Tegucigalpa – Cuando apenas se cumple el primer año de la asunción del actual pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se produce un cisma por la decisión de su titular, Rebeca Ráquel Obando, en el sentido de romper el orden de precedencia en la rotación de las salas que componen ese poder del Estado.
– ¿Qué situaciones están por conocerse en el periodo 2024-2025 en la Sala de lo Constitucional?, reflexionó el abogado Gustavo Solórzano para provocar la escisión.
Pese a que hace apenas unas semanas, la mismísima presidenta Ráquel Obando tranquilizó los rumores asegurando que la rotación de las salas seguiría su curso tal como lo manda la normativa vigente, esta promesa fue quebrantada al conocerse que las mismas serían conformadas irrespetando el orden de precedencia que prometió respetar.
Un grupo de cinco magistrados, de filiación nacionalista, dispararon las alarmas al adelantar que se fraguaba un golpe al Poder Judicial y que no se respetaría el orden en la rotación de las salas.
Fue la crónica de un golpe a la Sala Constitucional anunciado, que agregó más capítulos con reacciones de rechazo desde sectores políticos, judiciales y civiles del país.
La noticia que corrió a manera de rumor fue confirmada por la titular de la CSJ, quien -incluso- se jactó en su red social de X que “como manifesté anteriormente y en aras de acabar con la suspicacia generada, se ha decretado la rotación de las salas atendiendo el reglamento interno reformado el 17 de febrero de 2023”.
Según Ráquel Obando, las salas continúan integradas de la misma manera como se aprobó en la fecha citada, manteniendo el normal funcionamiento que se ha venido desempeñando.
El oficio publicado detalla la conformación de las salas: (Constitucional) Wagner Vallecillo -presidente-, Luis Padilla, Francisca Villela, Isbela Bustillo y Sonia Dubón; (Civil) Gaudy Bustillo -coordinadora-, Rubenia Galeano y Milton Jiménez; (Penal) Nelson Mairena -coordinador-, Mario Díaz y Walter Miranda; (Laboral) Anny Ochoa, Odalys Nájera y Roy Pineda.
Las reacciones no se hicieron esperar y los cinco magistrados que advirtieron esta situación pidieron que las rotaciones y la precedencia sean nombradas por el pleno de la CSJ.
Los magistrados: Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbela Bustillo, Anny Belinda Ochoa, Walter Raúl Miranda Sabio y Gaudy Bustillo, advirtieron que no aceptan el contenido del oficio enviado por Ráquel Obando.
“Solicitamos respetuosamente que la precedencia de la Sala Constitucional y Civil referida en el oficio 62-2024 sea sometido a aprobación del pleno, en virtud que el mismo adolece de errores de forma y de fondo”, cita la carta enviada a la presidenta de la CSJ.
De su lado, la magistrada Gaudy Bustillo, notificó que declinará a la coordinación de la Sala de lo Civil bajo un mecanismo ilegal.
Indicó que la propuesta debe ser sometida y aprobada por el pleno de magistrados de la CSJ para garantizar el principio de legalidad.
Casi a manera de respuesta, el magistrado de lo Civil, Milton Jiménez y su homólogo de lo Penal, Mario Díaz, defendieron la rotación de las salas ordenado por la titular de ese poder del Estado.
“La reforma fue aprobada unánimemente, en el acta consta la firma de los 15 magistrados que esa misma noche fuimos electos, y se aprobó a propuesta de un magistrado, que me reservo su nombre, fue avalado por el Partido Nacional”, apostilló Milton Jiménez.
De su lado, el magistrado Mario Díaz justificó que todos los jueces supremos van a rotar en algún momento, “en la Corte no hay autogolpe, las salas siguen constituidas”.
Cronología
El 17 de febrero de 2023 -hace exactamente un año- después de intensas negociaciones políticas se logró nombrar el pleno de magistrados de la CSJ vigente para el periodo 2023-2030.
Luego de la primera reunión de pleno se determinó que Rebeca Ráquel Obando dirigiera ese poder del Estado, en tanto se designó la integración de las cuatro salas.
En la Sala Constitucional quedaron: Sonia Marlina Dubón, Francisca Villela, ambas del Partido Libre; Wagner Vallecillo, del Partido Liberal; y por el Partido Nacional, Isbela Bustillo y Luis Fernando Padilla.
La Sala Laboral quedó constituida por los magistrados: Roy Pineda Castro (Libre), Anny Belinda Ochoa (PN) y Odalis Aleyda Nájera (PL).
En tanto, la Sala de lo Civil, quedó conformada por: Rubenia Galeano (Libre), Gaudy Alejandrina Bustillo (PN) y Milton Jiménez Puerto (PL).
Y la Sala Penal se integró con los altos jueces: Mario Díaz (Libre), Walter Raúl Sabio (PN) y Nelson Mairena (PL).
Apenas un año transcurrió para irrumpir la tranquilidad del pleno acordado por el tripartidismo y que de momento no ha enfrentado algún tema sensible para los intereses políticos y de nación.
Todo lleva algo implícito
El aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, planteó que existe un interés implícito detrás de romper el orden por precedencia en la rotación de las salas.
En su análisis esbozó que se designa al magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala Constitucional (única sala en tener cinco magistrados que la integran), y en caso de no aceptar surge un vacío dentro de la normativa interna del Poder Judicial.
