Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Casi 18 meses después de haber tomado las riendas del país, el oficialismo legislativo asegura que ya tiene los votos para aprobar la derogación de decretos que retrasan la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
– Ninguno de los decretos que blindan la corrupción requiere de reformas constitucionales.
– Los llamados decretos que blindan la corrupción apenas requieren 65 votos para su derogación, pero inexplicablemente la Cámara no los ha eliminado.
Lo anterior al tenor de la visita iniciada este lunes por parte de un grupo de expertos de la ONU que asesorará a Honduras en el establecimiento de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
Las garantías legales indicadas por Naciones Unidas el pasado 15 de diciembre de 2022 al suscribir en Nueva York un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), implican la derogación de los decretos: 116-2019, 57-2020 y 93-2021; reformas al vigente Código Penal; derogación de la ley de Amnistía Política y otras modificaciones a leyes secundarias, además de una robusta Ley de Colaboración Eficaz.
La misión de expertos de ONU se reunió muy temprano con personeros de gobierno, encabezados por el canciller Enrique Reina, así como el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, y la ministra de Finanzas, Rixi Moncada.
Los expertos se encargarán también de «evaluar los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento».
Además, contribuirán a actividades de asesoría y asistencia técnica, e identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias en la legislación hondureña para el posible establecimiento de la CICIH.
En horas de la tarde le tocó el turno a la Junta Directiva del Parlamento hondureño, quienes escucharon las interrogantes de la misión de personeros de la ONU.
El encuentro fue dirigido por el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, quien el fin de semana sufrió un supuesto atentado contra su vida al intentar ser envenenado con la comida, un hecho que generó muchas suspicacias y que -según la Policía- está en proceso de investigación.
El Poder Legislativo no sesiona en forma ordinaria desde el 16 de mayo. La ratificación de un acta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andino de Fomento (CAF) mantiene inoperativa a la Cámara que ha ido posponiendo las sesiones ante la falta de consensos políticos.
Reformas pendientes
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, narró que en el encuentro entre la misión de expertos de la ONU y la junta directiva del CN forma parte de la primera parte del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y el organismo mundial.
“El memorándum habla de las reformas para poder facilitar la persecución del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, habla de la importancia de la derogación del decreto 116-2019 que fue la legalización del Fondo Departamental, habla sobre la creación de un mecanismo que facilite la presentación de casos de forma imparcial”, desglosó.
Mencionó además que la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de otros decretos que blindan la impunidad están en un tercer debate, sin embargo “necesitamos que se lleve a la derogación rápida para poder generar un espacio habilitante”.
Pidió a sus compañeros de Cámara priorizar los temas en las próximas sesiones del Parlamento hondureño y no dejar estos decretos por fuera, como ha pasado en los últimos meses.
Mena acentuó que se debe avanzar en la derogación de los pactos de impunidad, “hay que increpar a los jefes de bancada de los partidos políticos para ver quienes quieren que la lucha contra la corrupción sea efectiva en el país”.
A pesar que los decretos que blindan la corrupción han sido plenamente identificados y que no requieren reformas constitucionales no se han podido derogar en casi año y medio de gestión legislativa, los desacuerdos entre las fuerzas políticas son cada vez más evidentes.
Hasta ahora, y el oficialismo en el Legislativo, que no cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional y está obligado a buscar el consenso con las demás bancadas, no ha hecho su parte para cumplir este requerimiento y traer a la CICH, una exigencia que surgió en las calles y que el Partido Libertad y Refundación (Libre), prometió hacerlo realidad.
“Había una promesa muy clara, muy explícita del gobierno de Xiomara Castro, tanto en la campaña como en el inicio de gobierno de crear una CICIH, “sin embargo llevamos un año y medio desde esa promesa de ejercicio de gobierno y ésta aún no se ha materializado”, resaltó la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus en su reciente visita al país.
En esa oportunidad, Goebertus dejó en claro que en el país era evidente la «falta de voluntad política”. “Vemos desafortunadamente que hay quienes hoy hablan de soberanía, de que no haya injerencia externa y nos preocupa que detrás de eso haya un interés por obstaculizar el funcionamiento de la comisión», dijo la directora para las Américas HRW.
¿Ya hay consenso?
Hace unos días, el diputado Ramón Barrios dijo que “ya tenemos los votos para la aprobación. Estos decretos ya van al tercer y último debate”.
Para el diputado de Libre sí hay la disposición “de entrarle a esos tres proyectos de ley”, tras incorporarse al Congreso Nacional luego de un mes de receso.
El parlamentario dijo que han estado platicando con los compañeros de las demás bancadas “todo este tiempo y vamos muy adelantados, no solamente en ese tema sino en los temas que están pendientes y bueno, vamos a entrarle”.
