Tegucigalpa– “La Constitución establece que es necesario ser abogados y notarios para ser procurador y subprocurador, que no les gusta que sean notarios, pues que reformen la Constitución, pero mientras la Constitución esté vigente, en ese sentido hay que ser notario para representar al Estado”, sostuvo el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
Esas violaciones constitucionales son evidentes, dijo el jurista al tiempo que dijo que más bien es extraño que el Ministerio Público no haya actuado de oficio en ese caso.
Seguridad Jurídica en precario
Seguidamente Barrientos, afirmó que cualquier recurso que interponga en contra del proceder de estos funcionarios nombrados de forma inconstitucional va a pegar.
De tal manera que “la seguridad jurídica del Estado de Honduras está en precario porque las personas que lo representan como abogados no tienen la condición legal constitucional necesaria”, reiteró.
El abogado constitucionalista externó su opinión luego que el martes el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó denuncia en contra el procurador José Manuel Díaz Galeas y el subprocurador, Tomás Emilio Andrade Rodas, por aceptar los cargos de forma ilegal.
En ese contexto el profesional del derecho zanjó que el Ministerio Público está “obligado” a iniciar una investigación formal sobre el caso de los abogados del Estado, y proceder a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en caso de ser admitida, excluiría a los funcionarios.
Según Barrientos, la Fiscalía del Estado no debió esperar denuncias sobre eventos ilegales, como el nombramiento de los actuales procuradores, sino proceder de oficio.
A renglón seguido el constitucionalista se quejó de que “pareciera que están de adorno ahí (en el Ministerio Público), yo no entiendo por qué el fiscal general deja pasar ese tipo de cosas, me parece como que se acomodan a las circunstancias”.
Finalmente, el abogado Barrientos, anotó que el Congreso Nacional puede rectificar y proceder a elegir a nuevos representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), que sean abogados y notarios, como lo establece la Constitución. LB
