Tegucigalpa – Han pasado seis días desde que debió ocurrir la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en el hemiciclo del Congreso Nacional, pero la sesión que se abrió el 29 de agosto se suspendió al no haber consensos. Siguieron tres intentos más cuando se reanudaron los esfuerzos el jueves 31, pero con el mismo resultado. Desde ese día no se ha mostrado certeza de reanudarse el debate para elegir a las cabezas de la Fiscalía, en tanto políticos y sectores interesados plantean salidas de puertas falsas al margen de lo dispuesto en la Constitución de la República.
– El exfiscal Edmundo Orellana sugiere que se aparten de la votación para elegir al Fiscal los que son investigados por el MP y en su lugar se nombren a suplentes. En el caso de Edgardo Casaña y Rasel Tomé, con ellos no abarca su recomendación porque ese es otro tema, dijo.
La sesión parlamentaria que debió convocarse para este martes dejó esperando a los 128 diputados que componen el pleno, mientras el titular del Legislativo enviaba mensajes que las fuerzas políticas seguían los diálogos aunque los jefes de bancadas en sendas declaraciones públicas afirmaron todo lo contrario.
Luis Redondo, jefe de la Cámara, dijo que podrían existir “sorpresas” en la elección de los dos altos cargos de la Fiscalía y señaló que aunque no se dialogue con los jefes de bancada, sí existían negociaciones con diputados por separado que están inconformes con la línea de partido.
El llamado “tilín, tilín” que fue inmortalizado por el difunto expresidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce y que se usaba para retratar a los diputados que recibían jugosas sumas de dinero por manifestarse a favor o en contra en votaciones trascendentales para la vida del país, sigue vigente, pese a que algunos jefes de bancada se ufanan en decir que los carros de valores es una historia que no se volverá a repetir en ese poder del Estado.
Asimismo, el debate político se ha centrado en distracciones sobre la legalidad del Fiscal Adjunto para continuar al mando en el ente acusador del Estado, así como teorías sobre la supremacía de una dirección como la UFERCO por sobre los poderes legalmente constituidos.
Igualmente, el globo sonda abarca una comisión legislativa para investigar las actuaciones de los exfiscales del MP. Expertos han reaccionado afirmando que el titular del CN no tiene esas facultades, únicamente el pleno.
Votación secreta
El excandidato presidencial y exdiputado del PINU-SD, Olban Valladares, dijo que se ha llegado a un punto en el que la ciudadanía está preocupada por el impasse generado en el CN sobre los disensos en la elección de las autoridades del MP.
Citó el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece que las votaciones se efectúan por medios electrónicos o levantando la mano. Además, estas pueden ser nominales o con consignación de nombre a solicitud de cualquier diputado aprobadas por el pleno y se debe tomar en orden alfabético de apellidos, comenzando alternativamente por la primera y por la última letra del alfabeto. Las votaciones serán privadas cuando así lo determine la Junta Directiva.
Mencionó que existe incertidumbre en la inversión y otras actividades de la nación ante la negativa de elegir un nuevo Fiscal en la Cámara Legislativa.
“Esas situaciones que ocurren en el Congreso tienen dos años de estarse repitiendo”, tachó.
Valladares mencionó que existe un antecedente sobre votación secreta en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hace unos años.
Dijo que al llevarse la votación secreta los diputados no se inhiben y mucho menos se exponen a represalias. “Lo que ocurre es que los diputados en el Congreso no son dueños de su voluntad, nunca han sido libres para expresar su opinión”, arguyó.
Pidió evitar el sectarismo en el hemiciclo legislativo y se pronunció a favor de los diputados que alzan la voz a la línea de su partido. “Llegamos a un tranque en la votación que no será fácil, y puedo apostar que volvemos a 10 sesiones y si siguen siendo abiertas, no va a haber manera de destramarla”, asistió.
Apartar diputados investigados y nombrar suplentes
Otra de las propuestas que surgió este martes fue la que sugirió el exFiscal General, Edmundo Orellana, en el sentido de que Luis Redondo aparte a los diputados investigados y en su lugar coloque a los suplentes para lograr la mayoría calificada que se necesita para elegir al próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto.
