Tegucigalpa – El Consejo Nacional de Protección conformado por periodistas, comunicadores sociales, operadores de justicia, representante de sociedad civil y gremios representados, determinaron un retiro temporal del Sistema Nacional de Protección, indicó a Proceso Digital, Dina Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).
“Estamos demandando que se desmilitarice la Secretaría de Derechos Humanos y que esta dependencia proceda a cumplir con el Mecanismo de Protección creado a partir de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, y Operadores de Justicia”, acotó la directora de Asopodehu.
Recordó que el Consejo Nacional de Protección es el ente representativo y deliberativo, por lo que instó a la Secretaría de Derechos Humanos a respetar las decisiones que se toman en el órgano.
Queremos que se respete el derecho a defender los derechos humanos, ya que con el simple hecho de montar una paralela al momento de brindar una conferencia de prensa demuestra que no existe el respeto al mismo.
“Pedimos protección ya que dentro de la Secretaría hay cámaras y hombres con armas de grueso calibre que incluso son señalados de estar involucrados en crímenes de este país”, acotó.
Además demandamos que la presidenta Xiomara Castro proceda a tomar medidas urgentes sobre el Sistema Nacional de Protección, agregó.
Señaló que la funcionaria nombrada al frente de la Secretaría de Derechos Humanos está obstaculizando se avance a una política integral de derechos humanos.
“La presidenta debe saber que aquí le están haciendo la contra en la política de derechos humanos”, pronunció.
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Retiro temporal
Señaló que a partir de la fecha como Consejo Nacional de Protección se retiran de su participación en el Sistema Nacional de Protección.
Subrayó que se trata de un retiro temporal ya que guardan la esperanza de que se solucione la problemática y se cumplan las peticiones expresadas.
“Demandamos desmilitarización de la Secretaría de Derechos Humanos, demandamos respeto a los empleados del Mecanismo Nacional de Protección, también que se proceda con la aplicación correcta del plan de gobierno de la presidenta Xiomara para lograr avanzar hacia política integral de derechos humanos”, reiteró.
Adicionalmente exigió se respete las decisiones que toma el Consejo Nacional de Protección y se asigne un presupuesto robusto para el Mecanismo de Protección y se pueda proceder a proteger idóneamente a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Existen violaciones de derechos humanos
De su lado, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Periodistas de Honduras (APH) dijo a Proceso Digital que existen violaciones de derechos humanos y esta vez desde quién representa la defensa de los mismos, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.
Se trata de violaciones de derechos humanos que van en serie, existe acoso laboral en contra de los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, la militarización de la secretaría, y el Mecanismo de Protección está a punto de colapsar, lo que significa que no hay voluntad política de gobierno.
“Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en el país en materia de derechos humanos, ya que fue una campaña que promulgó la actual presidenta Xiomara Castro y actualmente existe una cantidad de abusos de violaciones de derechos humanos que se cometen desde la institucionalidad”, zanjó.
Concluyó que existía mucha expectativa por la llegada de Xiomara Castro a la Casa Presidencial, pero ahora solo existe desencanto.
“No al sabotaje”
En pocas palabras el pronunciamiento de este día es un “no al sabotaje”, dijo a Proceso Digital, Tony Reyes, coordinador del Consejo Nacional de Protección a Defensores, Periodistas y Operadores de Justicia.
Exigimos que el gobierno tenga la voluntad política de querer fortalecer el Sistema Nacional de Protección y que cumpla con lo que manda la ley.
Recordó que el mecanismo protege a colectivos y desglosó que a la fecha se han beneficiado a 12 periodistas con cinco colectivos, 13 comunicadores sociales con un colectivo y 14 operadores de justicia con cuatro colectivos.
Además se espera se otorguen medidas a unas 50 personas, mismas que no han procedido por falta de presupuesto. (RO)