Tegucigalpa – Honduras ha logrado entregar a Estados Unidos a 30 connacionales acusados por la justicia de ese país en la comisión de varios ilícitos de criminalidad organizada, el más recurrente el narcotráfico; en cambio hay quienes fueron señalados por delitos de corrupción en perjuicio del Estado hondureño, sin embargo no se ha logrado hacer justicia por los enormes desfalcos, no solo en el marco de la pandemia sino mucho antes.
– La semana anterior se extraditó desde Panamá a un hondureño acusado por doble crimen cometido en 2007 en Honduras.
– Hace unos años Honduras extraditó al capo guatemalteco Mario Ponce y al argentino Daniel Lombardi, ambos a EEUU, igualmente a Alexander Montoya Úsuga a Colombia, pero también a Bruce Aaron Beckner, reclamado por su natal Estados Unidos por la comisión de delitos financieros.
Y es que cometer un delito en Honduras resulta beneficioso para quienes después se marchan a otros países, sencillamente porque hay casos que evidencian la incapacidad del Estado en lograr acuerdos equitativos para aplicar la justicia a delinquen y defraudan la legislación nacional.
Hasta el momento no se ha logrado castigar a los que con sus actos de corrupción han burlado la justicia, porque se refugiaron en otros países, lo que ha generado dudas sobre el actuar institucional, pues entre esos casos hay grandes desfalcos a varias instituciones aún en la impunidad.
Dos reveses y un acierto para Honduras
Los casos no solo son por corrupción, sino por criminalidad, estafa y narcotráfico, varias personas tienen cuentas pendientes con la justicia hondureña, entre ellas aparece Natalia Ciuffardi, ligada sentimentalmente con el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya.
La modelo chilena fue acusada de lavado de activos en perjuicio del Estado, tras una serie de investigaciones, la justicia hondureña pidió su extradición para que rindiera cuentas, pero la misma fue denegada por el gobierno de Chile, sin embargo Ciuffardi estuvo varios años en prisión.
Con la misma suerte no corrió la joven hondureña Ilsa Vanessa Molina, quien se marchó de Honduras para pedir asilo político en Estados Unidos, argumentando que su vida estaba en peligro, pero esa nación le negó su petición, días después fue deportada y puesta bajo custodia policial.
Otro de los casos es el de Gabriela María Laínez Reina, una implicada en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sobre ella se reportó su captura en Panamá en 2015, pero nunca se materializó su entrega a Honduras.
Argentina sí, Colombia no, España si
Otro caso que vulnera los procesos de extradición en favor del Estado de Honduras, es el ocurrido con Ramón Matta Waldurraga, hijo de Ramón Matta Ballesteros, condenado a cadena perpetua en EEUU, tiene 34 años de estar en prisión por el delito de narcotráfico.
Matta Waldurraga cumplió 26 meses de prisión por narcotráfico en EEUU, después lo enviaron a Colombia para ser capturado por una alerta internacional librada por la justicia de Honduras, donde tiene un proceso penal abierto, pero el gobierno colombiano decidió no entregarlo.
José Santos Arias, acusado de estafa y evasión de la justicia, quiso refugiarse en España, luego de ser considerado el principal implicado en el denominado caso Ciudad del Ángel, un fallido proyecto habitacional construido en una zona sin los debidos estudios geológicos en 2013.
Arias escapó horas antes de enfrentar su juicio en 2017, se aprovechó de tener arresto domiciliario -desde 2014- para huir del país, logró evadir la justicia por escasos meses porque en noviembre fue capturado en España y luego de tres años en prisión lo extraditaron a Honduras. Recién fue condenado a 11 años y 11 meses de cárcel en el país.
En octubre de 2016, llegó al país extraditada desde Argentina la hondureña Laura Knight Rodríguez, acusada por el asesinato de su esposo Said Alfredo Castrillo Valenzuela
(LEER) MP sin respuesta a solicitudes para capturar a Axel López
Hospitales móviles y Axel López
Un caso similar ocupa la agenda judicial en el país centroamericano con la compra de siete hospitales móviles por más de 47 millones de dólares, cuya dudosa transacción involucra a dos altos funcionarios hondureños y un empresario guatemalteco ciudadano americano.
La compra dirigida desde Invest-H para atender la pandemia, es objeto de más de una veintena de líneas de investigación por parte del Ministerio Público, donde los dos principales señalados Marco Bográn y Alex Moraes, fueron a juicio siendo condenados, el primero por fraude (pena hasta de 11 años) y el segundo con pena conmutable.