El exalto cargo de la Fiscalía, reflexionó que no se logran los acuerdos políticos porque no se quiere, al tiempo que expuso que el presidente del Legislativo, Luis Redondo tiene la solución aplicando la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
“Consiste excluir de la votación a los diputados imputados e investigados por el Ministerio Público porque de conformidad con la ley no pueden participar en la votación. Si él -se refiere a Redondo- excluye a estos individuos y colocan a los suplentes ahí, ya se tiene la mayoría calificada que se necesita, lo que pasa es que desafortunadamente aquí lo que menos hacemos es aplicar la ley”, esbozó.
El también exministro de Transparencia del actual gobierno, especificó que se trata de parlamentarios que están con procesos pendientes en los tribunales de la República. “Hay unos que están siendo investigados por el Ministerio Público, otros que están siendo procesados, y por supuesto esta gente está interesada en retrasar la elección del Fiscal”, indicó.
Sobre la inclusión en ese grupo de diputados a los condenados -con sentencia firme- Rasel Tomé y Edgardo Casaña, respondió que “no sé si ellos están pendientes de sentencia, me refiero a los que todavía no tienen sentencia porque de qué le va a servir a un Fiscal conocer un caso de alguien que ya está juzgado, hay una regla que dice que nadie puede ser procesado por el mismo caso”.
Acentuó que “Rasel Tomé y Casaña ya están sentenciados, esos no tienen nada que ver en el tema. De los que hablamos son los del Fondo Social Departamental que se robaron el dinero, a esos…”.
Propuso que sea el propio Ministerio Público el que elabore la lista de los diputados que no podrían participar en la elección y que la misma sea enviada al Poder Legislativo.
“Ya con la lista, el presidente del Congreso excluye de la votación a estos caballeros y que ponga a los suplentes y con ellos logra la mayoría calificada”, insistió.
Dijo que el Poder Legislativo debe abordar lo más pronto posible la elección de las autoridades de la Fiscalía. “Este es un tema que concierne a la seguridad jurídica. Necesitamos tener la certeza que los casos que están pendientes en materia criminal se lleven a los tribunales sin ningún atraso”, refirió.
En otro apartado, Edmundo Orellana citó que varios medios de comunicación serán investigados por la CICIH, ya que cambiaron publicidad por impuestos y nunca la transmitieron en sus espacios.
“Aquí hay involucrados empresarios, la sociedad civil que fueron utilizados para los casos Pandora y otros casos, estamos hablando que toda la sociedad en su gran mayoría está involucrada. Están involucrados los periodistas, medios de comunicación, hay un montón de gente, ese es el problema que tenemos una sociedad contaminada”, subrayó.
Redondo aplaude sugerencia de Orellana
El jefe del Legislativo aplaudió la sugerencia del exministro del gabinete de Xiomara Castro. “Tiene usted mucha razón, ya que hay muchos diputados que tienen conflicto de intereses y deberían de anunciar que se abstienen de participar”, expresó.
Especificó que una eventual exclusión de parlamentarios incluye a los que fueron investigados por el Ministerio Público, UFECIC-Ministerio Público, MACCIH-OEA y UFERCO, entre otras Fiscalías, y que están siendo procesados en este momento por actos de corrupción, todos deberían de hacerse a un lado.
El titular del Legislativo externó que “hago un llamado a los congresistas que tengan conflicto de intereses, por ser parte de distintas líneas de investigación, o sus familiares, de abstenerse de participar del debate y votación de los nuevos titulares del Ministerio Público”.
Redondo, investigado por MP
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, se unió al pedido del exfiscal Edmundo Orellana al presidente del Legislativo, Luis Redondo de apartar a los diputados investigados en la elección del próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto.
Sin embargo, la abogada agregó que esto debe aplicarse a todos los diputados que tengan “conflicto de interés” por estar siendo investigado por el Ministerio Público.
“Esa regla también se le aplica al presidente del CN que está siendo investigado por varios delitos”, observó la parlamentaria que señaló que “en los estados de derecho, la Ley debe ser aplicada a todos por igual y no hay excepciones”.
