Tegucigalpa – Diferentes organizaciones de sociedad civil demandaron este martes la renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), así como la abrogación del recién aprobado Código Penal.
El pronunciamiento fue respaldado por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC), la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Caritas de Honduras, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), C-Libre, Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), entre otros.
El director ejecutivo de la CCIC, Pedro Barquero, leyó el comunicado señalando que se debe renovar la MACCIH que apoye a las instituciones en investigaciones y judicializaciones de delitos que provengan de corrupción.
En el caso del nuevo Código Penal, demandaron la derogación arguyendo que debilita lucha contra la corrupción por reducir penas, atentar contra la libertad de expresión y libre prensa.
Barquero declaró que las instituciones se declaran en alerta permanente por los últimos acontecimientos.
Llamó a todos los sectores de sociedad civil a socializar para redactar un nuevo Código Penal.
Por su parte, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que el Código Penal que fue publicado en el diario La Gaceta el 10 del mayo del presente año es diferente al que se socializó ente 2015-2016.
Señaló que el artículo 28 del nuevo Código Penal consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión dirigido a la labor que realizan los periodistas y directores de medios de comunicación.
Calificó como trasgresión a la seguridad jurídica de las empresas lo establecido en el artículo 102 del nuevo marco legal las personas que sean imputados por delitos dolosos.
Castellanos mencionó que el delito de secuestro disminuye de una pena de 20 años entre ocho a doce años de reclusión, mientras que la violación pasa de 10-15 años a nueve-13 años de privación de libertad.
Lamentó que con esta nueva disposición los transgresores sean tratados de manera piadosa a pesar del daño físico y psicológico que ocasiona.
El delito de tráfico de drogas consignaba entre 15-20 años regulándose a siete-diez años de reclusión “Son actos preparatorios para evitar extradiciones y ser sometidos a la justicia a todos que son investigados por gobiernos extranjeros”.
Asimismo, el delito de contrabando se convierte en una figura permisiva según lo establecido en el artículo 428 legalizando la exportación o importación de mercancías mediante mecanismos ilícitos.
La imputación por malversación de caudales públicos pasa de 6-12 años a cuatro-seis años de prisión, induciendo que los condenados por el fraude en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), Caja Chica de la Dama o Narcopolítica gocen de “penas piadosas”.
El delito de fraude contra la administración pública disminuye a una condena de cinco a siete años de reclusión.
Castellanos denunció que el nuevo Código Penal establece en su artículo 109 que los períodos de tiempo serán cortos para que se prescriba el ejercicio de la acción penal, es decir, “quienes hayan malversado con fondos públicos en instituciones que se amparan bajo la ley de clasificación de documentos público nunca serán sometidos a la justicia”.
Detalló que el delito de enriquecimiento ilícito en el nuevo Código Penal será de cuatro a seis años, sustituyendo a los cinco-15 años que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La acusación por abuso de autoridad deja de ser una condena a una sanción por inhabilitación al cargo para un empleado público.
La directora del CNA puntualizó que las penas en el nuevo Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública disminuyeron para que los imputados gocen de medidas distintas a la prisión.
“Nuestros congresistas crearon un Código Penal que vendrá a generar mayor impunidad en los delitos de cuelo blanco que son muy recurrente en nuestro país”, reclamó.
Finalmente, las entidades civiles concluyeron que la intención fue apiadarse de las personas que cometerán delitos de criminalidad organizada.
