Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – A límite, la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, convocó a la Junta Proponente para dar inicio al mecanismo de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, ya que el actual fiscal general y su adjunto vacan sus cargos en agosto.
– Sectores urgen que inicie el proceso para la selección de las máximas autoridades del Ministerio Público 2023-2028.
– Jari Dixon, Tirza Flores Lanza, Luis Javier Santos y Mario Urquía, principales nombres que se barajan al cargo de Fiscal General, sin que haya iniciado el proceso de postulación y selección.
-Sin nueva Ley que regule la Junta Proponente no habrá garantías de calificar la meritocracia, y la elección podría ser de dedo.
La sociedad hondureña ha venido apremiando por un proceso transparente y democrático en la elección del próximo fiscal general y su adjunto de parte del Congreso Nacional.
Las próximas autoridades del Ministerio Público deben asumir sus cargos el 1 de septiembre, lo que apunta que los diputados deben seleccionarlos en el mes de agosto.
De ahí que la Junta de Proponentes tiene el tiempo limitado para realizar el trabajo de selección previa de los candidatos que presentarán ante el Congreso Nacional.
El mensaje de la presidenta de la CSJ señala que los entes que deben nombrar sus representantes ante la Junta de Proponentes tienen hasta el 22 de mayo de hacerlo, señala que los integrantes de esta instancia tendrán apenas un poco más de dos meses de actividades para presentar los nominados ante el Congreso Nacional.
Diferentes sectores del país, ya han disparado las alarmas en cuanto al retraso del proceso para la elección del Fiscal General y Fiscal General adjunto, pero sobre todo se teme que el acuerdo logrado por el tripartidismo (Partido Libre, Nacional y Liberal), en el marco de la elección de la CSJ, no contemple una nueva Ley y se pretendan cambios impositivos a favor de sus propios intereses.
En el del Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados Diego García-Sayán en 2020 concluyó que “Los procedimientos actuales de selección y nombramiento de los principales actores del sistema judicial, como los magistrados de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Fiscal General adjunto, no ofrecen garantías suficientes para evitar los nombramientos motivados por intereses políticos, y los amplios poderes discrecionales conferidos al presidente de la Corte Suprema socavan la independencia de los candidatos a cargos judiciales elegidos por el jefe del poder judicial”.
Nueva Ley y Junta Proponente
En entrevista con Proceso Digital el abogado Joaquín Mejía, expuso que la mayor preocupación en cuanto a la próxima elección de las nuevas autoridades del MP, más que la convocatoria a la Junta Proponente, es que el mecanismo de la Junta Proponente no es idóneo para elegir al fiscal general del Estado, como lo planteó la relatoría de la ONU.
En el actual procedimiento no hay suficientes criterios de selección claros y apropiados, no hay transparencia ni posibilidad de escrutinio público y favorece el clientelismo político, adicionó.
“A mí en lo particular me preocupa que se esté llamando exclusivamente a que la CSJ convoque a la Junta Proponente, cuando es un mecanismo que no garantiza un proceso transparente, allí estamos contratiempo, porque lo que los diferentes sectores deberíamos estar exigiendo es que el Congreso apruebe una ley que regule el trabajo de la Junta Proponente”, remarcó el jurista.
En ese sentido, se esperaría que ya la Secretaría de Transparencia, acompañada de la Alta Comisionada de ONU, pueda presentar una propuesta de ley para mejorar el proceso de selección, añadió.
Hasta el momento no hay nada al respecto sobre ningún proyecto de ley y solo se está viendo las exigencias para convocar la Junta Proponente, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la relatoría de ONU, y si no se aprueba una ley que regule el trabajo de la Junta Proponente, se repetirán vicios del pasado, insistió.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en el informe –La Elección de Altos Funcionario en Honduras II parte-, destacó entre los hallazgos una coincidencia con la relatoría de la ONU, en cuanto a que deben haber reformas a la Junta Proponente y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Lo anterior, según la investigación “para regular mejor los mecanismos de selección y elección, o crear una Ley de Altos Funcionarios, bajo la cual se rijan todos los procedimientos de selección y elección con estándares internacionales y criterios de meritocracia e idoneidad”.
Por su parte, el CNA, reclama que la justicia no espera y por ello es urgente que inicie el proceso para la selección de las autoridades del MP.
En nombre de la Red por la Defensa de la Democracia el especialista de auditoría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cristian Nolasco, dijo que la demora es sospechosa porque entre más tiempo se espera, menos tiempo para evaluar meritocracia, y entra la duda, de que surjan los nombramientos de dedo.
