Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este viernes que presentó un recurso de apelación en contra de la medida de sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
El exmandatario hondureño fue sobreseído por el delito de fraude.
Asimismo, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes Sociales (Uferco) solicitó a la Corte de Apelaciones que dicte auto de formal procesamiento contra Lobo Sosa por fraude y el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, por violación de los deberes de los funcionarios.
Wilfredo Cerrato y la exgerente administrativa de la Secretaría de Finanzas, Lilia María Bográn Rivera, fueron sobreseídos de manera provisional por el delito de fraude.
Sin embargo, ambos recibieron la medida de auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Cabe recordar que el 1 de febrero, un juez designado sobreseyó al expresidente y otros exfuncionarios por el sonado caso Pandora II.
Los otros imputados que recibieron la medida de sobreseimiento definitivo fueron el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Johny Handal; y el director de presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúñiga Barahona por fraude.
De su lado, el exgerente administrativo de la Secretaría de Finanzas, James Aldana, recibió auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Por este caso, está imputado el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) por los delitos de fraude y lavado de activos, no obstante, está a punto de someterse a un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados al narcotráfico.
Expediente
El expediente señala que estos exfuncionarios conformaron de 2010 a 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288 millones 016 mil 175 lempiras.
Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
La acusación señala que el expresidente Juan Orlando Hernández recibió el financiamiento para su campaña política de 62 millones de lempiras para el proceso electoral 2023.
Los fondos procedieron de los desembolsos de las instituciones públicas a las fundaciones, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Mientras que Porfirio Lobo Sosa tuvo participación directa al autorizar el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenarlas, según las investigaciones del Ministerio Público. AG
