Tegucigalpa – Un alto nivel de vulnerabilidad entre los migrantes varados en la oriental ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, quienes incapaces de pagar la sanción administrativa que impone la Ley de Migración deben aguardar por varios días hasta ajustar el valor de la deuda que asciende a uno 200 dólares por persona, alertó hoy la ministra de Derechos Humanos de Honduras, Natalie Roque.
-La ministra de Derechos Humanos externó estar de acuerdo se declare una emergencia humanitaria por el tema migratorio, pero señaló que es una atribución del Poder Ejecutivo.
“Las personas en mayor nivel de vulnerabilidad son las provenientes de Haití y Venezuela, por el tránsito mismo, quienes vienen de Cuba lo hacen a través de un flujo migratorio aéreo”, alertó la ministra de Derechos Humanos del país centroamericano durante su participación en el foro televisivo Frente a Frente.
Informó que se realizan estudios para identificar a las personas en extrema vulnerabilidad en la zona oriental de Honduras donde permanecen varados cientos de migrantes de distintas nacionalidades.
Recordó que parte de la problemática de la acumulación de migrantes yace en que los migrantes no pueden pagar la sanción administrativa de 4 mil 782.66 lempiras (casi 200 dólares).
Sin embargo, sin que exista reforma a la Ley de Migración el gobierno realiza estudios de vulnerabilidad para exonerar a las personas del cobro de la sanción administrativa.
Cabe señalar que el artículo 104 de la Ley de Migración de Honduras establece que las multas establecidas en los Artículos 100, 101, 102 y 1113 de la presente Ley, serán reguladas en el Reglamento según la gravedad de la infracción de acuerdo con los criterios siguientes: 1) Artículos 100 y 101 de medio salario mínimo a tres (3) salarios mínimos; 2) Artículo 102 de uno (1) a tres (3) salarios mínimos; y, 3) Artículo 103 de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos. Las multas se pagarán contra entrega de recibo oficial de patio de la Tesorería General de la República extendidos en las Instituciones autorizadas del Sistema Financiero Nacional donde se realice el pago.
La ley no muy específica sobre sobre la sanción administrativa que se les cobra a los migrantes irregulares, sin embargo, ellos deben cumplir con todos los protocolos como presentar el comprobante de pago a Tesorería General, proceso en el que los migrantes se pueden ver enfrascados varios días.
Hasta ahora la ley no ha sido modificada por la presente legislatura del Congreso Nacional, por lo que la misma debe aplicarse.
No obstante, a falta de una reforma los estudios de vulnerabilidad permiten identificar los casos más extremos y poder conceder una amnistía al pago de sanción administrativa, explicó Roque.
“Sin que haya una reforma al decreto en el Congreso Nacional se están aplicando permanentemente los estudios de vulnerabilidad y exonerando a las personas de cobro”, expresó la ministra de Derechos Humanos.
Se anuncia Política Nacional de Migración
Adicionalmente, la funcionaria anunció que ya existe un borrador de la Política Nacional de Migración que se ha trabajado en conjunto con la Organización Internacional para los Migrantes (OIM), la cual ya está en proceso de socialización.
No obstante, recordó que una política de Estado no puede ser aprobada sin el concurso de todos los sectores públicos y de la sociedad civil, involucrados en la problemática migratoria.
Ante la consulta de cuál será la política del gobierno en relación al alto flujo de migrantes, la funcionaria respondió “la misma de un gobierno y de un plan de gobierno coherente en el enfoque de derechos humanos”.
Razonó que el actual gobierno lleva instalado apenas 60 días, pero que prevé que el tema sea tratado con un enfoque de derechos humanos.
Al respecto, anunció que continuarán insistiendo en que el tema sea abordado desde el Poder Ejecutivo en los Consejos de Ministros. (RO)
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