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¿Qué decretos pone en la cuerda floja la improbación del Acta 11?

Tegucigalpa – Todos los temas contenidos en el acta 11, que improbó el pasado miércoles el pleno del Congreso Nacional, queda sin valor ni efecto, coinciden expertos consultados por Proceso Digital. Aunque sólo se habla de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente Corporación Andina de Fomento, conocido como CAF, son más de una decena de decretos que pese a ser aprobados no tienen validez.

-Entre lo que quedó anulado están la amnistía migratoria, el subsidio al transporte y la aprobación de varios contratos de la Alcaldía capitalina y del gobierno central.

El Parlamento hondureño volvió a sesiones después de 57 días de parálisis legislativa, precisamente porque no existía consenso para ratificar el acta de adhesión al banco andino.

Sin embargo, en el acta 11 se incluyeron múltiples temas que han sido pasados inadvertidos. La votación de la semana anterior fue 71 votos en contra de la ratificación del acta, 55 votaron a favor y hubo dos abstenciones.

De acuerdo a lo desglosado por la secretaria del CN, Luz Angélica Smith el acta 11 contenía temas como: aprobación en primer debate de tres contratos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), igualmente otros contratos de infraestructura del gobierno central.

Asimismo, el acta contenía la aprobación de subsidios para transportistas, la amnistía migratoria, otros contratos de la alcaldía capitalina y varios empréstitos con organismos internacionales.   

Sonriente la junta directiva del CN previo a la sesión del miércoles anterior.

Lo que más se ha debatido mediáticamente es lo contenido en el acta con respecto a la aprobación del dictamen orientado a los tres convenios contentivos: 1. Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario y convenio de suscripción de acciones del capital de garantías. 2. Convenio de constitutivo de Corporación Andina de Fomento, CAF. 3. Convenio sobre inmunidades, excepciones y privilegios entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Honduras.

Destacados analistas consultados por Proceso Digital coincidieron que todos los temas incluidos en el acta 11 quedan sin valor ni efecto al no ratificarse el acta.

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Sin ratificación del acta no hay validez de decretos

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos señaló que fue un error no sacar el tema del CAF de todo lo que contenía el acta que no se aprobó.

“Si no lo hicieron así, todo lo que discutieron queda sin valor ni efecto”, aclaró.

El togado defendió que la ratificación del acta no es nada nuevo, es algo usado en los congresos nacionales desde hace más de un siglo.

El abogado Juan Carlos Barrientos.

Barrientos remarcó que “si se tienen aprobados dos o tres decretos, pero lo somete a ratificación en el acta y no se la ratifican, eso significa que el acta no quedó en firme, es como si nunca se llevó a cabo, queda borrada automáticamente toda la gestión legislativa hecha en la sesión anterior”.

Citó que lo que convalida el acta es su ratificación, “si no se ratifica el acta es como que no hay acta, y si no hay acta no puede haber decreto”.

Aseveró que los miembros de la actual junta directiva del Congreso conocen bien las leyes, pero se hacen los tontos y son unos necios.

Dilucidó que ante la solicitud de una opinión jurídica de la CSJ que solicitará el CN, la respuesta de los altos jueces es que se abstienen a emitir su posición porque constitucionalmente sólo se puede hacer cuando se va a reformar un código o lo relacionado con el derecho del veto por un asunto inconstitucional.

“En los demás casos la Corte no puede emitir opinión, la Corte lo que emite son sentencias. Cuando alguien interpone recursos, la Corte produce sentencias, pero no son un banco de datos donde se llega a consultar”, ratificó.

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Todo lo que contiene el acta fue improbado

En tanto, el abogado y exdiputado al Congreso hondureño, Raúl Pineda Alvarado, dijo que lo procedente para salvar todos los demás contenidos en el acta 11 era votar por su ratificación parcial.

“En el momento que no se aprobó el acta, no tienen validez ni tienen subsistencia, todo el contenido del acta. Por eso, la posición del Partido Liberal era razonable, se podría haber hecho una aprobación con reserva. Vale decir que se suspende la ratificación en cuanto al tema del CAF, pero se aprueban los demás temas que no tienen relación ni directa ni indirectamente con el tema objeto de la polémica”, describió en plática con Proceso Digital.