Pero ¿qué ha pasado con el tercer implicado? Axel López, el empresario encargado de proveer los hospitales móviles que resultaron más que una solución, un problema nuevo para la pandemia en Honduras, de este acuerdo solo destilan muchas dudas, por ser un caso más sin resolverse.
Lo extraño del caso es que en junio de 2021 la justicia de EEUU congeló cuentas de Axel López por un monto de 100 millones de lempiras, sin embargo este es el momento que no se sabe qué pasó con esos recursos, al tiempo que la Alerta Roja nunca procedió, pese a que ese país del norte es parte de las 193 naciones que integran Interpol.
Pero la polémica no terminó ahí, recientemente en agosto de 2021, López apareció en EEUU promocionando sus hospitales móviles, como si sobre él, no pesara una captura internacional solicitada por Honduras para que responda por la dudosa transacción ante la justicia hondureña.
Asimismo, hace unas semanas López volvió a hacer un reto a las autoridades, al afirmar que actualmente estaba residiendo en New York y que a un par de metros estaba una comisaría de la Policía para los que preguntaban por él.
(LEER) Leiva Natarén movió L. 913 millones en dos años: MP
Natarén, un exoficial que EEUU no extradita
Otro de los casos que no encontró eco en la justicia de EEUU, fue el subcomisionado de policía, José Orlando Leiva Natarén detenido en la ciudad de Miami, Florida, EEUU, luego de ser pedido por Honduras por el presunto delitos de lavado de activos.
Leiva Natarén es acusado por el delito de lavado de activos de 305 millones de lempiras.
Bajo la Operación Perseo las autoridades lograron el aseguramiento e incautación de los bienes a Leiva Natarén. Asimismo, en la Operación Dragón V (15 de mayo de 2018) se aseguraron bienes del exoficial de la Policía hondureña.
En esa oportunidad se inmovilizaron bienes del subcomisionado Leiva Natarén, así como de su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz, ambos señalados por el delito de lavado de activos en perjuicio de economía del Estado de Honduras.
Proceso Digital conversó con varios expertos en temas judiciales, entre el ellos el exfiscal General de la República y actual ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, propulsor del acuerdo de extradición con EEUU.
La extradición se aprobó en enero de 2012 por una reforma al artículo 102 de la Constitución, en el legislativo reinó un ambiente hermético luego de las presiones del gobierno de EEUU, dos años después, en mayo de 2014, Honduras extraditó a su primer ciudadano por narcotráfico y hasta la fecha otros 29 han corrido la misma suerte, incluidos un expresidente de la República y un exdirector de la Policía Nacional.
Honduras sin garantías para extraditar
Para Orellana Mercado, el caso que involucra a Axel López, “resulta preocupante y extraño que no se haya iniciado el proceso de extradición sabiendo su domicilio, entonces la pregunta es ¿por qué no se solicitó como correspondía?”.
Ahora si se pide la extradición de López y EEUU la niega, pues Honduras, ya no estaría obligado a obedecer las solicitudes que tengan que ver con la entrega de hondureños hacia el país del norte, creo que es como la oportunidad más esperada para quienes temen a la extradición.
Y aunque se considera que EEUU no lo entregará por ser un ciudadano americano, es un tema distinto a los hondureños que son vistos como productos desechables porque no ha habido un trato igualitario o recíproco y no solo en los temas judiciales sino también en otros.
Pues otro argumento que se puede tomar en cuenta en caso de una solicitud de extradición, es que las cárceles de máxima seguridad no tienen ninguna garantía para proteger la vida de los delincuentes recluidos, entonces no podrían entregar y preferirían tenerlo preso ellos.
Interés en obstruir la extradición
No obstante, Orellana cree que ha hecho falta voluntad para que se extradite al proveedor de los hospitales móviles, porque perfectamente podría solicitarse pero debería ser el Ministerio Público el que debió iniciar este protocolo para que la Cancillería le diera el trámite pertinente.
La conclusión del abogado Orellana es que no habrá extradición de López, ya que los creen que se necesita una normativa especial, es con el propósito de complicar las extradiciones, porque el mecanismo es claro y solo hay que aplicarlo, hay quienes no les conviene que esa extradición se dé.
Es una herramienta útil para Honduras
Y para el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, el auto acordado regula ciertos criterios judiciales de orden administrativo e interno y no tienen característica de una ley, sin embargo es un tratado de carácter internacional útil que requirió reformas constitucionales.
