Tegucigalpa – El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a las autoridades hondureñas asistencia en información para prepararse para el juicio de Juan Antonio Hernández y sus asociados.
En una comunicación del pasado 10 de abril, el Departamento de Justicia envió una “solicitud urgente de asistencia en el procesamiento de Juan Antonio Hernández Alvarado”, señala la misiva enviada por Vaughn A. Ary a los responsables hondureños.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur “está procesando a Juan Antonio Hernández por su participación en una asociación delictuosa de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego”, señala la nota enviada por el Departamento de Justicia estadounidense.
En el resumen de la petición, las autoridades norteamericanas requieren que sus pares en Honduras les envíe documentación sobre los registros de actas constitutivas concernientes a los negocios relacionados con Hernández Alvarado y sus asociados, así como la celebración de contratos entre el gobierno hondureño y presuntos cómplices de Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández.
Igualmente registros vinculados a una aeronave en Honduras controlada por el acusado y asociados, registros de los viajes del imputado y asociados, registros de licencias de armas de fuego emitidas en Honduras a Hernández Alvarado y asociados, registros relacionados con incidentes en Honduras entre 2008 y 2018 que “presuntamente involucran conducta criminal por parte de Hernández Alvarado”, registro relacionado a una residencia en Tegucigalpa, la cual le fue incautada en diciembre del 2018 y los registros de las cuentas bancarias utilizadas por el acusado y sus asociados.
Urgencia
El documento destaca que la solicitud debe ser tratada como urgente y cumplirla a más tardar el 1ro de marzo. La petición fue hecha el 25 de febrero de este año, pero el Departamento de Justicia la remitió hasta el 10 de abril a Honduras.
La argumentación de la urgencia, es que el fiscal a cargo estima que a mediados de año (junio) habrá juicio y requiere dos meses para revisar las pruebas solicitadas a las autoridades hondureñas y prepararse.
En la justificación se señala que la “investigación de los EEUU ha revelado que Hernández Alvarado estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”, las cuales llegaron a Honduras por medio de aviones, embarcaciones rápidas, y al menos en una ocasión en un submarino.
En base a los cargos penales presentados ante el tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, Juan Antonio Hernández Alvarado fue arrestado el 23 de noviembre del 2018.
Tras su arresto en Miami, las autoridades entrevistaron a Marlon Fabrizio Pacheco Morales, que había viajado con Hernández Alvarado a Houston, señala el documento enviado.
Indicó que en Houston se reunieron con Theo Franz Ucles Castillo, quien logró evadir a las autoridades norteamericanas. Por ello reclaman también toda documentación relacionada
También se señala en la solicitud, que Hernández Alvarado se reunió con el ciudadano mexicano Carlos González Macías, quien era inversionista de una compañía Tradeco, la cual realizó tratos comerciales en Honduras y el gobierno les debía dinero.
En la petición se pide información de todas las personas vinculadas por Hernández Alvarado.
También todo lo relacionado con el caso de la organización criminal conocida como Los Cachiros.
Señalan que Hernández Alvarado tuvo una reunión con Leonel Rivera, uno de los jefes de Los Cachiros.
Igualmente piden documentación de la compra de un avión Beechcraft King Air por medio de la compañía Aviation partners S. de R.L. CV, el cual está registrado en Honduras, pero luego paso a manos de la empresa Inversionistas Technologicas Unidas, así como un helicóptero Bell 429.
En ese sentido señalan que participó como testaferro Félix Francisco Pacheco Reyes en el caso de la empresa de aviación.
Asimismo, se pidió la documentación del caso de los colombianos Darío Pinilla y Hernán Roldán Jiménez, quienes fueron arrestados e imputados en Iguala, Lempira por participar en los cultivos d marihuana y amapola, así como operar un laboratorio.
Un bufete donde laboró Hernández Alvarado los representó y fueron liberados, tras ser desestimados los cargos.
Se señala que el oficial policial Constantino Zavala Laínez señaló que los colombianos estaban bajo protección del imputado.
Además de la información sobre personas, también se requiere la documentación de varias empresas vinculadas con las actividades de Hernández Alvarado y sus asociados.
El Departamento de Justicia solicita que las personas que están a cargo de la información cumplan con los requisitos de apostillado, a fin que la misma sea procesada correctamente.
