional valió toda una estrategia del gobierno que presidía el expresidente Lobo Sosa en contra de los togados a quienes se les acusó, sin pruebas, de ser aliados del crimen organizado. La sentencia de la Corte indica que su destitución fue ilegal, arbitraria y un atentado contra la democracia.
La destitución de los magistrados de la Sala Constitucional fue vista en el patio hondureño como un golpe técnico al poder judicial; el tiempo dio la razón, y la diosa Temis nunca había sido tan expuesta y su institucionalidad tan deteriorada como en ese momento. Ya el golpe de estado de 2009 la había dejado vulnerable, el golpe de 2012, la debilitó aún más. A ello se suma el deterioro institucional del país con la penetración del narcotráfico que hoy tiene a un exgobernante hondureño en una prisión de Estados Unidos condenado a 45 años por el delito de narcotráfico.
Los “nuevos tiempos” de la justicia
Con la asunción de un nuevo gobierno, la elección de una nueva corte de justicia, las esperanzas de cambio afloraron; el partido en el poder, Libertad y Refundación, Libre, aseguró que se estaba frente a “nuevos tiempos”. La elección de la nueva corte de justicia, como ha sido en los procesos de elección de este tipo, estuvo precedida de intensas negociaciones entre el tripartidismo político representada en los partidos Libre, en el poder, Nacional y Liberal, en la oposición.
En el camino de ese proceso, la sociedad hondureña vio como fueron quedando en el camino las mejores cartas de presentación para ser magistrados, la meritocracia no era el requisito para aspirar a una magistratura en el más alto tribunal de impartición de justicia. Prevalecieron los acuerdos políticos e incluso se difundió una especie de manifiesto público en donde las tres fuerzas políticas se aseguraban la repartición de los cargos.
No obstante, la ciudadanía y la misma clase política pidieron otorgar a la nueva corte el beneficio de la duda, pues se estaba frente a una nueva era política en donde asumía la conducción del país un gobierno de izquierda, del llamado socialismo democrático.
Pero la captura en flagrancia del juez que fungía como Coordinador del Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Marco Vallecillo, ha venido a estremecer el poder judicial, al florecer nuevamente el tráfico de la justicia y dar fuerza a esa vieja tesis que, en Honduras, la justicia solo pica a los de pies descalzos.
Vallecillo, acusado por el delito de extorsión, es parte de una trama aun no muy clara en la cual cobra protagonismo el Ministerio Público en la figura del fiscal general, Johel Zelaya. De acuerdo con uno de los testigos protegidos de la fiscalía, el juez Vallecillo habría hecho uso de su autoridad investida de poder para traficar con la justicia y favorecer a un empresario a quien supuestamente la Uferco la habría abierto un caso de presunta corrupción.
En esa trama, el juez Vallecillo se habría jactado de sus conectes en el Ministerio Público e incluso de una presunta relación con el fiscal general Zelaya, a tal grado, que consiguió una cita entre el empresario (ahora testigo protegido) y el fiscal general. La audiencia se dio, a solas, según relato de otro testigo protegido (amigo del empresario víctima de la extorsión del juez Vallecillo y otros asociados) y ahí el empresario le habría confesado al fiscal Zelaya, la extorsión de la que era objeto. Que el juez Vallecillo le habría pedido 3 millones para cerrarle el caso en la Uferco y que, en la repartición de los beneficios, una de esa parte sería para el propio fiscal general, otro fiscal intermedio, dos abogados más y el mismo juez Vallecillo. Esa es la trama que se deduce de la declaración dada por el amigo del empresario en la audiencia de prueba anticipada, filtrada a la prensa.
El fiscal Zelaya al enterarse de la trama—en la reunión con el empresario a la cual no se dejó entrar al abogado defensor de la víctima de extorsión—según el relato del amigo, negó ser parte de esa cadena de tráfico con la justicia, pidió al empresario ser parte de una operación encubierta para hacer caer al juez, la cual se produjo el 17 de agosto, cuando el juez habría sido agarrado en flagrancia recibiendo el soborno solicitado.
La defensa del juez imputado ha alegado vicios de irregularidades, violación al debido proceso y en esa trama de presuntos culpables, han salido a la luz pública una serie de hechos que apuntan hacia un Poder Judicial altamente contaminado por el tráfico de influencias, sobornos, nombramientos de jueces sin tener méritos, traslados de otros por no prestarse a irregularidades, entre otros hechos graves. La justicia hondureña, al parecer, sigue bajo la captura de viejas y nuevas mafias, a criterio de los analistas.
