Hay que reconocer que ha habido avances importantes en atención al público en el tema de migración. El proceso de aplicación y entrega de pasaportes, en la capital, comparado a cómo era en el pasado ha tenido un progreso importante. Sin embargo, vale la pena llamar la atención a varios temas que creemos requieren atención de la autoridad.
El primero tiene que ver con los requisitos de salida para menores de 21 años. Esta restricción estaba vinculada al derecho al voto, y otros de ciudadanía, que hasta la constitución de 1982 estaba limitado a esta edad. Igual que en otras jurisdicciones, reducir la edad para ser ciudadano a los 18 años reflejaba una realidad social. Sin embargo, algunos derechos fueron quedando rezagados y no se han homologado a esta norma constitucional, incluyendo los derechos migratorios.
Adicionalmente, la práctica en la mayoría de los países del mundo es congruente con nuestra constitución. No se puede responsabilizar criminalmente, o permitirle servir en las Fuerzas Armadas, a alguien que tiene características legales de «hijo de dominio». Por tanto, consideramos recomendable hacer los cambios legales requeridos para reducir a menores de 18 años la necesidad de autorización de padres para salir del país (y cualquier otro fin migratorio).
Otra consideración tiene que ver con la mecánica de salida de menores del país. La práctica de hacer un trámite migratorio especial es onerosa, y no existe en otras jurisdicciones. Vemos las caras de asombro de los extranjeros que nos visitan cuando tiene que hacer este trámite, desconocido para ellos. Como mínimo los extranjeros deben ser eximidos de este trámite (ya que ni siquiera tenemos la forma de verificar la identidad de sus padres), y para los hondureños convendría que para los pasaportes de menores se pudiera hacer una vinculación con la identidad de los padres. De esta forma se podrían dar autorizaciones a través del portal de «prechequeo», y hasta se podrían registrar las mismas de forma permanente o continua en el sistema.
La objeción a estas reformas es reducir la probabilidad que menores sean llevados ilegalmente fuera del país. Si sociedades más desarrolladas no necesitan recurrir a estas medidas, ¿Por qué en Honduras, de donde salen caravanas por las fronteras llenas de menores solos, son necesarias? Creo que la respuesta está en la experiencia.
Para obtener pasaportes (y otros documentos) hondureños desde el exterior hay una gran deuda pendiente. La forma que está estructurado el proceso no refleja la realidad de la mayoría de la comunidad migrante, que no puede desplazarse libremente y (en caso de menores de 21 años) no convive con sus padres. La comparecencia presencial en el consulado puede ser sustituida por un envío de documentos con una declaración jurada (las apostillas son caras y complejas) acompañado de un retiro presencial del pasaporte. Conversamente se pueden hacer con apostillas, y en ese caso se puede enviar el pasaporte por mensajería. El pago del mismo se hace remotamente al iniciar el trámite. Al no requerirse una comparecencia hasta retirar el mismo y hacer verificación de documentos, el Estado no incurre en costos (ya cobrados) en caso de haber inelegibilidad. Adicionalmente, al reducirse la edad de solicitud autónoma a 18 años (ver arriba), le resolvemos a una enorme cantidad de compatriotas que han emigrado y no residen con sus padres.
Sobre las políticas de visado de visitantes también hay algunas acciones que se pueden tomar. Aceptar las visas Schengen o de Estados Unidos como válidas para ingresar para muchas ciudadanías es un avance importante. Sin embargo, se ha dejado un remanente de países, para los cuales continúa la visa consultada. Creemos que esto se puede simplificar todavía más, dejando el mismo requisito para estos (más de 35) países que para los demás. Por decisión estratégica del estado, se trabaja la política migratoria con otros países para evitar el tráfico de personas. Por tanto, los recursos que se destinan a dar visas consultadas a quienes ya tienen una visa de EE. UU. serian mejor empleados en otro uso, y facilitaría la conectividad internacional. Como mínimo, se podría reducir esta lista de países a los cuales no se les acepta visa sustituta a los 15 que Costa Rica restringe.
Los temas de migración deben ser vistos como de seguridad, pero también considerando la conveniencia e interés de la población. Es posible hacer reformas juiciosas que respeten y apoyen ambos criterios.