Reforma constitucional o figura querellante adhesivo
Otro aspecto que implicaría extender todavía más la espera de que la CICIH se instale en el país es que al tener que darle el ejercicio de la acción penal pública a la comisión se requiere de más consenso.
La diputada Xiomara Zelaya, para el caso, es del criterio que solo esta opción, que implica una reforma constitucional, le dará a la CICIH independencia y autonomía.
“Ni en esta altura ni en la altura cuando se presentó el proyecto, ni en el futuro es correcto darle una categoría de papel adhesivo al Ministerio Público a la CICIH, como una pegatina, es incorrecto ya que conocemos que el Ministerio Público necesita reformas internas importantes con el objetivo de que de verdad exista combate a la corrupción”, expresó la diputada, hija de la pareja presidencial.
Pero Barrios manifiesta que “si nosotros le damos el ejercicio de la acción penal pública como está en el acuerdo de entendimiento (firmado en diciembre pasado), eso implica una reforma constitucional y eso implica, una aprobación este año y esperar un segundo año para su ratificación”, detalló.
Además de eso, una reforma a la Constitución requiere 86 votos y, para los diputados de Libre está claro que “el Partido Nacional no nos va acompañar en eso”.
En tanto la figura de querellante adhesivo que rechaza la hija de la presidenta Zelaya, solo requiere una reforma del Código Penal y 65 votos.
Los decretos a derogar
HWR señala que la legislación hondureña tiene leyes, que fueron aprobadas por el Congreso Nacional en los últimos años, que han obstaculizado la lucha contra la corrupción y han reducido la transparencia y la rendición de cuentas.
En primer lugar, el decreto 116/2019, que permite a los funcionarios públicos, incluidos los diputados, destinar dinero a terceros, incluidas ONG, para llevar a cabo proyectos sociales.
El decreto también impide al Ministerio Público investigar estos casos durante un máximo de siete años, ya que requiere un informe del Tribunal Superior de Cuentas, entidad que audita los recursos públicos, que tiene hasta tres años para completarlo. “Si el Tribunal descubre una mala gestión de los fondos, el decreto concede al funcionario público responsable hasta cuatro años para devolverlos”, señaló HWR en sus recomendaciones.
Decreto 117/2019, que prohíbe cualquier tipo de sanción civil, administrativa y penal contra los diputados por acciones realizadas “en el ejercicio de sus funciones legislativas”.
Decreto 57/2020, que exige a los fiscales solicitar siempre información por escrito a los funcionarios públicos y permite el secuestro de documentos únicamente con la autorización previa de un juez si, en un “plazo razonable”, los funcionarios públicos no brindan la información solicitada.
“Combinadas, estas disposiciones alertan a los funcionarios sobre la existencia de cualquier investigación y de un posible registro, dándoles la oportunidad de ocultar o modificar información sobre el uso de fondos públicos”, puntualizó el informe de HWR.
Por otra parte, el decreto 93/2021, que debilita la definición penal del crimen de lavado de activos, haciendo más difícil probar que existe lavado de activos cuando se desconoce su origen.
Camino de una muerte anunciada
Otro de los requerimientos de la ONU es derogar el denominado “pacto de impunidad” que mediante el decreto 4/2022, el Congreso Nacional otorgó una amnistía a exfuncionarios que se desempeñaron durante el mandato del presidente Manuel Zelaya, quienes habían sido investigados, procesados y en algunos casos condenados por “actos propios del ejercicio de su función pública” tras la crisis del 2009.
Pero esta semana trascendió que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró sin lugar uno de los 12 recursos de inconstitucionalidad interpuesto en contra esta ley porque quien lo interpuso, una jueza del Tribunal de Sentencia, Karla Romero lo presentó a título personal.
Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, esta determinación es solo una muestra de que no hay ambiente en el país ni en los partidos políticos para que la CICIH venga al país.
“Este es el camino de una muerte anunciada”, augura tras afirmar que: “ya sobre 18 meses llevamos de gobierno y no es solo por Libre, las bases del Partido Nacional, las del Partido Liberal, todos los que han gobernado el país”.
Por su parte el expresidenciable, Luis Zelaya apunta que hasta ahora lo que se ha visto son “tácticas dilatorias. Es un sí, pero no”.
“Yo creo que la lucha contra la corrupción no tiene que esperar a que haya ambiente. El país ha desbordado en tema de corrupción y a partir de ahí, no podemos esperar a que haya ambiente para luchar contra la corrupción”, dijo.
Zelaya afirma que este es un tema que, «se nos fue de la mano y creo que es momento de poner acción, independientemente si hay o no ambiente”. VC