Se destapa la olla… ¿habrá más?
El caso del juez Vallecillo no habría adquirido una alta notoriedad, sino trasciende en los medios un audio de Vallecillo denunciando que le habrían “limpiado” sus archivos en el teléfono por la propia autoridad fiscal, además de filtraciones a medios relacionadas con que el juez operaba para el “esposo de una alta funcionaria” del poder judicial, entre otros relatos que evidencian que se está frente a una especie de caja de Pandora que golpea y podría golpear aun más a la justicia hondureña.
El diputado, Jorge Cálix, precandidato presidencial por el partido Liberal ha sido el líder político que golpeó a la justicia con un posteo y luego con su participación en un foro televisivo. En el primero, Cálix posteó en su red de X que se difundiera la declaración del juez Vallecillo en donde habría expresado que el dinero de la presunta extorsión no era para él, sino para el “esposo de una alta funcionaria” del poder judicial.
Luego en declaraciones de prensa fue más allá: pidió a la Uferco investigar qué ha pasado con el expediente de Guillermo Noriega, un ex pariente político de la presidenta de la Corte de Justicia, a quien se le sigue un caso en los tribunales. Cálix denunció que existen conflictos de interés, que los expedientes de Noriega y de otros, se han desaparecidos y al parecer “los están reconstruyendo” para favorecerlos. Luego dijo que el hijo y un yerno de la presidenta de la corte de justicia, ingresan los plenos de magistrados de la corte sin tener funciones para estar en esos debates.
Denunció una serie de irregularidades que van desde tráfico de expedientes, nombramientos irregulares en tribunales, entre otros hechos que están salpicando a la más alta autoridad del poder judicial: la presidencia de la Corte de Justicia. A criterio de Cálix, todos estos hechos valen para configurar un juicio político contra la presidenta de ese poder del Estado.
Pero Rebeca Ráquel, ha salido al paso de esas acusaciones. Y aunque en los medios de prensa e incluso el propio Cálix, nunca se señaló al esposo de la presidenta Rebeca Ráquel Obando como el presunto beneficiario de los supuestos sobornos del juez Vallecillo, la magistrada se dio por aludida y dijo que ni ella ni su esposo son parte de ninguna red de tráfico de la justicia.
También defendió la presencia de sus parientes en la corte de justicia bajo la figura de “ad honorem” y descartó que fuera a renunciar al cargo, tras denunciar una presunta conspiración en su contra. La presidente del Poder Judicial adelantó que el circuito a cargo del juez Vallecillo sería intervenido, que se revisarían algunas sentencias para constatar si fueron otorgadas adecuadamente. Recalcó que está limpiando el Poder Judicial y obvió referirse al caso del expediente Noriega que se asegura no lo hallan en la Corte y lo buscan de despacho en despacho.
La trama de presunta corrupción y tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, calza con la denuncia hecha en el Informe sobre Clima de Inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que retrata en cada uno de sus apartados una especie de “captura” del Estado.
En el caso del Poder Judicial destaca: “Hay informes frecuentes de corrupción dentro del Poder Judicial, tanto en los tribunales locales como en los casos ante la Corte Suprema. La presidente de la Corte Suprema tiene vínculos familiares con la presidente de Honduras, y los comentaristas y las ONG han señalado que dichos vínculos generan dudas sobre la independencia de la corte. Las empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial”.
“Las empresas y los ciudadanos estadounidenses denuncian que la corrupción en el sector público y el Poder Judicial es una limitación importante para la inversión en Honduras. Históricamente, la corrupción ha sido omnipresente en las contrataciones públicas, la emisión de permisos gubernamentales, las aduanas, las transacciones inmobiliarias (en particular las transferencias de títulos de propiedad), los requisitos de desempeño y el sistema regulatorio”, señala el informe sobre Clima de Inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Y en el caso del Poder Judicial expone el caso de un empresario y exdiputado al Parlamento Centroamericano hondureño, quien participó en una importante corrupción a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, utilizando su influencia con funcionarios del gobierno para su beneficio.
El gobierno de la presidenta Castro reaccionó incómodo al informe del Clima de Inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero a más de un mes de esa publicación, el caso del juez Vallecillo trae a colación lo escrito en ese informe, en una corte de justicia que se vendió con “esperanzas”, que se aseguró sería “diferente”, máxime por ser un alto tribunal en donde el control recaía en la era refundacional del socialismo democrático, en un gobierno de izquierda. (PD)