Consulta popular
De su lado, el vicepresidente del CN, quien además tiene una sentencia firme en su contra, Rasel Tomé, dijo que la Consulta Popular podría desenredar la trama de elección del Fiscal y su Adjunto.
La propuesta del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) surge ante la falta de consensos en el Congreso Nacional para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
“El Consejo Nacional Electoral nos ha dado una respuesta a esta posición que podamos implementar un mecanismo de plebiscito de acuerdo al artículo 5 de la Constitución y dice que se puede efectuar”, declaró Tomé.
Agregó que los consejeros del CNE le dijeron que tardarían cuatro meses para efectuar una consulta, además tendría un costo de 500 millones de lempiras.
Se puede poner una papeleta para preguntar cuál es la nómina que usted apoyaría para Fiscal General, sí o no, explicó el diputado de Libre en torno a su propuesta.
Aunque señaló que para hacer plebiscitos no se ocupa una reforma sólo se necesita un decreto legislativo, pero que se requiere 86 votos para su aprobación más un presupuesto.
En ese sentido, consideró más conveniente bajar los ánimos y llamar a las otras fuerzas políticas a lograr un acuerdo para elegir al Fiscal General de la nómina que mandó la Junta Proponente.
Forma perversa de manipular las leyes
Mientras, el abogado Juan Carlos Barrientos dijo que “hay gente que de forma perversa quiere manipular la ley, personas que a propósito han perdido el sentido interpretativo de una norma y lo tratan de acomodar a su mezquino interés político”.
Agregó que “hay un montón de gente que le gusta opinar y opinar sólo de temas que desconocen, inclusive hay abogados que sólo llevaron la clase de derecho constitucional en un semestre, pero no tienen maestrías, es como que haya médico general dando opinión sobre el corazón porque no es cardiólogo, o un otorrinolaringólogo, lo que está pasando que hay personas que están dando unas opiniones que lo dejan perplejo”.
Indicó que lo que está pasando es que los diputados no quieren ceñirse a lo que ya la Constitución establece y a la que misma ley establece.
El artículo 205 de la Constitución que es el que establece las atribuciones del Congreso Nacional le confiere esas atribuciones al Congreso y no al presidente del Poder Legislativo, ni a la Junta Directiva.
Señaló que cada vez que se va a emitir un acto legislativo se tiene que producir a través de un decreto y ese decreto tiene que pasar por los tres debates y por la aprobación de los legisladores.
Agregó que si se trata de una sesión ordinaria el decretó se debe de aprobar por 65 votos y si se trata de una norma constitucional se debe de aprobar por 86 votos.
“Mal hace el señor Redondo (Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional), en atribuirse él el nombramiento de juntas o comisiones investigadoras si esa facultad no la tiene él, la tiene el Congreso Nacional.
Recalcó que el Congreso Nacional sí tiene facultades de nombrar comisiones investigadoras para asuntos de interés nacional, pero es el pleno de la cámara y no el presidente.
“Me da no sé qué de Rasel Tomé, quien es abogado, que desconozca que para que en Honduras haya una consulta popular o plebiscito en primer lugar dice la Constitución en el artículo 5 que cuando se trata de temas constitucionales tiene que haber primero una moción de por lo menos 10 diputados, el presidente de la República o el 2 % de los ciudadanos inscritos en el último censo electoral y esa moción tiene que ser aprobada por 86 votos.
“Si ahorita no se pueden reunir 86 votos en la elección del Fiscal, como van a obtener los votos para aprobar un plebiscito”, arguyó.
Recomendó hacer una elección por separado, primero al Fiscal General y después al Adjunto. “La nominación de Marcio Cabañas es apoyada por la mayoría de los diputados por lo que la aproximación es fácil en tener un primer elegido, si los cinco tienen los méritos porque no meten los cinco nombres en una tómbola y sacan a los dos primeros y que sea el General y Adjunto, esto sería una solución ya que se mantiene estancado, Libre no tiene los votos necesarios, pero está empecinado en poner el Fiscal”. PD
