Tegucigalpa– Han pasado 16 meses desde que se aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas, y aún sigue sin ser aplicada en su totalidad ya que está en proceso la elaboración de su reglamento y política pública, asimismo, urge el desembolso de su presupuesto para que la comisión multipartidaria pueda apoyar a las víctimas.
-Son 150 millones de lempiras designados para atender a las víctimas de desplazamiento forzado.
-Honduras necesita acciones concretas para la aplicación de acciones efectivas en beneficio de las personas desplazadas por violencia.
-Familias desplazadas buscan mejorar sus vidas y toman ruta migratoria.
El Congreso Nacional aprobó en diciembre de 2022, la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas internamente con la finalidad de responder al desplazamiento interno.
Según datos de la unidad de desplazamiento forzado del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), más de 10 mil personas se desplazaron por violencia en el país en el período de 2009-2022.
De las 10 mil personas, hay 132 casos que fueron objeto de reclutamiento forzado, la mayoría para cometer actos delictivos, sea como informantes, sicarios, extorsión, transporte de droga o como parejas sentimentales.
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Aplicación de la ley es importante y se trabaja en ello
El viceministro de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, en conversación con Proceso Digital dijo que tras la publicación de la Ley se inició con el proceso de creación de la comisión multipartidaria misma que se ha reunido tres veces.
Agregó que esta semana están convocados para continuar y ver los avances en el proceso de la elaboración del reglamento, de las políticas públicas ya que una vez realizada y socializada, el Congreso Nacional podrá hacer el desembolso para que se pueda aplicar la ley en su totalidad.
Sostuvo que esperan que a finales de mayo ya esté todo establecido para favorecer a las víctimas de desplazamiento forzado.
Añadió que pese a que sólo se haya aprobado la ley, las víctimas si se están atendiendo con programas que ya estaban establecidos con entes internacionales.
En ese sentido, desde que el Congreso Nacional aprobó la ley se han atendido un total de 92 casos, más de 400 personas entre mujeres, hombres, ancianos y niños.
“Estamos trabajando en todo lo que se pide para la aplicación en su totalidad de la ley que es importante para favorecer a las víctimas de este flagelo, pero también se están apoyando a migrantes retornados para reinsertarse a la sociedad y brindarles la protección necesaria”, apuntó.
Agradeció a los medios de comunicación que están pendientes de la aplicación de tan importante ley que vela por personas que se sienten desprotegidas y atacadas por el crimen organizado.
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Urge la ley y el desembolso presupuestario
La encargada de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Elsy Reyes, dijo a Proceso Digital que todas las comisiones a través de la comisión interinstitucional trabajan en el reglamento interno, pero urge el desembolso presupuestario para atender víctimas.
Sostuvo que la Ley también obliga al Estado a establecer una política pública para afrontar el tema a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Ministerio de Derechos Humanos.
“Si ha habido un avance, pero la implementación de la ley es un reto y debe de ser socializada con todas las instituciones y sociedad que todavía no la conocen”, argumentó.
Agregó que la misma ley establece un fondo de 150 millones ya aprobado por el Congreso Nacional, pero los fondos todavía no son desembolsados.
El presupuesto se necesita en dos vías; una para brindar asistencias humanitarias a las personas desplazadas forzadamente y la otra para brindar recursos a las personas como medio de vida una vez que ya estén reubicados y en lugares seguros y que puedan generar un medio para subsistir.
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Se trabaja en el reglamento
La Ley de Desplazamiento Forzado tiene el objetivo de prevenir el desplazamiento interno, atender, proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, detalló a Proceso Digital la ministra de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Lizeth Coello.
Agregó que esta ley está vigente desde el año pasado y actualmente se está trabajando en su reglamentación, pero se está aplicando.
Sostuvo que a la SENAF, como ente rector en materia de niñez, le compete aplicar la ley en tema de protección a la niñez en casos de desplazamiento o riesgo por desplazamiento.
“Al identificar un riesgo de desplazamiento forzado, se activa la parte preventiva, se dictan las medidas de protección que corresponden para poder evitar que los niños y niñas puedan ser desplazados, reclutados o cualquier otra situación que genere un desplazamiento forzado”, explicó.
Añadió que cuando hay un caso de familias completas con riesgo de desplazamiento lo que se realiza desde la SENAF es remitir a las instituciones que puedan brindar medidas de protección a todo el núcleo familiar, pero siempre que hay menores de edad involucrados, la SENAF tiene que darle seguimiento al caso.
20 casos se han atendido este año
Detalló que el año pasado en la Oficina Regional Centro Oriente se atendieron 45 casos de desplazamiento forzado y en lo que va de este año se han atendido más 20 casos de niños y niñas con edades entre 8 y 17 años de edad y algunos de ellos ya están con una medida de protección.
La Ley de Desplazamiento Forzado continúa socializándose con el personal de las oficinas regionales del SENAF para que los funcionarios tengan el conocimiento para identificar un caso de desplazamiento y aplicar el protocolo establecido en esta ley.
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Honduras tiene grandes desafíos
Por su parte, la exfiscal de la Niñez, Nora Urbina, dijo a Proceso Digital que en los últimos meses la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con otras instancias obligadas de acuerdo a la ley se han estado reuniendo para llevar acciones efectivas en beneficio de las personas desplazadas por violencia.
“Sabemos que son casi 200 mil personas las que son desplazadas por violencia, en el caso de niñez yo puedo asegurar porque lo hemos visto en casos de muchos niños que por captación forzosa que hacen los grupos organizados han tenido que desplazarse internamente irse de una región a otra”, manifestó.
Agregó que muchos jóvenes o menores buscan la ruta migratoria para poder salvaguardar sus vidas ante las amenazas que son objeto.
En ese sentido, apuntó que Honduras tiene grandes desafíos, debe de disponer recursos para poder dar esa respuesta a estas personas que son víctimas de desplazamiento forzado. IR
