Washington.– La situación de los niños que, acompañados o solos, atraviesan a diario la frontera hacia EE.UU. sigue siendo el punto débil de la Administración de Donald Trump, que hace un año debió dar marcha atrás a la separación de familias y hoy lidia con los centros de detención abarrotados de pequeños.
Días después de que Trump amenazara con «deportaciones» masivas y encendiera el temor entre comunidades migrantes, su Gobierno debió encarar un nuevo caso que involucró a centenares de menores de edad que permanecen en un centro de detención de migrantes.
Un grupo de abogados denunció las penosas condiciones en que están los pequeños que, separados de sus padres, están en el centro de detención de Clint, cerca de la frontera texana con México, sin pañales, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes o comida adecuada.
Y pese a que no trascendieron fotografías, la denuncia recordó las imágenes difundidas hace unos meses de niños encerrados en jaulas en otro centro de Texas justo en medio de la polémica por la política de «tolereancia cero», que dio pie a la separación de niños cuyos padres fueran detenidos tras entrar ilegalmente al país.
Los activistas han denunciado que, pese a que hace un año se puso fin oficialmente a esa política del Gobierno, que implicaba separar a los menores de sus padres, las separaciones se siguen produciendo.
«Nuestro Gobierno en la frontera sur continúa destruyendo a las familias todos los días», dijo a Efe Nancy Goldfarb, directora de comunicaciones de la escuela de leyes de la Universidad de Columbia, quien narró que tuvieron la oportunidad de entrevistar a más de 60 pequeños que cruzaron la frontera desde México.
Goldfard lamentó que las familias de los niños que entrevistaron hayan sido separadas por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y advirtió que esta situación sucede «todos los días».
Y es que los niños que llegan solos a Estados Unidos o junto a un familiar o tutor se han convertido en el eslabón más débil de una política que Trump intenta endurecer, pero que choca con la realidad de miles que huyen de las condiciones de inseguridad y pobreza en sus países de origen, en su mayoría centroamericanos.
«Continuamos experimentando una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos, y la situación se vuelve más grave cada día», dijo a Efe un portavoz de la Administración para Niños y Familias (ACF), quien admitió que los menores, que en el papel tienen 72 horas para ser trasladados de los centros de la CBP, «están esperando demasiado tiempo» en esas instalaciones.
Para esta agencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por su sigla en inglés), esto «es un resultado directo del número sin precedentes de niños que llegan» al país.
Según cifras de esa agencia, hasta el pasado 10 de junio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) había referido «más de 52.000» menores inmigrantes no acompañados al departamento HHS, un 60 % más con respecto al mismo periodo del año fiscal 2018.
Solo en mayo se contabilizaron 10.000 casos, «uno de los totales mensuales más altos en la historia del programa».
Y lejos de solucionarse, el problema de los menores parece no tener fin, pues las separaciones, que el juez federal Dana Sabraw, de un tribunal San Diego (California), intentó detener hace justo un año, el 26 de junio de 2018, aún sigue dejando huellas.
La organización Texas Civil Rights Project (TCRP) indicó en una declaración a Efe que detectaron que 785 familias han sido separadas desde que en junio de 2018 Trump ordenó el fin a la separación de familias, hasta febrero pasado solo en la ciudad de McAllen (Texas).
Para Carlos Guevara, asesor de política de la organización Unidos US, el espectro de las separaciones familiares trasciende a las fronteras y golpea a los inmigrantes en general.
Esto «es una punta chica de algo más profundo que está pasando también en el país. Nos gustaría reconocer que el riesgo de las separaciones de las familias es algo que impacta también a la gente que ha estado en el interior del país por muchos años», dijo a Efe.
Guevara calculó que unos seis millones de ciudadanos de EE.UU. menores de 18 años, que viven con un padre indocumentado, «también están en riesgo de separación», lo que les afecta a la salud y a su acceso a beneficios sociales.
En Nueva York, según el experto, se están dando casos de familias que retiran a sus hijos, que son ciudadanos, de programas de ayuda nutricional o de salud, algo que «tiene mucho que ver con el ambiente de miedo que está generando cualquier nuevo tuit del presidente» o sus políticas como las redadas.
