Tegucigalpa – La Operación Poseidón II dejó un total de 192 personas detenidas y la presentación de 232 requerimientos fiscales, informó este martes el Ministerio Público.
Además, se realizaron 64 allanamientos/operativos, 108 inspecciones, 19 acciones preventivas y la capacitación de 817 personas.
También se reportaron dos aseguramientos de bienes, 51 decomisos de armas y drogas, 26 secuestros de documentos y la incautación de 113 mil 320 lempiras.
La Operación Poseidón II estuvo enfocado en el seguimiento a un presunto desvío de siete millones 140 mil lempiras en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
En este caso es investigada la exintegrante de la comisión interventora del INP, Karla Patricia Pavón Bustillo, quien se presume se habría apropiado del dinero que serviría como indemnización para los familiares de privados a libertad que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula, de acuerdo al Ministerio Público.
Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al Estado por el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 privados de libertad y por lo cual se obligó a Honduras a pagar más de 317 mil lempiras a cada familiar.
Por otro lado, se investiga el caso de las viviendas contenedores “Residencias Morazán” y reasentamiento de pobladores de “Lomas del Diamante”, en la salida al sur de la capital.
Las diligencias tenían como objeto recabar indicios y evidencias relativas a un supuesto desvío de fondos, asignados y manejados por la Secretaría de Presidencia y el Instituto de la Propiedad (IP) en la administración anterior.
Finalmente, se presentó un antejuicio en contra de una jueza del circuito judicial de Choloma, por presumirla responsable de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
De acuerdo a los hechos plasmados en el escrito de antejuicio, la jueza de Letras, en un caso de declaratoria de herencia, sin tener a cargo el conocimiento del expediente, sin haberse cumplimentado el trámite en el mismo y sin seguir el procedimiento de ley, dictó sentencia con adulteración de los hechos y de firmas de actores procesales que no estuvieron a la hora del fallo, el cual fue registrado en el IP surtiendo efectos legales que vulneraron derechos. AG
