Tegucigalpa- El Ministerio Público logró sentencia de comiso en el proceso de privación de dominio contra los titulares de derecho Jesús Wilfredo Cerna Ordóñez y Nancy Johana Bertetty Gary, sobre tres bienes y tres empresas ligadas al desfalco del que fue objeto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de una vivienda en la primera etapa de la residencial Roble Oeste, bloque 2, casa 4, sector sur de la capital, un lote de terreno en el mismo sitio y en un vehículo Volkswagen del año 1956, así como las sociedades mercantiles Metro Cuadrado Inmobiliaria S. de R.L, Constructora Metrópolis S.A. y Distribuidora Técnica de Productos Médicos S.A. (DITECPROME).
De acuerdo a las investigaciones, Jesús Wilfredo Cerna Ordóñez (prófugo de la justicia) y Nancy Johana Bertetty Gary (prima de José Ramón Bertetty Osorio) están relacionados al denominado caso «Empresas Fantasmas-IHSS», cuyo lavado de activos ascendió a los casi 300 millones de lempiras.
Según el Ministerio Público, Jesús Wilfredo Cerna Ordoñez para el periodo 2010 – 2014 se benefició con fondos debitados de las cuentas registradas a nombre de sus empresas de portafolio, las que a su vez percibieron valores ilícitos erogados a través de débitos de las líneas de crédito en el sistema financiero nacional a nombre del IHSS.
Asimismo, se constató que Cerna Ordoñez fue también favorecido de valores erogados de otras empresas vinculadas al descalabro millonario al IHSS, con el fin de obtener beneficios personales, al igual que se coludió con las autoridades de esa instituto de previsión, uno de esos casos fue la construcción de un muro perimetral en un bien inmueble a nombre del exgerente administrativo y financiero, José Ramón Bertetty Osorio.
En torno a las tres empresas, el MP lo que solicitó fue su nulidad e inscribió la medida de aseguramiento ante el registro mercantil, mientras que en caso de la vivienda, el terreno y el vehículo, los cuales se incautaron en acciones emprendidas por la Sección de Lavado de Activos y Privación de Dominio de la FESCCO y el Departamento de Delitos Contra la Administración Pública de la ATIC, los mismas ahora pasan al Estado.
