Tegucigalpa – Una decena de policías activos fueron detenidos por sus propios compañeros luego de varias denuncias en su contra por presuntos vínculos con la criminalidad común y organizada.
– Las críticas hacia el cuerpo policial no sólo vienen de afuera, desde lo interno la propia viceministra ha denunciado que existen bandas criminales desde la misma institución.
– El estado de excepción -desde diciembre de 2022- ha provocado que los abusos policiales se hayan incrementado con mínimos castigos para los responsables.
Las órdenes de captura fueron emitidas por un juez de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Los uniformados fueron requeridos por la comisión de diferentes delitos.
A estos miembros de la carrera policial se les supone responsables por los supuestos delitos de allanamiento por funcionario público o empleado, robo con violencia e intimidación agravado continuado, privación ilegal de libertad realizada por funcionarios e empleados públicos, tortura, y asociación para delinquir en perjuicio de denunciante, falsificación de documentos públicos en menoscabo de la fe pública y falso testimonio.
Los detenidos fueron identificados como Yony Omar Raudales Núñez, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández, Lener Gilberto Quintanilla Gallardo, Bertha Janina Alemán Antúnez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez y Fernando Josué Castellanos Canales, quienes se presentaron ante el juzgado, además de Andy Josué Pérez Zelaya.
El Ministerio Público aclaró que Andy Josué Pérez Zelaya ya está recluido de su libertad por otro delito en un caso distinto.
Los agentes son miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023, cuando los agentes de la Dipampco realizaron, sin tener orden judicial, un allanamiento de domicilio en el municipio de Villanueva en Cortés, a la vivienda de dos personas originarias de Filipinas, a quienes les llevaron las pertenencias.
Asimismo, a uno de los afectados lo trasladaron a otro lugar donde recolectan basura, lo tiraron al suelo y le implantaron armas y drogas, posteriormente emitieron un informe de investigación y remitieron como detenido a dicho ciudadano por la comisión de los delitos de tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y uso prohibido.
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La instauración de un estado de excepción en diciembre de 2022 ha permitido que los abusos policiales sean cada vez más cotidianos, los que llegan a conocerse por la denuncia ciudadana. Pese a que el cuerpo policial defiende la medida, que ha sido prolongada por 14 veces, organismos defensores de derechos humanos retratan la cantidad de excesos por parte de los uniformados.
Sin embargo, un informe publicado de octubre de 2022, es decir un mes antes de la media de excepcionalidad por parte del Poder Ejecutivo, revelaba la desconfianza, abuso y filtración del crimen en el ente de seguridad.
Un 2024 activo en denuncias contra policías
Aunque en declaraciones recientes el propio secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, reveló que más de 40 agentes policiales habían sido puestos a las órdenes de la justicia por la comisión de una serie de delitos, la cifra a este agosto fácilmente rondaría el centenar de uniformados procesados por infringir la ley que ellos mismo juraron hacer valer.
Desde agentes secuestradores, extorsionadores, violadores de derechos ciudadanos, asesinos, asaltantes, suplantadores de evidencias, falsificadores de documentos hasta cabecillas de organizaciones criminales encargadas a la distribución de drogas, son apenas los relatos vergonzosos que involucran a los policías con operaciones del crimen.
El cuerpo policial no sólo ha tenido que lidiar con el reclamo desde lo externo de la institución por la constante participación de sus agentes con lo ilícito, desde el propio seno la viceministra Julissa Villanueva ha denunciado que el cuerpo del orden está infiltrado por el crimen organizado y el narcotráfico.
“Esta institución de la seguridad del Estado está infiltrada siempre por las bandas de narcotráfico y del crimen organizado”, dijo Villanueva hace unas semanas.
“Yo no creo que solo haya siete oficiales, creo que hay más grupos, sin embargo, esto no opaca la buena acción de muchos policías que diariamente sirven y protegen a la ciudadanía”, declaró.
En esa oportunidad, la alta funcionaria sostuvo que en la institución policial se debe continuar con los procesos de verificación y las depuraciones de funcionarios policiales.
Recordó que en la última década, se ha perdido la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional porque están ligados con el crimen organizado y el Ministerio Público no realiza su trabajo.
Asimismo, Villanueva ha puesto en duda las estadísticas que constantemente ofrece el ministro de Seguridad con respecto a la baja de las incidencias delictivas y los homicidios.
La funcionaria también hizo fuertes señalamientos contra la institución al denunciar que la Policía participó en la matanza de 46 reclusas en la cárcel de Támara en junio de 2023.
Reveló que una gran parte de los cartuchos que fueron percutidos durante ese crimen múltiple, pertenecen a la industria que aprovisiona a la Policía Nacional. Igualmente destacó que parte de las armas utilizadas en la matanza pertenecen a ese cuerpo de seguridad.
Una de las más fuertes críticas que se hace al cuerpo policial es que los mecanismos de depuración prácticamente quedaron en el pasado, lo que permite que la institución sea permeada por el crimen y sus estructuras que se mantienen activas en Honduras. Todo esto al tenor de una percepción de violencia ciudadana que no da tregua matizada con el discurso oficial de #vamosbien. JS