Pronunció que tal como se dio la votación legislativa el pasado miércoles, “todo lo que contiene el acta y no haber sido aprobada carece de sustento y de validez”.

En analista y exdiputado, Raúl Pineda Alvarado.

Pineda Alvarado cuestionó que en Honduras, contrario a Guatemala, no existe la consulta constitucional y obviamente porque no está en la ley. En el caso que los magistrados pronuncien una opinión previa y llega un recurso de inconstitucionalidad, estarían prácticamente prejuiciados porque ya dieron a conocer una posición.

“Lo racional es que la opinión se pida antes de la aprobación, pero aquí se resuelve hacerlo después, es decir se pone la carreta antes de los caballos”, comparó.

El analista dejó claro que así como ocurrió la votación, todo lo que incluye el acta carece de sustento legal.

Refirió que no existe un antecedente sobre la no aprobación de un acta en la historia reciente de Honduras y lo atribuyó a que “nunca ese poder del Estado había sido tan mal dirigido como ahora. Cabe mencionar que este es el único Congreso del mundo donde prohibieron la votación secreta que antes la contemplaba un reglamento que por sí mismo era malo, entonces en este Congreso la médula del voto democrático es directo y secreto”.

Remató que “el Congreso no está cumpliendo con su función por la deficiente conducción a que está siendo sometido, y no existe ningún precedente donde el Congreso de una situación que era fácilmente solucionable se empantanó prácticamente dos meses”.

El analista Filadelfo Martínez.

Sistema de legislación no se basa en lo legal

De su lado, el analista político Filadelfo Martínez indicó a Proceso Digital que el sistema de legislación de Honduras no se basa precisamente en el marco legal.

“Ahí lo que prima son las premuras del Poder Ejecutivo porque en Honduras no hay independencia de poderes. Ni este Congreso, ni los anteriores eran independientes del Poder Ejecutivo”, manifestó.

Mencionó que desde la elección de la actual junta directiva del Congreso se hizo con vicios de ilegalidad, por lo que todo lo actuado hasta el momento es ilegal.

Martínez señaló, que a pesar de las transgresiones de la ley típicas de los congresistas, al final son decisiones políticas. A cualquier acuerdo que ahora se llegue estará reñido con el derecho, apuntó.

“Si el partido de gobierno sigue abusando de los procedimientos legales, existe la posibilidad que en un par de años les ocurre lo que ahora les pasa a los nacionalistas, unos huyendo y otros defendiéndose acá, porque tenemos un Congreso que resuelve políticamente”, dijo.

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El exjuez y litigante privado, Félix Ávila.

Formulación de ley termina con aprobación del acta

Mientras, el abogado Félix Ávila dijo que la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para evacuar consultas, ya sea ilustrativas o administrativas. “Sería un gran error de la Sala de lo Constitucional si acepta la consulta y la evacúa”, afirmó.

Dejó claro que la función de la Sala de lo Constitucional es resolver recursos de amparo, habeas corpus, inconstitucionalidades y dirimir conflictos entre poderes del Estado, pero en ninguna de ella figura evacuar consultas.

Al pronunciarse la Sala de lo Constitucional se adelanta a un fallo que debería hacer en el caso que se presente un recurso de inconstitucionalidad.

El profesional del derecho dilucidó que la adhesión de Honduras al CAF no es un hecho porque no se aprobó el acta como manda la ley. “La formulación de la ley termina precisamente con la aprobación del acta, y está claro que solo hubo 52 votos a favor de la aprobación, por lo que improbar el acta significa retirar lo que se ha aprobado antes”, explicó.

Remarcó que hubo una negativa de la voluntad popular expresada en el pleno de la Cámara, que dijeron no a la adhesión de Honduras al Banco Andino al improbar el acta.

Puntualizó que “el Congreso no puede estar pidiendo opiniones al Supremo, salvo en aquellos casos para reformar códigos de la República, lo que pretenden hacerlo es algo ilegal y arbitrario. PD

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