Tegucigalpa – La Procuraduría General de la República (PGR) nunca interpuso un recurso de apelación, por lo tanto, aceptó la demanda de dos mil 600 millones de lempiras en contra del Estado, respondió este viernes el Poder Judicial.
Este poder del Estado reaccionó a la denuncia pública que exteriorizó el gobierno de que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán embargó una cuenta por casi tres mil millones de lempiras.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un pronunciamiento señalando que la denuncia pública es un mecanismo de defensa que pretende utilizar el gobierno para justificar “los yerros” de la PGR.
Especificó que uno de los yerros es no haber presentado en el debido momento el recurso de apelación ante el juzgado de letras correspondiente.
Reveló que la PGR pretendió corregir por la vía de la presentación de una acción de amparo en la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán sin haber agotado la diligenciada en el juzgado de Letras de lo Civil.
La CSJ aclaró que la PGR nunca apeló la demanda, estableciendo que es un requisito legal para interponer posteriormente una acción de amparo.
Además, señaló que la PGR presentó el escrito de oposición a la resolución del Juez de Letras que manda la ejecución del embargo, el representante de esta institución no compareció a la correspondiente audiencia.
Seguidamente, detalló que la audiencia fue reprogramada por el juez en tres ocasiones, sin acreditar las razones de la incomparecencia, por lo que en respeto de lo establecido en el Código Procesal Civil se tiene entonces por desistida.
Ese mismo día se notificó a PGR la resolución, según lo establecido en el artículo 709 de esta misma normativa, a partir de allí tiene diez días para interponer el recurso de apelación respectivo, lo cual no se hizo en este plazo que otorga la ley, según el pronunciamiento del Poder Judicial.
“La inexcusable omisión de la PGR en relación a no sustanciar la oposición a la medida cautelar de embargo, omitiendo la interposición del recurso de apelación contra la decisión que impuso dicha medida es, procesalmente hablando, una complacencia a la decisión judicial, lo que evidentemente perjudica al patrimonio estatal”, cita el pronunciamiento.
Finalmente, el Poder Judicial calificó como “desafortunados” los criterios planteados por el gobierno en la denuncia pública y lo consideró como una forma de manchar la gestión de la CSJ sin fundamento.
No obstante, apoyó la petición pública de que el Ministerio Público realice una investigación oficial seria y diligente, dirigida a cualquier funcionario del Estado, sea de la institución y toda persona particular dentro y fuera del país, a fin de establecer con los elementos probatorios pertinentes la responsabilidad de lo denunciado este día por los representantes del gobierno. AG
