Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa llegó este jueves a presentar denuncias por el manejo fraudulento de cuatro fideicomisos, entre estos uno de su compañero de gabinete, Darío García en el Instituto de la Propiedad por fondos no liquidados de 3 mil millones de lempiras.
– En la denuncia se involucra a funcionarios públicos y centenares de empresarios, dijo Ochoa que mencionó a Ebal Díaz, Darío García y Francisco Roberto Cosenza en sus declaraciones.
– El ministerio Ochoa volvió a acusar al Cohep de participar en las operaciones que realizó el fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
El funcionario explicó que el oficio presentado este día ante el Ministerio Público retrata el manejo irregular de cuatro fideicomisos por un monto de 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023, que se hizo violando las normas que establece la Ley de Contratación del Estado.
Entre los cuatro casos se detallan uno del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, otro del Instituto de la Propiedad (IP), uno más de Vida Mejor, y el cuarto relacionado con Invest-H.
Detalló que en el caso del fideicomiso de la Tasa de Seguridad fue administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Foro Nacional de Convergencias (Fonac) y un representante de la Presidencia de la República, que ejecutaron alrededor de 30 mil millones de lempiras entre 2012 y 2022 de forma secreta. Aquí se encontraron 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación y ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso que incluye la compra del avión presidencial, alquiler de fideicomisos, compra de cuatro mil vehículos de patrullas, adquisición de cámaras de seguridad y escáneres, entre otros.
En tanto, el fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad -continuó Ochoa- constituyó el principal símbolo de corrupción pública-privada. Aquí se dilapidaron entre 2015 y 2022 alrededor de 19 mil millones de lempiras.
Ochoa agregó que por iniciativa de la presidenta Xiomara Castro se liquidó este fideicomiso del IP, sin embargo desacatando el mandato ejecutivo durante la administración de Darío García, que asumió la secretaría del IP en 2022, éste sin contar con el consejo directivo no reportaron a la Secretaría de Finanzas más de 3 mil millones de lempiras que la unidad coordinadora de proyectos del IP mantuvo en cuentas bancarias del sistema privado.
“Desde estas cuentas desembolsaron más de dos mil millones de lempiras entre junio de 2022 y mayo de 2023 al margen de la ley, sin transparencia, sin registro y sin informe a la casa única del tesoro como mandaba el decreto ejecutivo de liquidación y su reglamento”, declaró el funcionario.
Especificó que los fondos fueron desviados a través de ONG y empresas constructoras contratadas para financiar subrepticiamente obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencia.
Citó que entre marzo y junio de 2022 la unidad coordinadora de proyectos del IP contrató dos ONG (Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras y la Asociación Ayudando con Amor) por un monto de más de 150 millones de lempiras sin que se haya entregado a la Sefin la liquidación de esos fondos.
El tercer fideicomiso denunciado fue el de Vida Mejor, constituido en una cuenta del Banco Central de Honduras, ejecutó entre 2014 y 2022 más 38 mil 500 millones de lempiras monto que originó del decreto que aumentó el Impuesto Sobre Venta del 12 al 15 %.
El cuatro fideicomiso, el de Invest-H ejecutó entre 2018 y 2022 más de 8 mil 500 millones de lempiras provenientes del impuesto a los combustibles. Con estos recursos se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles por más de 1 mil 100 millones de lempiras.
El ministro Ocho expuso que de los 82 fideicomisos, entre ellos los cuatro en mención manejaron de forma directa y sin intervención de los órganos contralores del Estado alrededor de 95 mil millones de lempiras.
La denuncia del funcionario fue acompañada de oficios, resoluciones, actas de comités técnicos, informes de liquidación, transferencias y listado de empresas y ONGs contratadas por los fideicomisos.
Es importante mencionar que en septiembre de 2023, el entonces titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, no presentó ninguna prueba contra el Cohep que pueda tener nexos con el narcotráfico y ser el brazo político del BOC, tal como había prometido cuando se presentará al Ministerio Público y únicamente hizo señalamientos contra cuatro empresas a las que acusa de utilizar los regímenes fiscales aprobados por el ordenamiento jurídico del país. JS
