Tegucigalpa – Al cumplirse un año de la mayor tragedia en una cárcel de mujeres en Honduras, las familiares de las 46 mujeres masacradas aún esperan respuestas del Estado como encargado de garantizar la seguridad de las privadas de libertad, además, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) enfatiza que sigue siendo urgente la necesidad de reformas y el fortalecimiento al sistema penitenciario.
– Familiares de las víctimas solicitan a la PGR que los represente para ejercer la acción civil ante el Estado e instar al MP a que amplíe la investigación.
Este jueves se cumplió un año desde que 46 mujeres murieron masacradas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) a manos de mujeres armadas con pistolas, combustible y otro armamento. Eran las 8:02 a. m. cuando comenzó la matanza, la que se ejecutó en dos horas.
Para la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva las investigaciones en este caso son insuficientes y señaló para el caso que inicialmente se dijo que eran 23, después 12 y ahora que solo son 8 las responsables que han sido sometidas a procesos judiciales.
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“Este no era un simple pleito entre un grupo delincuencial y otro, o una pugna entre privadas de libertad. Esto es y representa la muerte bajo custodia que no debió haber ocurrido”, aseveró.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda refirió que además de las ocho acusadas, en este año desde el crimen algunas de las familias de las víctimas recibieron una ayuda de 50 mil lempiras para gastos fúnebres.
Un hecho que resalta es que en este año, la familia de Suyapa Rodríguez sigue esperando los restos de la mujer para sepultarla y tener un lugar donde ir a dejarle flores y llorar.
Griselda Ramos, hermana Sandra Rodríguez, hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que les ayude a identificar los restos de la mujer y le dé tanto a su madre como a sus seis sobrinos, los hijos de la malograda mujer, la paz de saber dónde está Rodríguez.
Creación de una procuración penitenciaria
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional recalcó durante el evento que reunió a familiares y defensores de derechos humanos, que aún está pendiente la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de la seguridad y administración de la PNFAS, que permitieron el acceso de combustible, armas, municiones y teléfonos celulares para facilitar el trágico hecho.
También cuestionó la falta de protocolos para enfrentar hechos como el ocurrido hace un año y el resarcimiento de daños, así como el debilitamiento del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP Conaprev), falta de apoyo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) e inacción de la Secretaría de Derechos Humanos.
De igual forma, ASJ recomendó la creación de una procuración penitenciaria, un brazo investigativo científico de las muertes y violaciones de derechos humanos en contra de los privados de libertad, que ha dado buenos resultados en otros países.
En esa línea se pronunció la abogada y defensora de derechos humanos, Jenny Almendares, quien sugiere que se cree un programa de reparación de las víctimas y que se les brinde ayuda psicológica, así como la indemnización y la reparación económica.
La creación de una procuración penitenciaria serviría “para que se puedan investigar las violaciones de derechos humanos en las cárceles y deducir las responsabilidades a quien en derecho correspondan”, dijo.
Familiares piden representación de la PGR
En conjunto con la Junta Local de Prevención contra la Tortura y la plataforma de organizaciones de sociedad civil «20 de Junio», familiares de las víctimas de la masacre en la PNFAS solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la acción civil en su representación, ya que por razones económicas no están en condiciones de interponer una demanda contra el Estado, tal como lo establece el artículo 51 del Código Procesal Penal hondureño.
Los familiares de las víctimas solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la asignación de becas de estudio para los menores de edad huérfanos a raíz de la tragedia y al Ministerio Público una investigación exhaustiva y amplia, que incluya a funcionarios y custodios que se vieron involucrados de acuerdo con informes de las autoridades. VC
