Nicaragua – A partir del año 2024, los nicaragüenses no podrán disponer libremente de sus propiedades, ya que tendrán que solicitar una autorización a la PGR para venderlas, alertó el analista político Eliseo Núñez.
Esta nueva acción del régimen orteguista, que supone el control sobre la propiedad privada, es una práctica que ha venido ejecutando la dictadura de Daniel Ortega.
En Nicaragua, recientes medidas gubernamentales han puesto en el centro de atención el principio de la propiedad privada, generando controversia y preocupación entre los propietarios y la sociedad en general.
Uno de los cambios más significativos es la introducción de la obligación de que cada propietario solicite autorización a la Procuraduría General de la República antes de vender su propiedad. Aunque oficialmente entrará en vigor en 2024, ya se está aplicando de facto.
A partir de enero de 2024, se implementa un proceso de confiscación masiva en Nicaragua que afecta directamente a las Computadoras de Registro Público, trasladándolas a la Procuraduría General de la República (PGR). Se establece que solo se permitirá la consulta a propietarios, excluyendo a los Apoderados Generales Judiciales.
Para llevar a cabo trámites de Certificaciones Registrales, se exige que el Poder General Judicial cuente con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante una constancia que verifique que el Notario Autorizante y el Abogado designado como Apoderado están habilitados para ejercer sus funciones. Cualquier propiedad destinada a ser vendida o transferida, incluso por donación, deberá contar con la autorización de la PGR mediante una constancia que permita su traspaso. Además, la Dirección General de Ingresos (DGI) impondrá al Notario Autorizante el Impuesto sobre la Renta de Retención Profesional y/o el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las tierras ubicadas en las regiones autónomas de la Costa Atlántica y en propiedad de las alcaldías no pueden ser objeto de venta sin la previa autorización del gobierno. Pasan todas al poder administrativo de la PGR.
Estos cambios responden a diversos objetivos:
• Prevenir la Fuga de Capital: Se busca evitar la venta masiva de propiedades por parte del empresariado nicaragüense, asegurando el control y la retención de activos en el país.
• Restringir Beneficios a Opositores: Con el objetivo de limitar los beneficios económicos a opositores que participaron en las protestas de abril de 2018, se implementan medidas que restringen la disposición de sus bienes.
• Incremento de Recaudación: Además de imponer moras, tanto el comprador como el vendedor deberán abonar el 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta, lo que contribuirá al aumento de la recaudación fiscal.
Este requisito, según fuentes en el régimen, tiene la intención de fortalecer el control sobre las transacciones inmobiliarias y garantizar un aumento en la recaudación de bienes inmuebles.
Entre las justificaciones esgrimidas se encuentra la necesidad de regularizar la situación de terrenos de reforma agraria, cuyos derechos de propiedad no están claros, así como abordar el no pago de impuestos asociado a estas propiedades.
Sin embargo, críticos de la medida señalan que esta restricción afecta no solo la eficiencia del mercado inmobiliario sino que también introduce un componente de control político.
Solo los propietarios, y no sus apoderados, podrán gestionar estas autorizaciones, recordando prácticas pasadas que, en la década de 1980, confiscaron propiedades a aquellos ausentes por motivos políticos o económicos.
El aspecto más preocupante para algunos es el potencial uso de esta regulación como herramienta política. Aquellos considerados opositores al régimen podrían enfrentar bloqueos y obstáculos para cualquier transacción relacionada con sus propiedades.
El control sobre la propiedad privada se percibe como una medida más para aumentar el control social y limitar la autonomía de los propietarios.
El abogado opositor y miembro del grupo Monte Verde, Eliseo Núñez, denunció en sus redes sociales esta medida «es decir no podrás disponer de tus bienes inmuebles si no te autoriza el régimen Sandinista, así de sencillo: ya no podes disponer de tu propiedad libremente».
«De implementarse esta medida de control sobre la propiedad privada, no persigue un objetivo confiscatorio sino que busca aumentar el control social sobre todos los propietarios. Por ejemplo, si sabes que necesitarás una constancia de la Procuraduría General de la República para disponer de tu casa, y sabes que está en manos del FSLN, no te atreverás a hacer cosas que molesten al régimen, porque cuando quieras disponer de tu propiedad, ya sea para una hipoteca o una venta, si te consideran opositor, la PGR te negará ese permiso», dijo Núñez a 100% Noticias.
Este nuevo panorama plantea preguntas sobre la naturaleza del derecho a la propiedad privada en Nicaragua y sus implicaciones para la libertad individual y la estabilidad económica.
La combinación de restricciones a la transacción y un posible aumento de impuestos sobre las propiedades sugiere un cambio significativo en el equilibrio entre el Estado y los propietarios en el país.
En un contexto más amplio, estas acciones del gobierno nicaragüense también generan comparaciones con los principios de propiedad privada en gobiernos liberales democráticos, donde se busca proteger y fomentar la autonomía individual y la economía de mercado.
La creciente carga impositiva y las restricciones a la propiedad privada plantean desafíos significativos para la inversión y el bienestar económico en Nicaragua, lo que destaca la necesidad de un debate público informado y transparente sobre estas medidas y sus implicaciones a largo plazo. PD
