Tegucigalpa – La galopante violencia que deja cientos de familias dolientes en Honduras, es una realidad que no contrasta con las versiones de los cuerpos de seguridad, quienes defienden todos los días que los hechos cruentos tienden a disminuir, pese a la vorágine de terror que se asienta en una sociedad temerosa por la ola de crímenes que le azota.
– Hace unas horas un policía activo fue asesinado en Comayagua, al igual que varias mujeres, así como las muertes violentas de dos taxistas VIP en San Pedro Sula y un comerciante en Olancho.
En casi menos de 24 horas dos escenarios de homicidios múltiples sacudieron otra vez la agenda informativa. El denominador común de ambos hechos es que las víctimas mortales eran jóvenes de bien. En uno de los casos las víctimas laboraban con la academia y en el otro suceso se trataba de ciudadanos que habían decidido salir del país en busca del sueño americano.
Dos conductores de taxis VIP fueron ultimados este jueves en sucesos diferentes en San Pedro Sula, mientras un comerciante perdió la vida en condiciones violentas en Catacamas, Olancho. Estos hechos son los que trascienden a nivel de medios de comunicación, pero sin duda algunos otros no alcanzan un registro informativo.
El asesinato de un agente activo de la Policía en Esquías, Comayagua, luego de una emboscada, así como las muertes violentas de cuatro mujeres -tía y sobrina en Orica, una enfermera en la capital y otra fue encontrada sin vida después de ser reportada hace una semana como desaparecida-, y el acribillamiento de un hombre en la Villa Cristina son apenas otra muestra que la inseguridad mantiene de rodillas a todos los sectores de la población.
La radiografía de violencia parece no inmutar al titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien no pierde oportunidad cuando hace publicaciones en sus redes sociales para rematar cada mensaje con el enunciado #VamosBien.
A la radiografía de violencia generalizada se unen sucesos que parecen sacados del surrealismo como el hecho informado esta semana por la propia Policía Nacional que a escasos metros del imponente edificio de su brazo investigativo -la DPI- operaba hacía varios meses un centro de distribución de drogas sintéticas. El hecho generó asombro y muchas suspicacias.
También, en las últimas horas la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), comunicó el desmantelamiento de varios sistemas de vigilancia y monitoreo de estructuras criminales en sitios cercanos a edificios estatales en San Pedro Sula.
De acuerdo a lo informado por los entes policiales, la Mara MS-13 mantenía vigilado los edificios estatales como ser Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Alcaldías, medios de comunicación y zonas fronterizas con otros grupos criminales.
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65 matanzas durante estado de excepción
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), divulgado en las últimas horas detalla que 16 departamentos de Honduras fueron escenario en conjunto de 65 masacres, de tres o más víctimas que dejaron unas 278 personas muertas, desde que se puso en vigencia el estado de excepción, el 6 de diciembre del 2022.
La situación es de tal magnitud que, en diciembre del 2022, se registraron cinco muertes múltiples, a las que se suman otras 44 en el 2023 y, al menos, 16 en lo que va de 2024.
Alrededor de 173 hombres, 85 mujeres, 14 niños y 6 niñas perdieron la vida en circunstancias violentas en las 65 masacres registradas desde diciembre del 2022.
En esta radiografía de la inseguridad que se vive en el país, Francisco Morazán fue escenario de 13 muertes múltiples, seguida por Cortés con 11, Yoro 9, Comayagua 5, Colón 5, Olancho 4, Atlántida 3, Santa Bárbara 3, con 2 cada uno figuran, Copán, Intibucá, Lempira y Valle.
17 masacres este año
En las últimas horas se reportaron dos masacres, una en Santa María del Real, Olancho y la otra entre los municipios de Guaimaca y Talanga, en el central departamento de Francisco Morazán, con un saldo de seis personas muertas.
Esta misma semana, en un sector solitario de Santa María del Real, departamento de Olancho, perdieron la vida tres personas que fueron atacadas a balazos por desconocidos. Preliminarmente se conoció que los jóvenes salieron a comprar comida y no regresaron a su centro de trabajo en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) de Olancho.
Los 17 hechos de muertes múltiples registrados por el Conadeh, en el 2024, revelan que más de medio centenar de personas perdieron la vida violentamente, de las cuales 40 eran hombres, 7 mujeres, 3 niñas y 3 niños.
El 28 de junio del 2024, cinco personas desaparecieron en el barrio Mirador de Oriente, sus cuerpos fueron encontrados en un lugar montañoso entre las comunidades de Tatumbla y El Zamorano.
121 mujeres asesinadas en primer semestre
Alrededor de 121 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre enero y junio de este año y el 54.5 % de las víctimas murió a causa de heridas de arma de fuego, informó este martes la ONG feminista Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Solo en junio, la organización contabilizó 16 muertes violentas de mujeres, la mayoría de ellas con edades de entre 10 y 39 años.
De los asesinatos en junio, diez fueron por arma de fuego, tres por armas blancas, dos no se sabe o no se determinó el arma utilizada, y otro por golpes.
En los primeros seis meses del año hubo una disminución del 49.7 % en la muerte violenta de mujeres en Honduras con relación al año anterior, ya que en ese mismo período de 2023 se registraron 241 casos, de acuerdo al CDM, que en diciembre pasado recibió el Premio de Derechos Humanos Europa por su trabajo en defensa de las mujeres.
Francisco Morazán es el departamento con el mayor registro de muertes violentas de mujeres, con 22, seguido por Cortés (20), Olancho (14), Yoro (10), Atlántida (9), Colón (7), Copán y Santa Bárbara con 6 cada uno, detalla.
El 51.2 % de los asesinatos ocurrieron en espacios públicos y el 54.5 % de las mujeres murieron por arma de fuego durante el primer semestre, enfatiza la organización hondureña.
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Todo este entramado de inseguridad ocurre al tenor de la exigencia de los cuerpos de seguridad que piden reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, así como la aprobación de normativas que permitan -según ellos- enfrentar con dureza a las estructuras criminales.
Hace algunas semanas el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), aprobó una serie de medidas para enfrentar al crimen común y organizado, que incluyen normativas que serán enviadas al Congreso Nacional para su aprobación, pero en ese poder del Estado recién se incorporaron a sesiones tras un largo receso de medio año y luego de algunos reacomodos de fuerzas políticas se vislumbra una agenda legislativa cargada, sin rumbo y con infinitas urgencias, mientras el pueblo sigue poniéndole el pecho a las balas que dispara el crimen. PD
