Tegucigalpa – La defensa de la exprimera dama pidió este martes a los jueces del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción que no se dejen presionar por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), al momento de emitir el fallo.
“Espero que el Tribunal no le pese el apellido en materia de corrupción, que no le pese que la MACCIH esté presente en las audiencias presionándolos porque quiere un trofeo”, dijo el abogado Juan Carlos Berganza.
El profesional del derecho aclaró que quiere que la MACCIH siga en el país, pero que debe de abstenerse de participar o hacer una acción directa en las audiencias porque es una forma de presionar a los jueces.
Argumentó que la MACCIH sugirió la creación de Tribunales en Materia de Corrupción y eligió los jueces y fiscales para este circuito.
“Puede presionar fácilmente a estos jueces para que fallen de acuerdo a sus pretensiones y eso no es justicia y hacer su papel como corresponde y no generando una presión”, profirió.
Pidió que la MACCIH se dedique exclusivamente a investigar casos de corrupción.
Igualmente, solicitó a los jueces que no se dejen de presionar por las publicaciones de los medios de comunicación.
Este día, los apoderados legales de Rosa Elena Bonilla realizaron sus conclusiones pidiendo sentencia absolutoria.
La defensa aseguró que el Ministerio Público no probó durante el juicio que la acusada recibió asignación presupuestaria porque el cargo de Primera Dama no maneja fondos públicos de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto General.
Reiteraron que su representada manejó fondos de donaciones y de la asignación que daba Casa Presidencial por concepto de “gasto público”.
“No se da el hecho de que la señora Rosa Elena Bonilla administro fondos y le probamos al Ministerio Público con normas presupuestarias que nunca ha recibido más de 313 mil lempiras como gastos corrientes y lo demás eran donaciones”, aseveró.
Berganza descartó que su clienta despilfarró dinero del proyecto Calzando y Uniformando los Niños de Honduras, como lo señala la Fiscalía.
Indicó en el juicio que el Ministerio Público no realizó investigaciones en las escuelas que donaron zapatos y uniformes como que la exprimera dama devolvió los productos a la siguiente administración cuando abandonó el cargo.
Además, consideró que las personas que fueron contratadas para elaboración de zapatos cometieron el delito diciendo que estos deben ser acusados y no su representada.
“Vino uno de los testigos a decir que la Primera Dama tenía mucha actividad protocolaria que no le daba tiempo y designó personal e incluso le entregaron los zapatos”, puntualizó Berganza.
Dijo que Rosa Elena Bonilla devolvió al Estado 28 millones 900 mil lempiras a Casa Presidencial de los 12 millones 272 mil 051 lempiras con 42 centavos que sacó de la cuenta del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal.
Continuó que Bonilla dejó en la bodega del Despacho de la Primera Dama 47 mil 757 zapatos y 67 mil 900 zapatos escolares para que la siguiente administración los entregara a los centros educativos de escasos recursos.
Añadió que “las personas cometieron el delito contra Rosa Elena Bonilla porque ella de buena fe les entregó el dinero para la elaboración de zapatos”.
Cuestionamientos a los delitos
La defensa cuestionó que durante el proceso la Fiscalía amplió y modificó los delitos en perjuicio de la exprimera dama durante el desarrollo del juicio oral.
Es así que extendió de seis a ocho delitos por fraude, modificó apropiación indebida continuada por malversación de caudales públicos y agregó lavado de activos.
Juan Carlos Berganza comparó el artículo 393 del Código Penal con la acusación y concluyó que su representada no cabe como empleada o funcionaria pública.
En el caso de lavado de activos, el apoderado legal arguyó que no existe delito porque los hechos son del 2010-2014 y la nueva ley es de 2015.
Mientras que la emisión de dos cheques por un valor tres millones de lempiras a la empresa de Inversiones Acrópolis por la reparación de un tramo carretero en el municipio Concepción del Sur en Santa Bárbara.
Definió que fue un gasto corriente como parte de una obra social del Gobierno negando que cometió lavado de activos.
Por otra parte, la defensa instó que el Ministerio Público violó la normativa durante el allanamiento de morada el 28 de febrero de 2017 señalando que pasó las horas que establece la Constitución de la República de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
En cuanto a las pericias financieras realizadas por los peritos Miguel Muñoz y Bessy Raudales, los apoderados legales de la acusada pidieron al Tribunal que sean desestimados por varias razones.
En la pericia de Miguel Muñoz, la defensa señaló que esta persona es licenciado en finanzas y no perito, es decir, que no tiene a facultad de hacer un perito.
Mientras que Bessy Raudales, no siguió los parámetros técnicos ni comparó los registros contables de la cuenta personal de Rosa Elena Bonilla ni la cuenta del Despacho de la Primera Dama.
Manifestó que se basó en un portal académico en formato de red social incumpliendo Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR).
El juicio seguirá a las 1:30 de la tarde este jueves 25 de abril con las conclusiones de la defensa de Mauricio Mora.
