Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro dijo este lunes que “es inaudito pensar que se va a llevar a la presidenta Xiomara Castro a una interpelación al Congreso Nacional, cuando nunca se llevó a un narcotraficante declarado por las cortes de Estados Unidos”.
Castro reaccionó a declaraciones del diputado nacionalista Nelson Márquez que previamente dijo que, ante la situación de seguridad del país, pese a medidas que incluyen un estado de excepción durante los últimos seis meses, se debería interpelar a la mandataria por no darle respuesta a esta necesidad de la población.
FALLIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
“Ya la Constitución de la República nos da a nosotros como diputados al Congreso Nacional, a los 128 propietarios y 128 suplentes, la facultad de interpelar a cualquier funcionario público que consideramos en algún momento que está faltando a sus funciones”, dijo Márquez esta mañana.
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“No se descarta en este momento que el Congreso pueda interpelar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad para que puedan rendir cuentas”, dijo tras referir que la última ampliación del estado de excepción que inició el 6 de diciembre, se hizo con la mayoría mínima porque las bancadas de oposición dejaron de creer en la estrategia que ha venido utilizando el gobierno.
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Márquez dijo que además del fracaso en la política de seguridad, otros temas importantes para el desarrollo del país también han fallado.
“No funcionan las carreteras, no hay medicinas en los hospitales, no se reparan las escuelas, se está disminuyendo la cantidad de inversionistas en el país y los actuales se están yendo, no se generan empleos, sino que se destruyen los pocos que hay”, fustigó.
Así mismo agregó que la administración de Xiomara Castro deroga leyes donde los inversionistas han sido beneficiados, como la ley de trabajo por hora, adicionalmente, no se crean nuevos sistemas que permitan apoyar la generación de empleo.
“En otras palabras, hay un desastre creciente en nuestro país y entonces también, la Constitución de la república, las leyes de nuestro país dan la facultad al Congreso Nacional, incluso para llegar a un extremo que es el establecimiento de un probable juicio político en contra de la máxima autoridad del poder Ejecutivo”.
Pero para el diputado oficialista, “a quien se debe llamar es a los funcionarios que en este momento están al frente de la Secretaría de Seguridad”, en este caso, agregó a Julissa Villanueva y a Gustavo Sánchez, exdirector de la Policía Nacional y ahora ministro de Seguridad.
Según Castro, estos funcionarios sí pueden decir lo que está pasando en el país. VC