El artículo 233 de la Constitución de la República, ya establece que la Junta Proponente será presidida por el titular de la CSJ y otro magistrado del supremo.
La JP también estará integrada por el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y un representante de las universidades privadas; un representante del Colegio de Abogados de Honduras; y un representante de la sociedad civil.
En este último punto en cuento a un integrante de la sociedad civil en la JP, el abogado Joaquín Mejía, recordó que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2016, en el que se decretó inconstitucional la reforma que incluía el integrante de sociedad civil, por tanto, ya no aparece sociedad civil.
¿Qué hace la Junta Proponente?
A la JP le corresponde evaluar a los postulantes en cuanto a criterios de conocimientos jurídicos y conocimiento de la normativa y organización del Ministerio Público.
También deberá tomar en cuenta la experiencia de los postulantes como operadores de justicia y por supuesto que sean los más idóneos para el cargo por meritocracia; luego otorga una calificación y nomina a los cinco mejores enviando la lista al Congreso Nacional.
Un segundo fiscal adjunto, pacto político improcedente
Después del pacto del 16 de febrero de 2023 de los tres partidos mayoritarios, en la elección de la CSJ, se conoció que como parte de los acuerdos estarían algunas reformas a la Ley del Ministerio Público para integrar otro fiscal adjunto, es decir un segundo fiscal adjunto, y además elevar a rango constitucional al director de fiscales.
En este sentido, “lo que está claro es que la Constitución en su artículo 233, señala claramente que sólo existe un Fiscal General y un Fiscal Adjunto; por lo tanto, si quieren agregar un nuevo fiscal, van a tener que reformar este artículo, igual si quieren elevar a rango constitucional la dirección de fiscales y esa reforma constitucional requiere de 86 votos y, una ratificación en la próxima legislatura”, por lo tanto, sería improcedente porqué ya no hay tiempo para eso, recordó el abogado Mejía.
En su momento el ministro de Transparencia Edmundo Orellana consultado sobre este tema de un nuevo Fiscal Adjunto a través de una reforma a la Ley del Ministerio Público, llegó a calificarlo como una estupidez, al tiempo que rechazó la idea porqué con ello los partidos políticos buscan repartirse el Ministerio Público, de igual forma dijo que “no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido querer darle rango constitucional al secretario general de un ministerio”.
Diputados entre decantados por cargo de fiscal
Tras bambalinas, en el Congreso Nacional, algunas fuentes indican que ya estarían encaminados los acuerdos para la elección de las autoridades del Ministerio Público, o al menos los acercamientos para conseguir los votos, pero abiertamente aún no se conoce de las mencionadas reformas ni de un nuevo proyecto de ley que venga a modificar el proceso.
“Ahorita no hay nada del Ministerio Público”, en agenda, quizá las próximas semanas, dijo escuetamente el diputado de Libre, Rasel Tomé, al ser consultado por Proceso Digital en el tema.
De su parte, el también diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Rodríguez, recordó en plática con Proceso Digital, que el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto son elegidos por el Congreso Nacional por mayoría calificada (86 votos) de una nómina de cinco candidatos propuestos por la Junta Proponente.
Debido a que Libre no llega ni a mayoría simple, igual que se hizo con los magistrados de la CSJ, habrá negociación y ya se barajan nombres y hay quienes andan negociando impunidad, anotó el parlamentario.
El diputado Rodríguez, dijo que ya hay algunos diputados que suenan como candidatos entre estos Jari Dixon, también el fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos y un fuerte candidato es el expresidente de la Junta Nominadora de la CSJ Mario Urquía.
“Por ahí están otros (diputados) que también aspiran, todos tienen derecho, hasta yo me estoy animando, (risas), pero el que más tiene apoyo es Jari, pero tampoco la tendrá fácil, porqué en Libre también hay división” reconoció.
El parlamentario prevé que no se logrará un segundo fiscal adjunto y la negociación no será nada fácil, sobre todo luego que se deterioró más la relación con los liberales y Libre tras que ellos rechazaron el cogobierno.
Analistas concuerdan en que en Honduras los pactos bajo la mesa de las cúpulas de poder y fuerzas políticas prevalecen y en el caso de la elección de las nuevas autoridades del MP, esta vez tampoco será la excepción.
En conclusión, los especialistas apuntan que lo ideal sería que antes de la selección se apruebe una nueva ley que regule el trabajo de la Junta Proponente; tal como se hizo con la Junta Nominadora para la elección de la CSJ, porque aun con el final que se dio en el Congreso, se rescata el trabajo que fue bien calificado tanto nacional como internacionalmente. LB
