Tegucigalpa – La Red de Defensa por la Democracia (RDD) recomendó que a futuro la Junta de Proponente (JP) para la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto debe asegurar la publicación de todas sus acciones y decisiones, sin omisiones.
En ese sentido señaló la importancia que la Junta Proponente publique las Cartas de Compromiso Ético o en su defecto las razones porque no lo hicieron los integrantes que no la suscribieron.
También piden que la JP publique todas las resoluciones que expliquen la expulsión de los candidatos, así como la elaboración y publicación de un informe final de las actuaciones administrativas y financieras de la Junta, para mejorar la rendición de cuentas.
La RDD pide también que se implemente mecanismos de mejora de la participación ciudadana, que vaya más allá de del solo respeto a la igualdad y no discriminación, a fin de fomentar la participación de grupos históricamente vulnerados.
En cuanto a la normatividad, el Primer Informe de Veeduría al proceso de elección del Fiscal General y Adjunto para el Ministerio Público 2023-2028, publicado por la RDD, destaca que para garantizar los procesos de selección y elección gocen de una legitimidad se debe contar con una Ley que regule las elecciones de segundo grado, en el caso del Fiscal General y su Adjunto, a fin que la Junta Proponente evite discrecionalidad al estar encargada de crear y aplicar su propio marco jurídico.
En sus conclusiones recogidas en su I Informe, la Red por la Defensa de la Democracia destaca que en materia de Transparencia y publicidad la JP omitió la publicación de dos resoluciones de exclusión de candidatos, así como la firma y publicación de las Cartas de Compromiso Ético de sus integrantes, la publicación del informe final de las actuaciones de la JP y la del destino de los fondos no ejecutados.
En asuntos de Meritocracia y capacidad, el informe señala que los documentos deben contar con la medición de todas las capacidades y aptitudes que requiere el puesto a ocupar, así como mantener la armonía, a fin de permitir una evaluación objetiva e igualitaria.
En cuanto a Igualdad y no discriminación la RDD señaló que la Junta proponente utilizó mecanismos de igualdad en el proceso de selección de los candidatos a fiscal, pero detalló que no se implementó nuevas prácticas de inclusión y participación.
En lo referente a la Participación ciudadana, el informe apuntó que los mecanismos implementados permitieron mayor credibilidad al proceso, destacando los acercamientos con sociedad civil y diferentes actores interesados en el proceso.
