Tegucigalpa – Al finalizar la audiencia para la homologación para un acuerdo de conciliación que tramitó la defensa técnica de la diputada Sara Ismela Medina Galo, por el caso Pacto de Impunidad, el juez que conoce el caso programó para la próxima semana el fallo correspondiente.
La resolución se llevará a cabo el martes 13 de agosto a las 2:00 PM, en virtud que el Juez de Letras designado para conocer el proceso hasta hoy recibió el acuerdo de homologación que llevó la imputada con la representación de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía pidió que no se lleve a cabo el acuerdo de conciliación, por lo que el juez en garantías del debido proceso será hasta el próximo martes que dictará el fallo.
El MP alega que la conciliación incluye una participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y que éstos no están legitimados para asumir conciliación por este delito, en vista que aún no finaliza la causa que provocó daños a la sociedad.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva dijo que las partes procesales ya fueron notificadas.
La Fiscalía igualmente señala que existe un convenio entre la PGR y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) para que no existan convenios de conciliación por algunos delitos.
En tanto, la defensa alega que no existe fraude porque la PRG fue víctima como parte y la ley la ampara cumpliendo los requisitos para que participe en la conciliación.
Por el delito de falsificación ya han existido acuerdos de conciliación en otros casos, señala la defensa técnica de la imputada.
El 23 de enero, la justicia hondureña determinó dictar sobreseimiento definitivo para el diputado Antonio César Rivera Callejas, en tanto para su colega Sara Medina se decretó auto de formal procesamiento por falsificación de documentos.
Relación de hechos
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción, determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
Sin embargo la MACCIH y UFECIC-MP consideran que la fe de erratas contiene modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal.