Lo anterior, en vista que la norma manda una rotación anual y al no asumir el magistrado Vallecillo se podría por parte de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, resolver que continúe en forma interina la magistrada Marlina Dubón, lo que generaría una crisis de gobernabilidad en el Poder Judicial, un tema delicado y que debe de verse con la importancia del caso, según las valoraciones de Solórzano.
En su planteamiento, el profesional del derecho refiere que en el caso que el magistrado Wagner Vallecillo acepte el nombramiento como presidente de la Sala Constitucional, traerá serios cuestionamientos en cuanto a la forma cómo asume y no haber respetado el orden de precedencia que se manda conforme al acuerdo de fecha 17 de febrero de 2023.
En tanto -describe Solórzano- se aprecia que una de las intenciones es que aquellos magistrados que han sido designados con afiliación al Partido Nacional no puedan ejercer la presidencia de la Sala de lo Constitucional más que en una sola ocasión, esto en virtud que los únicos que repiten en la presidencia de esta sala son los dos primeros que iniciaron, en este caso la magistrada Marlina Dubón y quien asuma en el 2024, lo cual a la fecha no se conoce por la falta de aceptación expresa de Vallecillo.
La no rotación de la Sala de lo Constitucional genera incertidumbre y plantea la interrogante: “¿Qué se conoce o qué se conocerá en la Sala de lo Constitucional que ha generado el interés real para que no asuma un magistrado que se considera de la oposición política?”, cavila el aspirante a dirigir el Colegio de Abogados.
Crisis permanente
A criterio del defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, el Poder Judicial se viene enfrentando desde hace tiempo al problema de que no existe separación entre las funciones judiciales como tal y las funciones administrativas.
“Desafortunadamente hay que recordar que pese a que se le hizo una reforma a la Constitución para que se incluyera la creación de un Consejo de Judicatura y de la Carrera Judicial, desafortunadamente se creó ese consejo, se nombraron las personas, pero se nombraron violentando la propia constitución y la propia Ley”, refirió.
Mejía recordó que la Sala Constitucional anterior declaró la ley que creaba ese consejo como inconstitucional y que quienes fueron miembros consejeros de ese consejo, en vez de cumplir con ese trabajo de garantizar estabilidad laboral “lo que se hizo fue una repartición de cargos y se metió gente de dedo al Poder Judicial”.
En ese sentido, indicó que la Corte Suprema de Justicia debe dedicarse exclusivamente a la función judicial, a administrar justicia y el Consejo de la Carrera Judicial debe dedicarse a todo lo que tiene que ver con personal, por tanto, concluyó Mejía “esto no es una nueva crisis, es una manifestación de una crisis permanente que viene arrastrando la institucionalidad pública en el país”.
Mejía también considera que todas las instituciones del Estado están condicionadas por la Constitución de la República y por las leyes y cada una les corresponde sus propios reglamentos.
“La pregunta que debemos hacernos es si estas rotaciones que se han anunciado vulneran o no ese reglamento”, dijo al agregar que no vulneran la Constitución porque ésta no establece cómo deben hacerse las mismas.
Entonces, para Mejía “una cosa es que uno pueda decir éticamente es cuestionable que lo hayan reformado”, y en este caso, apuntó que también es de preguntarse si las reformas que hicieron por unanimidad el año pasado han permitido que estas rotaciones se den de esta manera”, afirmó.
Algo nunca visto
Lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia denota que no hay una corte descontaminada de la política, y nunca antes se había visto, expuso el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
“Nunca había visto una alteración en las rotaciones ni en la precedencia de la Sala de lo Constitucional”, hasta en esta Corte.
Según el profesional del derecho, esto da un mal sabor de boca porque lo que se quiere es una CSJ que se dedique a impartir y administrar la justicia “y no lidiar con problemas de carácter político o interpretaciones antojadizas a lo interno de la Corte”.
Lamentó que internacionalmente Honduras, sigue siendo mal vista porque esto viene a crear un tremendo problema a nivel de estado de derecho, ya que se percibe que hay una CSJ, contaminada por la política y que no es imparcial, sino que obedece a intereses políticos.
De igual forma, es lamentable que haya personas que unilateralmente y de manera dictatorial quieran hacer su voluntad, cuando la CSJ debería ser un santuario de justicia que vele por la seguridad de la población, zanjó.
Finalmente, opinó que como siempre el país es el más perjudicado en su economía ya que nadie quiere venir a invertir en un Estado, donde no hay seguridad jurídica.
Vergonzoso y arbitrario
“Es vergonzoso e indignante lo que está ocurriendo en el seno de la Corte Suprema de Justicia, puesto que obviamente se está como repitiendo el autoritarismo y la arbitrariedad muy similar a la crisis del Poder Legislativo”, expresó la abogada Ruth Lafosse.
Dijo que es inaudito e inaceptable lo que ocurre en el Poder Judicial tras alterarse el orden de la coordinación de las salas avalado por la presidenta Rebeca Ráquel Obando.
Desde el exterior el país, pronunció que el actual pleno salió a raíz de un examen exhaustivo por parte de la Junta Nominadora, dentro de los cuales se consideraba era lo mejor y sin influencias políticas marcadas.
Lafosse cuestionó que la actuación de Ráquel Obando pone en duda su integridad como alta jueza de la República.
“Esta conducta trae como consecuencia la violación al valor del voto de cada magistrado poniendo autoritariamente el voto de un solo magistrado, consecuentemente usurpa las funciones del pleno de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.
La constitucionalista arguyó que el voto de cada magistrado tiene el mismo valor, ninguno es más que otro. (PD)
