Una de las mayores manifestaciones de la desigualdad de oportunidades es el costo de acceso al crédito. Las discrepancias en el acceso producto del alejamiento geográfico, falta y dificultad de construir un historial, pocas y precarias garantías, y falta de conocimientos del tema es sustancial.
Estas dificultades magnifican los efectos de la marginalidad al formar parte de un ciclo vicioso que se refuerza continuamente. Por tanto, las personas que menos tienen, están condenadas a pagar intereses altos y ser vulnerables a distintas formas de abuso. En grandes sectores de la sociedad no se opera con empresas, por lo que este problema no solo limita las finanzas personales, sino también las actividades productivas y comerciales.
El crédito informal, por vía de prestamistas particulares, tiene la desventaja de tener unos intereses altísimos. El problema es agravado (por obvias razones) porque en muchas zonas este se encuentra en manos, directa o indirectamente, del crimen organizado. El crédito informal además no construye historial de riesgo ante terceros, por lo que resulta difícil ir expandiendo la capacidad de acceder a más fondos en mejores condiciones.
Este crédito informal se puede unir, a través de la aplicación correcta de la Ley de Garantías Mobiliarias, con mecanismos de seguridad. La aplicación de la ley no ha dado los resultados esperados porque es necesario descentralizar y simplificar más su aplicación. Otra limitante es que no existen incentivos (positivos o negativos) que ayuden a regularizar a los prestamistas. Estos pueden incluir: encontrar una forma de desarrollar productos de seguros flexibles y accesibles; simplificar los registros con la autoridad tributaria; y que la Comisión Nacional de Banca y Seguro (CNBS) estudie el problema y cree algún tipo de reglamentación práctica.
La forma más importante y fácil del sistema bancario de participar es a través de las tarjetas de crédito. Estas representan un primer paso hacia la bancarización y una herramienta más segura y ordenada de manejar los recursos. Los desafíos para el uso de esta herramienta son del tipo que afectan más a las personas con menos recursos culturales y de acceso: las convoluciones en los procesos de reclamo, las tasas punitivas y recargos con que se castiga el manejo menos ordenado, y la información opaca. Esto es sin incluir el problema más importante de todos: el de las altas tasas de interés sin diferenciación.
Para combatir esto, es necesario implementar la Ley de Tarjetas de Crédito con el espíritu que fue creada. Esta consiste en pasar a un sistema de cobro diferenciado de tasa de interés anualizada (Average Percentage Rate, APR en inglés) como un elemento preponderante único. Se eliminan los cargos ocultos y cálculos complicados que están más allá de las capacidades de análisis del consumidor promedio. Esto permite a las emisoras competir con mejores tasas por los mejores clientes y van creando un incentivo en los clientes de tener un buen historial crediticio para obtener acceso a intereses más bajos.
Al divergir las tasas según el historial crediticio y haber incentivos tangibles para el buen comportamiento, se hace innecesario poner techos de forma automática. Siempre habrá un crédito de alto riesgo al que se deberá servir con una tasa alta, pero sin penalizar a los que no los son. El techo solo debe ser una medida temporal en casos de que se detecte colusión, aunque si se obliga a competir en tasa no debiese ser un problema.
Hay que acompañar este proceso del incentivo al uso de cuentas de ahorro y productos relacionados al ir facilitando legalmente los procedimientos de banca electrónica. Una limitación importante es la dificultad en hacer los trámites y limitación de cobertura de agencia. Con sistemas electrónicos legales (ya que la limitante es más legal que tecnológica) se puede avanzar mucho en esto. Además, se puede dar un crédito fiscal adicional a los pagos hechos a través del sistema bancario (similar al que se da al Impuesto Sobre Ventas pagado en facturas) para promover la bancarización, que resulta en más contribuciones al fisco.
Estas medidas de regularizar el crédito informal, ordenar la competencia en tarjetas de crédito y promover la bancarización, deben contribuir a mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades personales en el área financiera. Anecdóticamente, sabemos que la gente más humilde es la que mejor paga, por lo cual estos serían actos de justicia de fácil recompensa para todos.