Según Barrientos, existe un vacío en la legislación hondureña, mismo que se pretendió llenar con el auto acordado que no es malo, pero que sigue siendo tema ausente en la Constitución, pese a ello todo el que es pedido en extradición por EEUU, es entregado sin ningún tipo de inconveniente.
Lo lamentable de toda esta situación, es que no hay reciprocidad para Honduras, que tiene amplios casos que atender, pero no debemos olvidar que los tratados internacionales son bilaterales y en caso de que se solicite a una persona en EEUU, deberá ser entregada como corresponde.
La extradición de López es posible
Al respecto reflexiona que la petición del presidente de la CSJ, Rolando Argueta, en traer nuevamente a la palestra pública el tema de la Ley de Extradición es un acierto, porque la normativa ya es necesaria ya que no es posible que la misma siga engavetada en el Congreso Nacional.
Mientras eso ocurre -dice Barrientos- López podría ser pedido en extradición y la misma procedería porque existe desde la década de los 50 un tratado internacional con Estados Unidos, “lo que yo creo es que no se ha hecho el trámite para que haya una solicitud de extradición”.
La ley urge para que haya un debido proceso en las extradiciones, pero el hecho de que no exista una normativa, no es motivo para decir que Honduras tiene inconveniente alguno para solicitar a quienes cometen perjuicios contra el Estado “lo que hace falta es voluntad”, concluyó.
Resultados adversos de la extradición
Lobo Sosa explicó a Proceso Digital que cuando se trató el tema de la extradición, recibió consejos de expertos en materia de seguridad de México y Colombia, quienes le advirtieron que no la aprobara porque “ese mecanismo solo servía para que los acusados hablen tonteras allá”.
Lobo Sosa no reveló nombres con quienes habló el tema, pero recordó que le dijeron que en México y Colombia, las extradiciones estaban detenidas en ese entonces; ocho años después reconoce que había razón porque ha sido víctima de acusaciones de narcos presos en EEUU.
Consecuentemente, admitió que el expresidente Juan Orlando Hernández, titular del Congreso en 2012, siempre fue determinante a la hora de aprobar proyectos de ley en materia de seguridad “es decir que todos las iniciativas que se aprobaron nunca le vi algún tipo de temor”.
El sistema judicial estaba débil
La extradición ha tenido un efecto adverso para quienes la aprobaron –admite Lobo-, quien sostiene que era una decisión que se tenía que tomar, pidió no creer en los criminales que también acusaron a los presidentes de México Enrique Peña Nieto y Enrique Calderón.
“Pero los narcotraficantes trapean con uno porque somos de países pobres, sino vea lo que pasó con los expresidentes mexicanos, de quienes dijeron que les habían dado millones de dólares, pero se prohibió que se hablara de ellos las cortes de EEUU”, acotó Lobo Sosa.
Finalmente dijo la aprobación de la extradición se hizo porque se tenía fragilidad en el sistema judicial hondureño ya que muchos jueces en los pueblos les daba miedo actuar, entonces en ese momento se vio como una alternativa para fortalecer la justicia nacional.
Crear una Ley de Extradición
Sin embargo el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, considera necesaria la creación de una Ley de Extradición en Honduras, para que pueda dar claridad, certeza y confianza a los procesos que tienen que ver con las extradiciones.
Argueta indicó que ya es tiempo que las solicitudes de extradición sean conducidas por un proceso legislativo especial y ordinario que contenga los requisitos fundamentales, ya que no existe en la Constitución de la República artículos que sean autónomos en su aplicación.
El profesional del derecho, es del criterio que los procedimientos así como las condiciones referentes a los medios de impugnación son argumentos que deben prevalecer en los procesos de extradición, pues son situaciones que difícilmente puede regular un auto acordado.
Desengavetar proyecto de Ley
Sin embargo, recordó que la determinación de operar por medio de un auto acordado fue de la CSJ anterior, la misma es funcional bajo los principios universales de una normativa de carácter con tendencia administrativa desde su punto de vista técnico y judicial.
A todo esto, señala que los principios por los que se conduce una solicitud de extradición son de acuerdo a los convenios internacionales, pero sin descuidar que sigue urgiendo la necesidad para que el Parlamento pueda crear una legislación mucho más específica.
Es por ello que la normativa que propone Argueta, debe regular con certeza y contundencia el tema de la extradición, ya que mediante un auto acordado el proceso es tibio, en cambio una Ley de para ese tipo de caso daría al sistema judicial menor utilidad y confianza. JP
