La reciente sustracción y robo de 158 kilos de cocaína que estaban bajo custodia de las Fuerzas Armadas de Honduras en el tercer batallón de infantería de Naco, Cortés, en el norte del país, no debe ser un asunto que deba tomarse a la ligera y que tampoco se salde con un comunicado, un par de declaraciones oficiales y el anuncio de una tibia investigación por parte del Ministerio Público.
Este es un asunto gravísimo que expone los dispositivos de seguridad interna y mancha la imagen de la institución armada hondureña, que a pesar de lo ocurrido en 2009 con el golpe de Estado y la sumisión y connivencia que mostraron muchos jefes castrenses en la administración de Juan Orlando Hernández, sigue gozando de un nivel aceptable de confianza entre el pueblo hondureño.
La desaparición de esa importante cantidad de droga y su sustitución por paquetes de harina en las narices de decenas de oficiales y soldados de la custodiada unidad militar es inaceptable y no tiene precedentes, porque se supone que los protocolos militares y los niveles de seguridad de un batallón son sumamente estrictos.
Para que esa situación irregular haya ocurrido tuvo que tejerse y montarse todo un operativo que involucró a muchos actores internos, desde oficiales, mandos intermedios y efectivos de tropa que se supone se habrían encargado de sustraer la droga, esconderla, montarla en vehículos, pasarla por los retenes y sacarla de la unidad militar sin ningún tipo de obstáculos. Francamente es inimaginable e inconcebible que dos soldados suspendidos por este hecho, como reveló el jefe castrense, Roosevelt Hernández, hayan burlado toda la vigilancia y controles para trasladar la droga fuera de los predios militares.
Según investigadores y expertos en inteligencia consultados, es muy probable que los 158 paquetes de la droga no se quedaron en Honduras sino que siguieron su tránsito hacia los Estados Unidos y también es muy posible que los propietarios de la cocaína pertenezcan a una estructura criminal dedicada al trafico de estupefacientes, quienes utilizaron y pagaron a sus contactos militares para sacarla del batallón.
Los detalles sobre este irregular hecho son escuetos debido a que la institución armada ha manejado la información con estricta confidencialidad como es su política institucional y lo poco que se conoce es lo publicado por el Ministerio Público en un comunicado en el que se detalla que están siguiendo dos lineas de investigación.
Según la información proporcionada por las Fuerzas Armadas al Ministerio Público, la droga fue sustraída entre noviembre de 2023 y enero de 2024, mientras la mayoría de los efectivos del batallón se encontraban en un ejercicio militar en el departamento de Gracias a Dios. Pero llama poderosamente la atención que la denuncia se interpuso hasta marzo de este año.
Luego de una inspección realizada por los fiscales del MP el pasado 1 de marzo de 2024 se pudo contejar que de los 235 paquetes decomisados en abril de 2016 en Trujillo, Colón, 141 de ellos, fueron sustituidos por harina, otros 17 kilos fueron robados y 77 kilos quedaron con aparente pureza en la bodega del batallón.
Con esta escueta información a mano inmediatamente saltan las siguientes interrogantes: ¿por qué la droga incautada fue enviada a un recinto militar en Naco, Cortés, y no al almacen de evidencias del Ministerio Público? ¿por que se informó tan tardiamente al MP del hecho si el robo ocurrió cinco meses antes? ¿Por qué la droga no fue incinerada y dejaron pasar casi ocho años bajo custodia de los militares? ¿por qué las Fuerzas Armadas no trasladaron la droga al MP como corresponde en la cadena de custodia? ¿A quien se pretendió proteger dejando pasar el tiempo y permitiendo eliminar y borrar evidencias? ¿que medidas se tomaron con los responsables del batallón? ¿están vinculados los responsables a una estructura criminal?
En fin, son muchas más las dudas y las interrogantes que quedan flotando en el ambiente, y que la cúpula de las Fuerzas Armadas deberá responder a la sociedad hondureña, ávida de respuestas convincentes y no de evasivas y declaraciones justificatorias para lavarle la cara a una institución, que en el pasado ha tenido a muchos de sus miembros implicados en actividades del narcotráfico.
Hay que recordar que la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas hondureñas no es algo nuevo, pues ha sido un problema recurrente desde las décadas de 1980 y 1990, agravado por la corrupción, la inestabilidad política y la influencia de carteles internacionales, especialmnete colombianos y mexicanos.
En las últimas dos décadas surgieron múltiples escándalos que implicaban a altos mandos militares y políticos en actividades de narcotráfico, hechos que fueron ampliamente expuestos en los juicios en Nueva York contra el exdiputado Juan Antonio Hernández y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, quienes utilizaron la estructura militar y se coludieron con muchos uniformados para sus actividades ilícitas.
A pesar de los tibios esfuerzos para combatir la corrupción y el narcotráfico, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad de Honduras siguen enfrentando desafíos significativos en esta materia. Este último hecho refleja que la influencia del narcotráfico y la corrupción sistémica continúan siendo problemas graves que socavan la gobernabilidad y la seguridad del país.
Es por eso que la sustracción de estos 158 kilos de cocaina del batallón de Naco debe despertar las alarmas en toda la sociedad y en la instituciones encargadas de combatir el delito porque denota que el problema de la corrupción y la penetración de narcotráfico siguen estando presentes y vigentes en los cuerpos de seguridad del Estado.
La presidenta Xiomara Castro, que ostenta por mandato constitucional la comandancia general de las Fuerzas Armadas, no puede soslayar el tema y llamarse al silencio, como responsable de la seguridad y la defensa del país debe llamar a los responsables, exigir respuestas y emprender acciones para acometer una verdadera y amplia depuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino seguimos en lo mismo.
