Tegucigalpa – El proceso de selección y elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, se instala en medio de un complejo escenario de gobernanza legislativa, salpicado por las confrontaciones, la intolerancia y el fantasma de la legitimidad o no de la actual directiva en el Parlamento, mientras reposan las reformas necesarias para dar a la nueva corte mayores soportes en su trabajo por la justicia.
La Junta Nominadora, responsable de la selección de al menos 45 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, cuya elección recae en manos del Congreso Nacional de la nómina que le envíen, ha iniciado su trabajo de organización interna y definición de las reglas del juego para los postulantes.
Han sido aprobados el reglamento interno, el perfil de los aspirantes, la matriz con que serán evaluados y se ha lanzado la convocatoria para empezar a recibir sus hojas de vida para entrar al proceso de selección. El 31 de octubre es la fecha límite que tienen los postulantes para entregar su documentación.
Los nominadores dicen que no han recibido ninguna postulación pues recién acaban de hacer la convocatoria y difundir los requisitos, pero extraoficialmente se conoce que ya existen un poco más de 60 abogados y notarios que han expresado interés en postularse solicitando constancias y otros requisitos. Asimismo, los cabildeos se han intensificado entre dirigentes de algunos partidos políticos en el poder y en la oposición.
Pero mientras la Junta Nominadora realiza su trabajo, sorteando incluso obstáculos internos de protagonismo y presupuesto, en el Congreso Nacional el ambiente que precede una de las decisiones más trascendentales para la democracia y del estado de derecho, como es el nuevo Poder Judicial, está lleno de intolerancias, confrontaciones y carencia de tacto político, que pueden complicar la gobernanza a lo interno de ese poder del Estado.
Se suma a ello, el más reciente comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) que pide a la Sala de lo Constitucional resolver el caso de la legitimidad o ilegitimidad de la actual directiva del Congreso Nacional, a fin de cesar la incertidumbre que al respecto prevalece entre la sociedad y la comunidad internacional.
La exhortativa de la CEH
El llamado de la Conferencia Episcopal incomodó de inmediato al oficialismo en el Congreso Nacional, donde varios parlamentarios de Libertad y Refundación, iniciaron una campaña de descrédito contra la Conferencia Episcopal que se cayó a medida que salía a luz pública sus comunicados en el pasado en torno a los problemas del país: reelección, corrupción, democracia, justicia, derechos humanos, pobreza, entre otros.
El propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, intentó minimizar el comunicado de los obispos indicando que él se reunía con varios de ellos, que le aconsejaban y que se iba a acercar nuevamente para explicarles la legitimidad de su elección. Redondo incluso dijo que la Corte Suprema de Justicia (en este caso la Sala Constitucional) no tenía nada que resolver porque su elección fue legal.
El debate sobre la legitimidad o no de la actual directiva del Congreso Nacional salió nuevamente a la palestra pública, y el diputado y jefe de bancada del partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió a Redondo “legalizar” su situación, tras advertir que su partido podría no acompañarlo en la toma de decisiones trascendentes para el país si eso no era “corregido”. Una de esas decisiones de fondo, es la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, elevando así la escala de crispación a medida que se acercan los plazos y avanzan los procesos.
Al tema de la legalidad o ilegalidad de la directiva del Congreso Nacional, se suman otros hechos que polarizan el ambiente en ese poder del Estado: la confrontación abierta entre los diputados del oficialismo representados en Libre con los legisladores del partido Nacional, pero más aún con sus hasta ahora aliados representados en el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Los agrios debates que se suscitan en las sesiones legislativas, hacen que las mismas se vuelvan largas y tediosas, que los decretos que se aprueban sean premiaciones, contratos enviados por el ejecutivo, pero reformas torales relacionadas con el fortalecimiento de la justicia para el combate a la corrupción se van dejando de lado, sin pintar claramente los compromisos del legislativo vinculados a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia.
Una “guerra” de ataques
Una de las últimas polémicas fue el encontronazo entre parlamentarias del Partido Nacional y una empleada del legislativo, por expresiones soeces y falta de respeto. Las diputadas nacionalistas denunciaron que se ha instalado en el hemiciclo un discurso de apología al odio hacia ellas y su partido, pero desde Libre, las mujeres diputadas dicen que son ellas y su partido, las víctimas del nacionalismo.
En medio del debate, los diputados del PSH, atacados por no acompañar a Libre en la aprobación de una polémica ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de las Mesas Ciudadanas para dar el tiro de gracia al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y abrir la puerta para intervenir organizaciones de la sociedad civil que combaten la corrupción, ha demandado respeto por parte de Libertad y Refundación, tras las agresiones y campañas de descrédito montadas en su contra desde las redes sociales.
La bancada del PSH ha indicado que ellos acompañarán a Libre en aquellos proyectos que beneficien al país, que éstos deben ser socializados, pero que no están dispuestos a seguir pagando caro acciones con las que no están de acuerdo, como los proyectos de leyes arriba citados. El coordinador de Libre y asesor presidencial, Manuel Zelaya, ha dado por rota la alianza bicentenario suscrita con PSH, sumando un nuevo ingrediente a las desavenencias que se harán sentir en el Parlamento.
Desavenencias que no solo están entre Libre y PSH, sino también entre el mismo Libertad y Refundación, donde algunos de sus parlamentarios que fueron parte de la disidencia que apoyó a Jorge Cálix para la presidencia del Congreso Nacional, denuncian marginamiento e imposición de criterios, además de incumplimiento de acuerdos e incluso presuntos hechos de corrupción. Este grupo de parlamentarios cedió la candidatura de Cálix, tras presiones que les recordaban que debían cumplir el acuerdo bicentenario de otorgar al PSH la presidencia del Congreso.
Actualmente Libre tiene abiertos enfrentamientos con dos de las principales bancadas en el Congreso, pero tampoco tiene contenta a la bancada liberal y más grave aún a lo interno de su propia bancada legislativa no logran aunar criterios y cada vez se generan mayores confrontaciones intestinas.
Las reformas que no llegan
Mientras estas confrontaciones se avivan y evidencian una ausencia de tacto político en el manejo de las relaciones con los congresistas, desde la sociedad y la ciudadanía, sectores recuerdan las otras reformas que Honduras amerita para dar la “batalla por la justicia”.
Uno de esos sectores, es la Mesa Ciudadana, integrada por personas de la academia, intelectuales y otros profesionales y ciudadanos, que alertan sobre la necesidad de reformas penales necesarias para que la nueva Corte Suprema de Justicia tenga elementos sustentados para una correcta aplicación de la ley en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Dentro de esas reformas destacan la tipificación de los delitos relacionados con corrupción e impunidad, pues actualmente, la penalización de los mismos favorece de manera inequitativa a quienes sean enjuiciados por tales ilícitos penales.
Figuras delictivas relacionadas con el contrabando y delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra la administración de justicia, delitos contra el abuso de autoridad, entre otros, deben ser objeto de reformas penales urgentes, sostiene en un comunicado la Mesa Ciudadana. Pero en el Parlamento, estos temas no son de momento una prioridad sustantiva, la polarización y el desgaste prevalecen, complicando así los escenarios de cara a la elección del nuevo Poder Judicial.
