Tegucigalpa – Un juez de letras de jurisdicción nacional desestimó un caso por supuesta corrupción y supuesto lavado de activos que involucra a políticos y altos funcionarios de la administración 2010 – 2014, informó este miércoles el Ministerio Público (MP).
Según el comunicado del MP, el juez de letras envió una resolución a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) donde le ordena la aplicación del principio de prejudicialidad administrativa, que significa que se deberá enviar toda la documentación al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) del caso que data entre 2010 y 2014.
En el escrito del que se notificó a la Uferco, “el juez resuelve que el TSC realice una auditoría de investigación especial, aún y cuando el MP ya efectuó distintas diligencias, incluso con la conclusión de la auditoría forense, en la que se encontró el desvío de más de 30 millones de lempiras drenados de la Secretaría de Infraestructura y Servicio Públicos (INSEP) y el Fondo Vial en el año 2013”, cita el comunicado.
Los fondos habrían sido usados para el financiamiento de campañas políticas, indica la comunicación oficial de la Fiscalía.
La decisión judicial, indica el MP causa sorpresa al ordenar que la investigación en poder de la Uferco sea remitida al TSC, ente meramente administrativo, cuya atribución es informar a la Fiscalía hallazgos donde pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal situación que no aplica a este caso; además no cuenta con las competencias para elaborar una auditoría forense.
“El juez basó su resolución en el decreto 116-2019 contentivo de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales en el Congreso Nacional, del cual se ha venido solicitando al Poder Legislativo su derogación”, detalla la misiva oficial.
El decreto conocido como Fondo Departamental, fue invocado en la presente causa por el apoderado legal de uno los investigados, para que declarara la aplicación del principio de prejudicialidad administrativa, “situación que causa extrañeza a la Uferco, porque el funcionario judicial resolvió sin audiencia previa, violentando los principios que rige el sistema acusatorio”, apunta.
Ante esta decisión, anunció el MP, “la Uferco hará uso del de los recursos correspondientes, además de enviar una alerta de preocupación por estas actuaciones judiciales mismas que abren una brecha de impunidad al no permitir ni siquiera presentar el caso ante los órganos competentes”. VC
